Luego de una semana de audiencias tras el receso judicial de julio, el juicio por el caso Loan en Corrientes dio un giro que colocó a las defensas en la presentación de diversos planteos y hasta la elevación del tono del debate y los interrogatorios. En ese sentido, se reabrió una discusión en torno a la estrategia de la familia del niño y este sábado se produjo una reacción contundente, en la que los padres y hermanos del menor emitieron un comunicado reclamando de modo enfático que el proceso se oriente al esclarecimiento y salga del terreno de las obstrucciones procesales.
A continuación el comunicado completo:
Los secuestradores y los obstaculizadores.
Juicio Oral por Loan: Creen que los correntinos nos merecemos más subestimación y humillación que la de Loan.
Le robaron el hijo a su madre, pero también a cada madre de Corrientes. El temor de una madre no puede tener peor preocupación.
Desde el 13 de junio de 2024 nuestra familia vive el mayor dolor que puede atravesar un ser humano: la desaparición de un hijo. Desde entonces no hemos pedido privilegios, no hemos reclamado excepciones ni pretendido interferir en el funcionamiento de las instituciones de la República. Hemos hecho una sola cosa: exigir, día tras día, que el Estado argentino investigue hasta las últimas consecuencias qué ocurrió con Loan, quiénes participaron de su desaparición, quiénes pudieron haber contribuido a ocultar la verdad y quiénes, eventualmente, pudieron haber obstaculizado o desviado la investigación.
Ese reclamo no pertenece únicamente a nuestra familia. Es un reclamo de Corrientes y de toda la sociedad argentina.
El tribunal de juicio, atraviesa una de las tareas más arduas, más duras, mantener el rigor procesal, de conducta, de ética, y la vehemencia demostrada en estos últimos días por sus integrantes, su reacción ante la prepotencia de la agresividad, tilinguez y muestras de desprecio por la dignidad humana, pone de manifiesto que no pasará ni la mentira, ni el agravio, ni las chicanas, ni las faltas de respeto, ni los gritos, ni las actividades dilatorias y difamantes. Dicen que uno de los jueces se jubilará después de esta causa, parecería que no está dispuesto a irse atropellado por barras bravas de la violencia o la agresión verbal. Parece que se siguen equivocando con los correntinos. Después de este juicio, nadie ni en Corrientes ni en Buenos Aires, planificará tal vez venir a llevarse un niño y luego a encastrar la cancha judicial de nuestra provincia. Después de Loan, al menos lo pensaran dos veces.
En los últimos días hemos tomado conocimiento con gran preocupación, de denuncias institucionales promovidas entre otros por el Sr. Gustavo Vera, ante el Consejo de la Magistratura de la Nación denunciando a la Sra. Jueza Federal de Goya, Dra. Cristina Pozzer Penzo, magistrada que siempre apoyamos, e intervino e interviene en la investigación de la desaparición de nuestro hijo. Entre otras decisiones, impulsó medidas de investigación vinculadas con posibles maniobras de encubrimiento, desinformación y entorpecimiento de la pesquisa contra sujetos procesados y sujetos al resultado del juicio oral y también contra el Sr. Gustavo Vera. De inmediato y casualmente, comenzaron a activarse y tomar impulso las denuncias en su contra.
No nos corresponde pronunciarnos sobre el funcionamiento de los mecanismos constitucionales de control de magistrados. Esos procedimientos existen para fortalecer las instituciones y deben desarrollarse con absoluto respeto por las garantías que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, incluyendo los derechos y garantías para la Sra. Jueza.
Sin embargo, como víctimas directas de esta tragedia, no podemos dejar de expresar nuestra profunda preocupación por el contexto y la oscuridad en el que estos acontecimientos se producen.
Porque no se trata de un hecho aislado
Desde el inicio de esta investigación hemos observado una secuencia de episodios que, considerados en conjunto, despiertan un legítimo estado de alerta.
Luego de la sustracción, retención y ocultamiento de Loan, una legión de personas ajenas a nuestro pueblo, provincia y región, de Buenos Aires, aterrizaron misteriosamente. Secuestraron a los principales testigos de nuestra desesperada causa, “los niños”, los últimos que vieron a Loan en el naranjal y quien se lo llevó. Los manipularon, los asustaron, y finalmente lograron que no recuerden nada o directamente sean contradictorios, confusos o directamente no tengan rastros indubitables en su memoria. Lograron ese objetivo ampliamente. Hasta hoy no se ha logrado saber nada de nada por los niños que permita identificar a quien se llevó a Loan.
