La Justicia correntina determinó formalmente que el próximo 14 de septiembre se dará inicio a las audiencias del segundo juicio oral y público contra el ginecólogo Gerardo Dahse, quien deberá responder por una acusación de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una víctima que, al momento en que se perpetraron los presuntos hechos en el año 2008, era menor de edad.
De acuerdo con los datos de la cédula de notificación del Poder Judicial a la que tuvo acceso El Litoral, el tribunal encargado de llevar adelante el debate y dictaminar la sentencia estará integrado por los magistrados Joaquín Romero, Ana del Carmen Figueredo y Oscar Dubrez.
Firmeza de la primera condena y detención en la Unidad Penal N.° 1
Dahse purga actualmente una pena de siete años de prisión de cumplimiento efectivo y se encuentra alojado desde los primeros días de mayo en las dependencias de la Unidad Penal N.° 1 de la ciudad de Corrientes, luego de que las autoridades judiciales ordenaran su inmediata captura tras la pérdida de sus beneficios de libertad condicional.
La ejecución de la pena se materializó luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes (STJ) ratificara de forma unánime la condena a 7 años de cárcel por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
El máximo órgano de justicia provincial rechazó un recurso de casación interpuesto por los abogados defensores del médico y declaró inadmisible la posterior vía del recurso extraordinario federal.
Ante la inminencia del encarcelamiento, la defensa técnica del ginecólogo intentó articular una última medida suspensiva, argumentando que recurrirán mediante un recurso de queja directo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Sin embargo, el tribunal de alzada correntino desestimó de cuajo el planteo, determinando que la sentencia condenatoria original ya adquirió la condición jurídica de firmeza.
Los jueces recordaron en los considerandos que la simple interposición de una queja ante el Máximo Tribunal de la República no posee efectos suspensivos sobre la ejecución de una pena privativa de la libertad, salvo que la propia Corte dicte una medida de no innovar en sentido contrario, blindando así la validez de la reclusión que cumple el médico correntino.
