Por Ing. Jorge Francisco Gómez
Ex Presidente de la Federación Económica de Corrientes
Los días 9 y 10 de septiembre el Parlamento del Norte Grande sesiona en La Rioja. Once provincias en la misma mesa, con un foro parlamentario propio que funciona y se reúne con regularidad. Pocas regiones del país construyeron una herramienta así, y conviene medir lo que significa: cuando esas once provincias piden lo mismo, con el mismo texto y la misma fundamentación, tienen un peso que ninguna puede reunir por separado.
Ese es exactamente el punto. La fuerza del Norte Grande no está en la suma de reclamos provinciales sino en la capacidad de presentar una agenda que se sostiene a sí misma, donde cada obra le da sentido a la siguiente. Hay seis puntos que Corrientes debería llevar a esa sesión con esa lógica. No como seis pedidos, sino como uno solo.
Un corredor que no cierra
El Norte Grande y el norte santafesino tienen algo que ninguna otra región del país tiene: pasos cordilleranos hacia los puertos del Pacífico en un extremo, y salidas terrestres a Brasil y Uruguay en el otro. Entre esos dos extremos hay unos mil quinientos kilómetros y una barrera que casi nadie menciona: el río Paraná.
Hoy existe un solo cruce vial en cientos de kilómetros. El Puente General Belgrano concentra las Rutas Nacionales 11, 12 y 16. Todo el tránsito pasante del Norte hacia los pasos fronterizos del este atraviesa esa estructura única. En ingeniería eso se llama punto único de falla, y no es una expresión retórica: significa que un accidente, una reparación mayor o una protesta cortan el corredor entero. El segundo puente Chaco-Corrientes no es una obra metropolitana para descongestionar el tránsito entre dos ciudades. Es la condición para que el corredor exista.
El segundo cruce es el que convierte una línea en una malla.
El puente Reconquista-Goya está unos doscientos kilómetros al sur y abre una transversal alternativa: le da a Santiago del Estero, a Catamarca, a La Rioja y al norte de Santa Fe una salida atlántica por la Ruta 123 sin tener que subir hasta el área metropolitana de Resistencia y Corrientes. Tiene una particularidad que conviene subrayar porque en la Argentina es rara: el proyecto ejecutivo está terminado y los terrenos ya están a nombre de Vialidad Nacional. No falta ingeniería ni expropiaciones. Falta decisión.
El tercero es la puerta. Monte Caseros-Bella Unión cruza el río Uruguay a nueve kilómetros de la triple frontera y conecta con la ruta 3 uruguaya. Desde ahí se llega por tierra a Nueva Palmira, a Montevideo y a Rio Grande. Es la obra más chica de las tres y la que menos depende de nosotros, porque el expediente es binacional y la decisión de endeudamiento la toma también Uruguay. Pero sin ella, los otros dos puentes desembocan en ningún lado.
Sin gas no hay industria, hay peaje
Acá viene la parte incómoda. Un corredor logístico sin energía competitiva en su traza no produce industria: produce tránsito. Camiones que pasan, cargan combustible y siguen.
El Gasoducto del Nordeste Argentino se construyó. Su troncal atraviesa Salta, Formosa y Chaco y baja por el norte de Santa Fe. Lo que nunca se construyó fueron los cruces del Paraná previstos para llevar el fluido a la margen oriental. La obra se anunció durante años como el gasoducto que iba a dotar de gas natural a Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y el norte santafesino. Dos de esas cinco jurisdicciones siguen esperando.
Mientras tanto, la reversión del Gasoducto Norte opera a media máquina porque hay cuatro plantas compresoras paralizadas por un conflicto contractual. El NOA sufre restricciones en los picos de demanda y el NEA directamente no tiene red troncal en su tramo oriental. Es el mismo déficit visto desde dos puntas.
Que quede claro lo que esto significa en la práctica: mientras Corrientes y Misiones no tengamos gas por redes, será muy dificil industria de transformación se radiquen en la salida atlántica del corredor. Y el costo de esa ausencia no lo paga solo Corrientes. Lo paga toda la región, que sigue mandando afuera lo que podría procesar acá.