Luego alguno de los medios importantes de Buenos Aires, de la Capital Federal, y un puñado de periodistas, comenzaron una carrera de ensañamiento contra la familia más cercana de Loan, nosotros.
Primero fueron las víctimas. Luego los familiares. Después los testigos. Más tarde quienes colaboraban con la investigación. Posteriormente comenzaron los cuestionamientos dirigidos hacia auxiliares, investigadores y funcionarios judiciales.
Hoy esas controversias alcanzan a magistrados que adoptaron decisiones relevantes dentro de una de las investigaciones criminales más complejas, delicadas y trascendentes de la historia reciente de nuestro país. Cada uno de esos episodios, considerado de manera individual, puede admitir distintas explicaciones.
Pero cuando todos ellos se producen en el marco de una misma investigación destinada a esclarecer la desaparición de un niño, la familia no puede permanecer indiferente. Nuestra preocupación no nace de especulaciones. Nace de los hechos objetivos que han ido incorporándose al expediente judicial y que hoy todo Corriente puede ver y conocer a través de un juicio oral y público que se televisa.
A lo largo de la investigación aparecieron distintas líneas de pesquisa relacionadas con personas vinculadas a espacios de poder político, económico, institucional e incluso con hipótesis de criminalidad organizada cuya eventual participación o vinculación corresponde exclusivamente determinar a la Justicia. Todas las hipótesis fueron investigadas, analizadas y por lo general en el caso de nuestro hijo y hermano, descartadas por tratarse de “obstaculización lisa y llana”.
Hoy los fiscales de la Protex y el Dr. De Guzmán, fiscales federales de Corrientes que pertenecen a la primera investigación y siguen siendo los fiscales del legajo 92, han pedido el archivo y la nulidad de la investigación sobre el Sr. Gustavo Vera, desde la Capital Federal, desde Buenos Aires, desde allá, y también tenemos que lidiar con eso.
Precisamente por esa razón estamos absortos, indignados, asombrados, de ver como nuestra verdad por Loan se coarta, se limita y en esta caso, se pretende dejar sin efecto a la vista de todos los correntinos una investigación que nunca se pudo hacer.
Loan no está, Loan sigue secuestrado. Consideramos que ni ésta ni ninguna línea de investigación puede ser descartada prematuramente y que toda hipótesis objetivamente fundada debe ser agotada con independencia, seriedad y sin condicionamientos de ninguna naturaleza.
La experiencia nacional e internacional demuestra que las investigaciones sobre desaparición de personas, trata, crimen organizado, lavado de activos y estructuras criminales complejas suelen desarrollarse en escenarios particularmente difíciles, donde convergen intereses de enorme capacidad económica, política y comunicacional.
En esos contextos, la independencia judicial deja de ser un principio abstracto para convertirse en la principal garantía de las víctimas. Porque la independencia judicial no protege a los jueces solamente. Protege el derecho de la sociedad a conocer la verdad. Protege el derecho de las víctimas a obtener justicia.
Y protege la posibilidad de que ninguna persona quede excluida del deber de ser investigada cuando los hechos objetivamente lo justifiquen.
LA VERDAD NO PUEDE DETENERSE CUANDO LA INVESTIGACIÓN COMIENZA A ACERCARSE A INTERESES RELEVANTES
Durante más de dos años hemos acompañado, día tras día, el trabajo desarrollado por magistrados, fiscales, integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes, fuerzas federales de seguridad, cuerpos técnicos y numerosos funcionarios públicos que asumieron la enorme responsabilidad de investigar uno de los hechos criminales más graves que recuerda la República Argentina.
Gracias a ese trabajo fue posible reunir prueba, identificar responsabilidades, elevar la causa principal a juicio oral y abrir nuevas líneas de investigación destinadas a esclarecer eventuales maniobras de encubrimiento, desvío de la investigación, ocultamiento de prueba y otras conductas que, de comprobarse judicialmente, podrían haber afectado el normal desarrollo de la búsqueda de nuestro hijo.
