El Juzgado de Garantías de la ciudad correntina de Mercedes dispuso la suspensión inmediata, por un plazo de seis meses, de los descuentos de capital, cuotas, intereses y reportes de morosidad vinculados a un préstamo de $2.500.000 investigado por una presunta estafa.
La resolución N° 780/26 fue firmada por la jueza Simy B. Benasayag, tras hacer lugar a la medida cautelar interpuesta por el fiscal Adrián Casarrubia en el marco del legajo penal N° 24798/26.
La causa tuvo su origen en la denuncia de una mujer de 70 años, quien manifestó haber recibido una llamada telefónica por parte de un falso representante bancario. Tras facilitar datos personales, la víctima advirtió que se había gestionado un crédito a su nombre sin su consentimiento.
Ruta del dinero y transferencias sospechosas
Según los informes recabados por el Ministerio Público Fiscal, el crédito se acreditó a las 15:04 y, apenas doce minutos después, la totalidad de los fondos fue derivada a una cuenta de Naranja X registrada a nombre de la denunciante. Acto seguido, se ejecutaron dos egresos por $1.300.000 y $1.200.000 hacia cuentas de terceros. Los investigadores aguardan reportes informáticos de las firmas Naranja X y Claro Pay para determinar el destino final del capital.
La denunciante señaló que no utilizaba su cuenta digital desde 2024 y que, pese a realizar los reclamos ante la entidad bancaria, continuaba sufriendo los débitos mensuales en su haber, viéndose obligada a afrontar las cuotas de una deuda no contraída.
Protección de vulnerabilidad y exigencias al banco
Al fundamentar el fallo, la jueza Benasayag argumentó que la inmediatez de las transferencias constituye un indicio de verosimilitud de la maniobra fraudulenta. Para frenar el perjuicio económico, la magistrada encuadró el caso en el artículo 100 del Código Procesal Penal y las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad.
En virtud de la cautelar, la sucursal bancaria en Mercedes deberá acatar las siguientes disposiciones:
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Cese inmediato de débitos: Interrumpir el cobro automático de cuotas, capital, intereses, punitorios o gastos administrativos asociados a la operación.
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Protección crediticia: Abstenerse de generar nuevos recargos y suspender cualquier reporte de morosidad ante la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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Plazo de acreditación: La entidad bancaria deberá certificar el cumplimiento de la orden dentro de las 48 horas de ser notificada.
La magistrada aclaró que la medida no cancela la deuda ni implica la restitución automática de los montos debitados previamente, pero preservará el funcionamiento normal de la cuenta de la afectada durante el avance de la investigación criminal en Corrientes.