El marco existe y está guardado en un cajón
Las tres obras de conectividad tienen sentido económico en función de mercados que están del otro lado de la frontera. Para eso hace falta algo más que asfalto: hace falta armonización aduanera, controles integrados, acuerdos de transporte de cargas.
Ese instrumento ya existe. CRECENEA Litoral y CODESUL vinculan a seis provincias argentinas con cuatro estados del sur de Brasil desde 1988, con reconocimiento expreso de ambas cancillerías. Es el único pacto subregional anterior al MERCOSUR y el más importante que se haya construido de abajo hacia arriba. Reactivarlo cuesta infinitamente menos que inventar una arquitectura nueva.
La norma que se licuó
El sexto punto no es una obra y por eso suele quedar afuera de estas discusiones. Es el que más rápido puede resolverse.
La Ley 27.541 estableció en diciembre de 2019 una detracción fija de la base sobre la que se calculan las contribuciones patronales. Siete mil pesos por trabajador. Desde entonces no se actualizó una sola vez. Hoy, aplicando la inflación oficial, ese monto debería rondar los doscientos noventa y ocho mil pesos. Conserva menos del dos y medio por ciento de su valor original.
Esto no es un reclamo por un subsidio. La detracción no es una transferencia de recursos públicos ni tiene beneficiario individualizado: es una regla general que reduce la base imponible. Y su licuación por inflación es, en los hechos, un aumento del costo del empleo formal que ningún legislador votó.
Hay dos detalles que agravan el cuadro. El primero es que la propia legislación había previsto la actualización por índice de precios, en la Ley 27.430, y se perdió por arrastre cuando la 27.541 derogó el decreto que la contenía. El segundo es que al tratarse de una suma fija y no de un porcentaje, su erosión golpeó más fuerte donde los salarios son más bajos. Es decir, acá.
Restituir ese valor no le pide al Gobierno Nacional que se aparte de su programa. Le pide que lo aplique con consistencia, porque una carga que crece sola por inercia normativa es exactamente la clase de distorsión tributaria que dice querer eliminar.
Más actividad privada, menos Estado
Vale detenerse en algo que estos seis puntos tienen en común y que no siempre se dice.
Ninguno pide que el Estado crezca. Los tres puentes y el gasoducto son infraestructura que habilita inversión privada donde hoy directamente no puede radicarse: sin cruce del Paraná no hay logística, sin gas no hay industria de transformación. Dos de esas obras se están encuadrando en el RIGI, es decir que se financian con capital privado. CRECENEA-CODESUL no crea un organismo nuevo, reactiva uno que ya existe para que el sector privado comercie con menos trabas. Y la actualización de la detracción de la Ley 27.541 no agrega gasto público: elimina una distorsión que encareció el empleo formal sin que nadie lo decidiera.
Es decir que la agenda del Norte Grande está en consonancia con lo que el Gobierno Nacional viene planteando. No le pide al Estado nacional que sostenga la región. Le pide que remueva los obstáculos que hoy impiden que la actividad privada se desarrolle acá. Más inversión, más empleo registrado, más valor agregado, y un Estado que se corre del camino en lugar de ocuparlo.
El acompañamiento que falta
Hay una parte de esto que no le corresponde a los legisladores.
Las declaraciones parlamentarias tienen una vida corta si nadie las sostiene después. Acá es donde los empresarios y sus entidades gremiales tenemos una responsabilidad concreta: acompañar cada uno de estos puntos con seguimiento, con datos, con presencia en las instancias técnicas y con insistencia. Las federaciones económicas, las cámaras sectoriales, las entidades del comercio y la producción de las once provincias conocemos el costo diario de estas ausencias mejor que nadie, porque lo pagamos en cada flete, en cada factura de energía y en cada decisión de contratar o no contratar.
Si el sector privado organizado se hace parte, estos seis puntos tienen un destino distinto al de tantos otros que quedaron en el camino.
La ventana
El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 entra al Congreso este mes. Una declaración del Parlamento del Norte Grande no ejecuta obra ni asigna partidas, pero once provincias pidiendo lo mismo, con número de partida y cronograma, abren una puerta que ningún reclamo aislado abre.
La región tiene treinta senadores y setenta diputados nacionales. Es una fuerza real, disponible y bien identificada. Está en nosotros que se ponga detrás de una agenda común.