Esos avances no constituyen una opinión de la familia. Constituyen decisiones adoptadas por órganos judiciales de la Nación en el ejercicio de sus competencias constitucionales.
Precisamente por ello, observamos con preocupación que, a medida que la investigación avanzó sobre nuevas hipótesis y nuevos actores, comenzaron a multiplicarse cuestionamientos públicos, ataques personales, campañas de descrédito, denuncias institucionales y controversias dirigidas contra quienes, desde distintos ámbitos del sistema judicial, asumieron la responsabilidad de investigar esos hechos.
No afirmamos que tales acontecimientos respondan necesariamente a una estrategia común ni pretendemos atribuir responsabilidades que sólo pueden ser determinadas mediante un debido proceso.
Pero tampoco podemos ignorar una realidad objetiva: las investigaciones vinculadas con desaparición de menores, criminalidad organizada, trata de personas, lavado de activos y eventuales estructuras de protección ilícita suelen desarrollarse en escenarios particularmente complejos, donde confluyen intereses capaces de ejercer distintas formas de influencia política, económica, institucional o comunicacional.
Por esa razón, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos exige a los Estados no sólo investigar los hechos, sino también garantizar que quienes tienen la responsabilidad de hacerlo puedan desempeñar su función con independencia, seguridad y libertad de criterio.
La independencia judicial no constituye un privilegio del juez. Es una garantía de las víctimas. Es una garantía del debido proceso. Y es, sobre todo, una garantía de la sociedad.
Porque cuando una investigación comienza a aproximarse a ámbitos de poder o a estructuras cuya eventual existencia debe ser esclarecida por la Justicia, el mayor riesgo consiste en que la investigación deje de avanzar precisamente cuando empieza a formular las preguntas más importantes.
Nuestra familia no señala culpables. No dicta sentencias. No reemplaza a los jueces ni a los fiscales.
Reclama algo mucho más sencillo y mucho más profundo: que ninguna línea de investigación objetivamente fundada sea clausurada antes de tiempo; que ninguna persona quede excluida del deber de ser investigada por razones ajenas a la ley; y que todas las decisiones jurisdiccionales se adopten exclusivamente sobre la base de la prueba incorporada al expediente y del derecho aplicable.
Porque el interés superior que está en juego no pertenece únicamente a nuestra familia. Pertenece a toda la sociedad argentina. Y pertenece también a la credibilidad de las instituciones de la República.
Por ello miramos con especial atención todo aquello que pueda afectar, condicionar o distraer el normal desarrollo de investigaciones que, por su naturaleza, requieren la máxima independencia, prudencia y fortaleza institucional. Ahora viene por el juicio oral, atacan al Fiscal, atacan a los jueces, quieren anular, dilatar, detener, embarrar la cancha.
No reclamamos tratamientos privilegiados. Reclamamos exactamente lo contrario. Que la Constitución Nacional sea aplicada con toda su fuerza. Que las instituciones funcionen con plena independencia, y que nuestros correntinos nos defiendan.
Y que el deber estatal de investigar alcance a todos los hechos y a todas las personas respecto de las cuales existan elementos objetivos que justifiquen su esclarecimiento, cualquiera sea el lugar que ocupen, cualquiera sea su influencia y cualquiera sea el costo institucional que ello pueda representar.
CUANDO LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD COMIENZA A RESULTAR INCÓMODA
Durante el desarrollo de esta causa han surgido múltiples circunstancias que justificaron la apertura de nuevas líneas de investigación, muchos ciudadanos ignoran que la Jueza Federal a cargo sigue trabajando y nuestra familia sigue aportando indicios, solicitando medidas e impulsando el legajo 92.
No es publicitado, no está en la televisión, pero está en el Juzgado.
Algunas de esas causas, se encuentran actualmente incorporadas a expedientes judiciales; otras continúan siendo objeto de análisis por las autoridades competentes. Como víctimas, no nos corresponde calificarlas ni anticipar conclusiones. Pero sí tenemos derecho a exigir que ninguna de ellas sea ignorada.
