La discapacidad no puede seguir dependiendo del calendario político, de una emergencia prorrogada o de la capacidad de presión que tengan las organizaciones cada vez que el Estado demora una respuesta. El dictamen aprobado este miércoles en la Cámara de Diputados abre nuevamente una discusión que Argentina debería haber resuelto hace mucho tiempo: la necesidad de construir una política de Estado que garantice derechos, prestaciones y financiamiento con independencia de quién gobierne.
Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda dieron un paso concreto al aprobar por mayoría el proyecto oficialista, con 42 firmas frente a 36 de la oposición. El dato parlamentario importa, pero importa todavía más lo que está detrás de esa votación: durante demasiado tiempo, las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales y las instituciones prestadoras han convivido con incertidumbres que no deberían formar parte de un sistema destinado a garantizar derechos básicos.
La propuesta plantea abandonar el régimen de emergencia y avanzar hacia un sistema permanente. Allí está, probablemente, el aspecto más importante del debate. Una emergencia puede ser una respuesta excepcional frente a una situación extraordinaria. Cuando se prolonga indefinidamente, deja de ser una solución y se convierte en una forma de administrar la incertidumbre.
Una política de Estado debería hacer exactamente lo contrario.
Debería establecer reglas previsibles, mecanismos transparentes de actualización y responsabilidades claramente asignadas. También debería permitir que las instituciones que brindan prestaciones puedan planificar, contratar profesionales, sostener sus estructuras y atender a las personas sin vivir permanentemente pendientes de una nueva resolución, una nueva prórroga o una nueva negociación presupuestaria.
El proyecto incorpora cuestiones centrales, como el mantenimiento de la universalidad y homogeneidad del nomenclador y mecanismos de actualización de los aranceles. Son aspectos técnicos, pero detrás de ellos hay una discusión profundamente concreta: cuánto vale garantizar una prestación y quién debe asegurar que ese valor no quede desactualizado frente a la inflación y los costos reales del sistema.
También aparece la cuestión de las pensiones no contributivas y su compatibilidad con el trabajo hasta determinados niveles de ingresos. El debate sobre este punto merece ser serio y alejado de consignas. Una persona con discapacidad no debería quedar atrapada entre dos opciones incompatibles: recibir una protección estatal o intentar incorporarse al mercado laboral. La política pública debería procurar que trabajar no implique perder automáticamente una red de protección cuando todavía resulta necesaria.
Pero el desafío excede este proyecto.
Argentina necesita construir una política integral que atraviese gobiernos, presupuestos y ciclos electorales. Necesita estadísticas confiables, controles eficientes, financiamiento sostenible, actualización periódica de prestaciones y una coordinación efectiva entre Nación, provincias y municipios. Necesita, además, escuchar a quienes utilizan diariamente el sistema y a quienes trabajan dentro de él.
La discusión adquiere especial relevancia porque se desarrolla mientras el Congreso debate el Presupuesto 2027. Las modificaciones inicialmente planteadas en materia de discapacidad generaron cuestionamientos y posteriormente fueron revisadas. Esa secuencia debería dejar una enseñanza: los derechos de las personas con discapacidad no pueden aparecer como una variable de ajuste que se corrige después de una reacción social.
El Congreso tiene ahora la oportunidad de convertir una sucesión de emergencias en una política estable. Eso exige debate, correcciones y acuerdos. No se trata simplemente de aprobar un proyecto determinado, sino de conseguir que cualquiera sea el gobierno de turno, exista un piso de derechos que no pueda quedar sujeto a la coyuntura.
La discapacidad requiere una política de Estado porque los derechos no tienen mandato de cuatro años. Y porque ninguna familia debería preguntarse cada año si podrá seguir contando con las prestaciones que necesita.
Después de tantos años de emergencia, Argentina debería finalmente animarse a planificar.
