La muerte de Ángel Nicolás López, un niño de apenas 4 años, desató una ola de indignación en Chubut y pone en el centro del debate la responsabilidad de los organismos de protección de menores. Mientras la fiscalía avanza en la recolección de pruebas, surgieron datos estremecedores sobre el pasado de la madre biológica, Mariela Altamirano (28), que incluyen denuncias por violencia y la quita previa de otro de sus hijos por maltrato.
Fuentes judiciales confirmaron que el fiscal Facundo Oribones ya solicitó informes detallados a las provincias de Corrientes y Misiones, donde Altamirano residió antes de regresar a Chubut en 2025. Los reportes indican un patrón de conducta violenta que, según la familia paterna, fue ignorado por los funcionarios que decidieron entregarle al pequeño Ángel hace apenas tres meses.
Una "tragedia anunciada"
Para Luis López, padre biológico del niño, el desenlace fue el resultado de una negligencia estatal sistémica. López, quien crió a Ángel durante sus primeros cuatro años de vida, relató que la madre había abandonado al menor cuando tenía un año. "Yo les dije que le iba a pasar algo con esa mujer. La Justicia priorizó el vínculo biológico por encima de la seguridad de mi hijo", lamentó con impotencia.
El calvario de Ángel comenzó, según su círculo íntimo, cuando fue obligado a convivir con Altamirano tras su reaparición. "A mi hijo lo mataron", sentenció el padre, quien asegura haber agotado las instancias administrativas para alertar sobre los riesgos de esa convivencia.
Denuncias por abuso de poder
La madrastra del menor, Lorena Andrade, utilizó sus redes sociales para señalar directamente a los organismos que debían intervenir. “Recorrimos Defensoría, no nos escuchó Protección de Menores; quien debió protegerlo decidió hacer abuso de poder”, denunció Andrade. Según su testimonio, el sistema judicial de Chubut desoyó sistemáticamente los pedidos de auxilio de la familia que brindaba estabilidad al niño.
La investigación busca determinar ahora si hubo omisión de deberes de funcionario público, además de la responsabilidad penal directa de Altamirano en el deceso. Mientras tanto, el caso de Ángel se suma a una lista de crímenes donde la burocracia judicial parece haber llegado tarde, reactivando el reclamo por una reforma en los protocolos de vinculación familiar en casos de antecedentes por violencia.
*Con información de TN y La Voz