Entre esas circunstancias aparecen referencias a posibles maniobras de entorpecimiento de la investigación, operaciones de desinformación, actuaciones extraprocesales de personas sin legitimación dentro del expediente, utilización de medios de comunicación y redes sociales para instalar hipótesis no corroboradas, contactos mantenidos fuera de los canales institucionales, comunicaciones cuya modalidad corresponde ser esclarecida, desplazamientos nacionales e internacionales y otros hechos que, precisamente por su complejidad, justificaron la adopción de diversas medidas de investigación por parte del Juzgado Federal.
Esas medidas no constituyeron actos arbitrarios. Fueron decisiones jurisdiccionales adoptadas dentro de un proceso judicial, sujetas a control, revisión y contradicción conforme a las reglas del Estado de Derecho.
Por ello preocupa profundamente que, cuando esas líneas comenzaron a desarrollarse, también comenzaran a intensificarse los cuestionamientos dirigidos contra quienes las impulsaban. No afirmamos que exista una relación causal entre ambos fenómenos.
EL JUICIO ORAL Y PUBLICO NO ES TODO MEDIÁTICO. LOAN SIGUE SIN ESTAR. LA INVESTIGACIÓN SIGUE
Afirmamos algo mucho más sencillo: esa coincidencia temporal constituye una circunstancia objetiva que merece ser observada con prudencia institucional y absoluta transparencia. La desaparición de un niño no admite investigaciones parciales. Tampoco admite zonas inmunes al esclarecimiento judicial.
La obligación constitucional y convencional del Estado argentino consiste en investigar todos los hechos objetivamente relevantes y respecto de todas las personas cuya eventual intervención deba ser esclarecida, cualquiera sea su posición social, política, económica o institucional.
Ese deber no puede detenerse cuando la investigación comienza a aproximarse a ámbitos de poder o a escenarios cuya complejidad exige mayores niveles de independencia y protección institucional.
La experiencia comparada demuestra que las organizaciones criminales complejas rara vez actúan únicamente mediante violencia directa.
Con frecuencia procuran generar confusión, desinformación, descrédito institucional o interferencias capaces de debilitar la eficacia de las investigaciones. Precisamente por ello, los sistemas democráticos modernos fortalecen las garantías de independencia de jueces, fiscales e investigadores que intervienen en causas de especial gravedad institucional.
Nuestra familia no pretende orientar el resultado de ninguna investigación. Pretende exactamente lo contrario.
Que todas las investigaciones lleguen hasta donde deban llegar. Que ninguna hipótesis sea descartada sin haber sido debidamente verificada. Que ninguna persona resulte excluida del deber de investigar por razones ajenas a la ley. Nosotros mismos hemos sido investigados hasta el cansancio, como corresponde, es nuestro hermano quien se encuentra secuestrado.
Y que el esclarecimiento de la desaparición de Loan permanezca guiado únicamente por la prueba, el debido proceso y la Constitución Nacional.
En ese contexto, reviste especial significación que una de las abogadas de la llamada “banda del hotel”, Elizabeth Cutaia, intervino en actuaciones vinculadas con el expediente de Loan, con el Sr. Gustavo Vera.
Su actuación fue objeto de procesamiento y está en juicio oral de Loan.
Después de que analizamos investigaciones judiciales concretas y ciertas, constamos que sería la abogada defensora del narcotraficante venezolano preso en cárcel de máxima seguridad en Ezeiza, Guillermo Rafael Boscán Bracho, alias "Yiyi", en una causa federal de criminalidad organizada.
No formulamos reproche alguno respecto del ejercicio legítimo de la defensa técnica, garantía esencial del Estado de Derecho. Nuestra causa es Loan. El “Yiyi” pertenece a una red de criminalidad organizada donde coexisten todo tipo de delitos, como el de trata de personas.
Sin embargo, la coincidencia objetiva de actores, vínculos profesionales y ámbitos procesales constituye un dato verificable cuya valoración corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales competentes, dentro de los expedientes respectivos y con pleno respeto por las garantías constitucionales de todas las personas involucradas. Por esa razón insistimos en una única petición. Que la Justicia pueda trabajar. Que la investigación continúe. Que ninguna línea sea clausurada antes de tiempo. Y que si hay funcionarios que no quieren investigar, sean expuestos públicamente y que ello figure en legajo y la conciencia pública.
