Este viernes el mundo volvió a detenerse ante una fecha que modificó para siempre la percepción de la seguridad internacional. A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las imágenes de las Torres Gemelas siguen formando parte de la memoria colectiva y recuerdan que el terrorismo global no es una abstracción geopolítica: es una amenaza concreta contra personas comunes, ciudades, instituciones y sociedades enteras.
La primera conclusión que debería mantenerse intacta es sencilla: el terrorismo no puede justificarse. No importa la bandera que invoque, la causa que proclame ni el enemigo que pretenda combatir. Matar deliberadamente a civiles para provocar miedo, imponer una agenda política o castigar a una sociedad constituye una forma de violencia que debe ser rechazada sin ambigüedades.
Eso tampoco significa aceptar que toda política exterior de una potencia sea automáticamente legítima por presentarse como una lucha contra el terrorismo. Las intervenciones militares, las decisiones económicas, las operaciones de inteligencia y las alianzas internacionales deben estar sometidas al derecho internacional y al escrutinio democrático. Combatir el terrorismo no puede convertirse en una autorización ilimitada para vulnerar derechos.
Pero una cosa es discutir las responsabilidades, errores o intereses de los Estados y otra, muy diferente, construir falsas explicaciones destinadas a relativizar la responsabilidad de quienes ejecutan atentados contra civiles.
Durante años se intentó explicar determinados conflictos internacionales exclusivamente mediante el colonialismo, la explotación económica o la disputa por recursos naturales. Esas variables pueden ser relevantes para comprender la historia de Medio Oriente, África o América Latina. También es legítimo analizar los intereses energéticos de las grandes potencias y sus relaciones con países productores de petróleo, incluidos Irán o Venezuela. Lo que no resulta serio es convertir automáticamente esas circunstancias en una explicación suficiente del terrorismo o en una excusa para quienes deciden utilizar la violencia contra inocentes.
El terrorismo tiene responsables concretos. Tiene organizaciones, dirigentes, financiamiento, estructuras de propaganda y redes de reclutamiento. Negar esa dimensión en nombre de una explicación exclusivamente económica o colonial supone quitarles responsabilidad a quienes toman la decisión de matar.
Por eso merece valoración el esfuerzo desarrollado durante las últimas décadas por la comunidad internacional. Naciones Unidas estableció una estrategia global contra el terrorismo basada en cuatro pilares: prevenir y combatir el terrorismo, fortalecer las capacidades de los Estados, enfrentar las condiciones que favorecen su expansión y garantizar los derechos humanos y el Estado de derecho.
El desafío actual es todavía mayor. Las organizaciones terroristas aprovechan conflictos regionales, Estados debilitados, redes financieras internacionales y nuevas tecnologías. La propaganda digital permite alcanzar audiencias en cualquier continente y las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas para radicalizar, reclutar y financiar actividades violentas. La propia ONU advierte que la amenaza evoluciona y requiere nuevas formas de cooperación.
La respuesta, entonces, no puede ser unilateral ni improvisada. Requiere inteligencia compartida, cooperación policial y judicial, control del financiamiento, protección de fronteras y coordinación entre Estados. Pero también exige educación, instituciones sólidas, oportunidades y respeto por los derechos fundamentales.
A 25 años del 11-S, la humanidad debería haber aprendido una lección elemental: combatir el terrorismo no significa elegir entre seguridad y libertad. Significa defender ambas.
