La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes le cerró de manera definitiva la vía jurisdiccional ordinaria a la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), al rechazar un recurso extraordinario federal en el marco de una demanda por daños y perjuicios que la academia había promovido contra una exalta funcionaria de la propia institución por severas ofensas públicas.
El derrotero judicial, registrado bajo el expediente N.° FCT 4697/2024, transitó un total de tres instancias federales consecutivas, cosechando respuestas negativas en cada una de ellas.
El nudo argumental de los magistrados para decretar la falta de legitimación activa de la Unne radicó en que, bajo la estricta interpretación del Código Civil y Comercial de la Nación, las personas jurídicas de derecho público poseen una existencia "puramente ideal" para cumplimentar sus fines específicos de creación, careciendo por ende de la aptitud para invocar una afectación directa en sus sentimientos, afectos o la vulneración de derechos personalísimos, los cuales el tribunal consideró exclusivos de las personas físicas.
Facebook, concursos y la comparación con la dictadura militar
El escándalo institucional tuvo su origen el 28 de agosto de 2024, durante el desarrollo de una sesión ordinaria del Honorable Consejo Superior de la Unne. En aquella oportunidad, una ingeniera agrónoma y doctora en Recursos Naturales —quien se había desempeñado durante años como Secretaria General de Ciencia y Técnica del Rectorado— utilizó su cuenta personal de la red social Facebook para difundir el registro audiovisual del debate.
La publicación fue acompañada por una frase que desató un inmediato repudio: "Que hermosura la democracia en nuestras universidades. Me hace acordar a Videla".
Según consta en las actuaciones sustanciadas por la Secretaría General Legal y Técnica de la universidad, las expresiones de la exfuncionaria guardaban un vínculo directo con el resultado de un concurso administrativo ventilado en esa misma sesión, cuya resolución no había beneficiado a su propia nuera.
Además de la equiparación con el dictador condenado por crímenes de lesa humanidad, la imputada ratificó en los comentarios de la publicación que quienes convalidaban el proceso estaban involucrados en un "robo".
Tras una sesión extraordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2024, el Consejo Superior sancionó la Resolución N.° 788-CS-2024, facultando al Rector a iniciar las acciones civiles tendientes a obtener una reparación y el correspondiente desagravio institucional.
La demanda civil interpuesta ante el Juzgado Federal N.° 1 exigía un resarcimiento económico de cinco millones de pesos —fondos que se destinarían de forma específica a la edición y distribución gratuita de textos sobre los 40 años de democracia a través de la editorial EUDENE— y la publicación obligatoria de la sentencia condenatoria en un diario de circulación nacional, pretensiones que fueron sistemáticamente denegadas por los jueces.
La paradoja institucional a 50 años del golpe de Estado
El Rectorado de la Unne lamentó profundamente el criterio adoptado por la Justicia Federal, advirtiendo que el fallo deja desprotegidas a las instituciones del Estado cuando su honor es vejado mediante la banalización del terrorismo de Estado.
Los equipos jurídicos universitarios recalcaron la dolorosa paradoja que reviste este pronunciamiento, el cual coincide temporalmente con un año de alta significación histórica para el país.
Este año 2026 marca el 50° aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1976, una dictadura que diezmó de forma directa a la comunidad educativa del Nordeste mediante persecuciones, cesantías obligatorias, exilios y la desaparición forzada de estudiantes y docentes, como el emblemático caso de Juan José Cabral.
En este contexto de memoria activa, la universidad viene ejecutando un proceso de reparación histórica mediante la Resolución N.° 1448-REC-Unne, rectificando los legajos de las víctimas para dejar constancia formal de que fueron arrancadas de los claustros por el accionar represivo del Estado entre 1974 y 1983.
“La Unne no renuncia a su convicción de que las instituciones también merecen defensa jurídica cuando son agredidas en su honor y en su memoria. La libertad de expresión no es la libertad de injuriar, y la banalización del horror no puede quedar, siempre y en todo caso, sin consecuencias jurídicas”, concluyeron las autoridades universitarias a través de un documento oficial, anticipando que la resolución judicial no frenará el compromiso ético y pedagógico de la institución en la defensa del sistema democrático.
