La política argentina atraviesa una paradoja curiosa. Las encuestas muestran hastío generalizado hacia la clase dirigente, pero el Congreso viene tiene una actividad que contrasta con esa imagen de parálisis institucional. Desde el inicio de este mandato constitucional se convirtieron en ley más de cincuenta iniciativas, un ritmo que la organización Directorio Legislativo describió como excepcional para los últimos años.
Entre las normas sancionadas, la llamada Ley Bases ocupa un lugar central. Aprobada en junio de 2024 tras un trámite tortuoso que incluyó una primera versión rechazada en el recinto, reunió más de doscientos artículos sobre desregulación económica, facultades delegadas y un esquema inicial de modernización laboral. Ese mismo año se convirtieron en ley cuarenta y cuatro proyectos, la mayoría de origen presidencial, aunque también prosperaron otras iniciativas surgidas desde la oposición.
"Lo que resta tratar resulta más denso que lo ya sancionado. Una nueva Carta Orgánica del Banco Central, que el Senado todavía no trató, comparte temario con un puñado de iniciativas que arrastran meses de demora como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, reescrita ya en quince versiones distintas para conformar a los bloques dialoguistas; el denominado Súper RIGI, que ya tiene media sanción de Diputados y espera su turno en el Senado; la reforma electoral y la actualización de la Ley de Salud Mental, debatida en comisión pero sin dictamen. Ya han ingresado además, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada al reclamo por las islas Malvinas, junto con el nuevo Presupuesto para 2027 y podría sumarse siempre la resolución de dos vacantes que la Corte Suprema mantiene sin cubrir. El resto del temario, de todos modos, exige apenas diez semanas hábiles de sesiones para resolverse, lo que anticipa un tramo final de año cargado de negociación."
El ciclo 2026 profundizó esa intensidad. En febrero se sancionó la Ley de Modernización Laboral, con más de doscientos artículos que alteran indemnizaciones, convenios colectivos y mecanismos de contratación, completando un proceso que había arrancado con el propio decreto de necesidad y urgencia de diciembre de 2023. Días antes, sobre el cierre de 2025, el recinto había aprobado por primera vez desde el inicio de esta gestión la ley de Presupuesto, hasta entonces prorrogado año tras año, junto con un régimen de blanqueo tributario orientado a destrabar ahorros no declarados. También avanzaron el nuevo Régimen Penal Juvenil, la actualización del régimen de glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cada uno con su propia negociación de mayorías circunstanciales.
Lo que resta tratar resulta más denso que lo ya sancionado. Una nueva Carta Orgánica del Banco Central, que el Senado todavía no trató, comparte temario con un puñado de iniciativas que arrastran meses de demora como la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, reescrita ya en quince versiones distintas para conformar a los bloques dialoguistas; el denominado Súper RIGI, que ya tiene media sanción de Diputados y espera su turno en el Senado; la reforma electoral y la actualización de la Ley de Salud Mental, debatida en comisión pero sin dictamen. Ya han ingresado además, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculada al reclamo por las islas Malvinas, junto con el nuevo Presupuesto para 2027 y podría sumarse siempre la resolución de dos vacantes que la Corte Suprema mantiene sin cubrir. El resto del temario, de todos modos, exige apenas diez semanas hábiles de sesiones para resolverse, lo que anticipa un tramo final de año cargado de negociación.
"Ese cúmulo de proyectos exige algo que suele subestimarse que es la capacidad de acuerdo entre bloques que no comparten origen ni conducción. Ninguna de las leyes mencionadas prosperó por mayoría propia; todas requirieron acuerdos puntuales con gobernadores, bloques provinciales y sectores dialoguistas dispuestos a prestar votos bajo condiciones específicas, a cambio de compromisos concretos sobre cuestiones diversas. Esa dinámica, imperfecta y muchas veces criticada por su informalidad, sigue siendo la forma más honesta que tiene la democracia representativa de procesar diferencias sin recurrir a atajos institucionales."
Ese cúmulo de proyectos exige algo que suele subestimarse que es la capacidad de acuerdo entre bloques que no comparten origen ni conducción. Ninguna de las leyes mencionadas prosperó por mayoría propia; todas requirieron acuerdos puntuales con gobernadores, bloques provinciales y sectores dialoguistas dispuestos a prestar votos bajo condiciones específicas, a cambio de compromisos concretos sobre cuestiones diversas. Esa dinámica, imperfecta y muchas veces criticada por su informalidad, sigue siendo la forma más honesta que tiene la democracia representativa de procesar diferencias sin recurrir a atajos institucionales.
Conviene decirlo sin ambigüedades quizás, la calidad de una norma no se mide únicamente por su volumen ni por la velocidad con que se aprueba. Varias de estas iniciativas generaron objeciones, desde el trámite acelerado de la modernización laboral hasta las garantías procesales en el paquete penal. Pluralidad no equivale a unanimidad, y el desacuerdo forma parte constitutiva de cualquier proceso legislativo serio. Un Parlamento que discute con dureza sus propios proyectos, incluso los que finalmente aprueba, está mostrando más salud institucional que uno donde todo se resuelve por aclamación tipo escribanía, sin discusión.
"Conviene decirlo sin ambigüedades quizás, la calidad de una norma no se mide únicamente por su volumen ni por la velocidad con que se aprueba. Varias de estas iniciativas generaron objeciones, desde el trámite acelerado de la modernización laboral hasta las garantías procesales en el paquete penal. Pluralidad no equivale a unanimidad, y el desacuerdo forma parte constitutiva de cualquier proceso legislativo serio. Un Parlamento que discute con dureza sus propios proyectos, incluso los que finalmente aprueba, está mostrando más salud institucional que uno donde todo se resuelve por aclamación tipo escribanía, sin discusión."
Sin embargo, ese desacuerdo productivo es exactamente lo que distingue a una democracia funcional de una que solo administra la resignación colectiva. Cuando el humor social desconfía tanto de la política, vale la pena señalar que el Congreso, con todas sus imperfecciones, sigue siendo el espacio donde las diferencias se convierten en normas y no en callejones sin salida. La intensidad de esta agenda demuestra que la gobernabilidad todavía puede construirse con debate, con pluralidad y con consensos parciales, algo que ninguna encuesta de humor social, por más rigurosa que sea, logra capturar del todo.
