Hay noticias que no necesitan una acusación explícita para plantear una pregunta incómoda. La información publicada este viernes por La Nación sobre Manuel Adorni, casi tres meses después de su salida de la Jefatura de Gabinete, pertenece a esa categoría. No porque el uso de una custodia o de un vehículo oficial constituya, por sí mismo, una irregularidad, sino porque obliga a discutir cuánto tiempo puede extenderse el vínculo material entre el Estado y quien dejó de ocupar una función pública.
Según la investigación periodística, Adorni conserva una custodia policial y continúa utilizando una Toyota SW4 perteneciente al Instituto Nacional de Promoción Turística, vehículo que había sido asignado a la Jefatura de Gabinete. El Ministerio de Seguridad justificó la custodia en una regla que contempla seis meses para funcionarios y exfuncionarios de alto rango, con posibilidad de extensión según una evaluación de riesgo.
La discusión, entonces, no debería concentrarse exclusivamente en Adorni. El verdadero interrogante es institucional: ¿qué criterios utiliza el Estado para determinar cuándo una protección personal sigue siendo necesaria y cuándo un recurso público deja de estar vinculado con una función pública?
En el caso del automóvil aparece una dificultad adicional. La Nación informó que el vehículo acumula numerosas infracciones de tránsito, varias correspondientes al período posterior a la salida de Adorni del Gobierno. El medio también señaló que el registro porteño llegó a exhibir 144 multas por un total de $61 millones, aunque posteriormente esas infracciones dejaron de figurar públicamente. La explicación sobre si fueron pagadas, anuladas o regularizadas quedó pendiente al momento de la publicación.
Aquí aparece una cuestión elemental de administración pública: cada recurso estatal debería tener un responsable claramente identificado y una finalidad verificable. No alcanza con que exista una autorización administrativa. También importa que esa autorización pueda ser comprendida por la sociedad, especialmente cuando se trata de bienes, vehículos, seguridad y fondos públicos.
El otro aspecto de la información publicada es todavía más delicado porque involucra a la Justicia. Adorni debe explicar la evolución de su patrimonio en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita le formuló veinte puntos para aclarar, relacionados con bienes, ingresos, gastos y movimientos patrimoniales. La presentación, según la información difundida, constituye una instancia dentro de una investigación judicial y no equivale a una conclusión sobre su responsabilidad.
Esa diferencia es fundamental. Una investigación no es una condena, del mismo modo que una explicación patrimonial no debería ser evaluada desde la política partidaria sino mediante documentación y procedimientos judiciales. En un Estado de Derecho, las sospechas deben investigarse y las responsabilidades, si correspondieran, deben establecerse con pruebas.
Pero existe también una dimensión política más amplia. Los gobiernos construyen buena parte de su legitimidad sobre la idea de que los recursos públicos pertenecen a la sociedad y no a quienes circunstancialmente administran el Estado. Por eso, incluso cuando una prestación esté formalmente autorizada, la transparencia exige explicar por qué continúa, quién la controla, cuánto cuesta y hasta cuándo se mantendrá.
El caso Adorni permite discutir, en definitiva, una frontera que debería ser clara: la que separa los derechos y necesidades de un exfuncionario de los recursos que la administración pública pone a su disposición. Esa frontera no debería depender de simpatías políticas, cargos anteriores ni cercanías con el poder de turno.
Porque la verdadera pregunta no es solamente qué puede recibir un exfuncionario después de abandonar su cargo. La pregunta más importante es quién controla esos beneficios, bajo qué reglas y con qué grado de transparencia. Y esa respuesta debería valer exactamente igual para todos.
