Hay una señal que debería llamar la atención en el oficialismo: mientras la sociedad enfrenta sus problemas cotidianos, buena parte de la discusión política parece comenzar a desplazarse hacia una elección que todavía está lejos. No se trata solamente de especular sobre 2027. El problema aparece cuando las diferencias internas, los gestos de autonomía y las disputas por el rumbo empiezan a ocupar un espacio que debería estar reservado a la gestión.
El episodio protagonizado por Patricia Bullrich alrededor de los cambios en discapacidad es ilustrativo. La jefa del bloque oficialista en el Senado cuestionó públicamente que las modificaciones incorporadas al Presupuesto 2027 no hubieran sido discutidas en la mesa política de la que forma parte. Bullrich sostuvo que se enteró cuando el proyecto llegó al Congreso y advirtió que esa falta de coordinación deterioraba las relaciones internas.
La respuesta del Gobierno buscó bajar la temperatura. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que los temas se conversan en la mesa de trabajo de los martes, aunque reconoció que no todos son tratados con el mismo nivel de profundidad y señaló que Bullrich se había retirado antes de la última reunión.
El dato político no está solamente en quién tiene razón. Está en que una diferencia sobre una cuestión sensible termina convertida en una escena pública dentro del propio oficialismo. Y cuando eso sucede reiteradamente, la discusión deja de ser exclusivamente administrativa: pasa a exhibir las distintas posiciones, intereses y proyecciones que conviven dentro del poder.
Bullrich, además, viene mostrando en los últimos meses una disposición mayor a marcar diferencias. El fenómeno puede leerse como una expresión de autonomía política, como una forma de ordenar la propia identidad frente al electorado o simplemente como una consecuencia de las tensiones naturales de una coalición de gobierno. Lo comprobable es que las discrepancias dejaron de quedar exclusivamente dentro de las reuniones reservadas.
En paralelo, el Gobierno coloca en el centro de su agenda iniciativas vinculadas con Malvinas. El Ejecutivo presentó medidas relacionadas con soberanía, defensa y actividad económica en torno al archipiélago. Javier Milei, además, rechazó que esa agenda responda a una estrategia electoral y sostuvo que se trata de iniciativas que venían siendo trabajadas desde antes.
Sin embargo, alrededor de esas decisiones también aparece una lectura política: que el oficialismo necesita exhibir resultados, iniciativas y capacidad de acción frente a un escenario en el que las encuestas registran dificultades para el Gobierno. Una medición citada esta semana ubicó la imagen positiva de Milei en torno de 33% y la negativa en 56,6%.
Allí aparece la cuestión central. Una administración puede comenzar a mirar una elección futura sin dejar de gobernar el presente. Lo problemático sería que la lógica electoral terminara condicionando la agenda cotidiana, porque las necesidades de los ciudadanos no se acomodan al calendario partidario.
Discapacidad, presupuesto, empleo, inflación, seguridad, educación y funcionamiento del Estado no son capítulos de una estrategia electoral: son asuntos que tienen consecuencias concretas ahora. El Congreso, además, exige negociación y coordinación. El propio episodio por discapacidad mostró que las diferencias internas pueden complicar acuerdos con aliados y generar dificultades parlamentarias.
La política necesita horizonte, pero también necesita presente. Un oficialismo que comienza a discutir demasiado pronto quién representará el futuro corre el riesgo de convertir cada decisión actual en una pieza de una disputa posterior.
El desafío, entonces, no consiste en impedir que existan aspiraciones para 2027. Consiste en evitar que esas aspiraciones terminen desplazando las obligaciones de 2026. Para un Gobierno, la administración del presente no debería ser el intervalo entre dos elecciones. Debería ser, precisamente, la razón por la cual una sociedad le confía el poder.