Y que la verdad, cualquiera sea, pueda finalmente abrirse camino.
LA VERDAD NO ADMITE EXCEPCIONES
Nuestra familia no reclama privilegios para magistrado, fiscal o funcionario alguno.
Tampoco pretende condicionar el funcionamiento de las instituciones de la República ni interferir en los mecanismos constitucionales de control que nuestro ordenamiento jurídico prevé para todos los integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público.
Lo único que reclamamos es que esos mecanismos jamás se conviertan ni siquiera involuntariamente en factores capaces de debilitar, condicionar, distraer o paralizar investigaciones cuya trascendencia institucional exige exactamente lo contrario: mayor independencia, mayor fortaleza y mayor compromiso con la verdad.
La desaparición de un niño constituye una de las más graves violaciones que puede sufrir una comunidad organizada. Por esa razón, la obligación del Estado no se agota en investigar el hecho principal.
Comprende, además, el deber permanente de esclarecer toda conducta que, de manera directa o indirecta, hubiera podido contribuir al ocultamiento de la verdad, al desvío de la investigación o a la frustración del pleno esclarecimiento de los hechos.
Ese deber alcanza a todos. Sin excepciones. Sin privilegios. Sin zonas inmunes al control judicial.
Como familia de Loan hemos aprendido, con el dolor de estos más de dos años, que la verdad suele abrirse paso lentamente. Muchas veces exige recorrer caminos incómodos.
Muchas veces conduce hacia ámbitos en los que convergen intereses dotados de significativa capacidad de influencia política, económica, institucional o comunicacional.
Precisamente por ello, cuando una investigación comienza a profundizar nuevas líneas, el compromiso de las instituciones no debe consistir en retroceder, sino en garantizar que puedan desarrollarse con absoluta libertad, independencia y apego a la Constitución Nacional.
La experiencia judicial argentina, el derecho comparado y la jurisprudencia internacional demuestran que las investigaciones de mayor complejidad rara vez fracasan únicamente por ausencia de prueba.
También pueden frustrarse cuando quienes tienen la responsabilidad de investigar son sometidos a presiones, campañas de descrédito, interferencias o controversias que terminan debilitando la capacidad institucional del Estado para cumplir con su obligación de esclarecer los hechos.
No corresponde a esta familia formular conclusiones que sólo competen a la Justicia. Pero sí corresponde advertir que ese riesgo existe y que, precisamente por ello, la independencia judicial constituye una garantía que debe ser preservada con el mayor rigor cuando se investigan hechos de desaparición de personas, criminalidad organizada y eventuales maniobras de encubrimiento u obstaculización de la investigación.
Sí afirmamos que el riesgo existe y que, precisamente por esa razón, la independencia judicial constituye una garantía que debe ser preservada con especial celo cuando se investigan hechos de criminalidad compleja y desaparición de personas.
Durante todo este tiempo hemos encontrado en numerosos jueces, fiscales, integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes, fuerzas federales de seguridad, peritos y equipos técnicos, un compromiso profesional y humano que jamás olvidaremos.
Gracias a ese trabajo fue posible avanzar hasta el juicio oral que hoy se desarrolla y abrir nuevas líneas de investigación destinadas a esclarecer hechos que, por su naturaleza, merecen ser investigados con la misma seriedad que la desaparición de nuestro hijo.
Como víctimas directas hemos expresado públicamente, y también por escrito ante las autoridades competentes, nuestro reconocimiento a quienes asumieron esa enorme responsabilidad.
Lo hicimos porque creemos que el respeto institucional también consiste en reconocer el trabajo honesto cuando existe.
Pero ese reconocimiento no nos aparta de nuestro reclamo esencial. Seguiremos exigiendo que toda hipótesis objetivamente fundada sea investigada. Y denunciaremos a quienes no hagan su trabajo o se sospeche que protegen a sujetos que deben ser investigados. Seguiremos reclamando que ninguna persona quede excluida del deber de ser investigada por razones ajenas al derecho. Seguiremos defendiendo la independencia de quienes tienen la responsabilidad constitucional de buscar la verdad. Y seguiremos acompañando a la Justicia cada vez que la Justicia avance, cualquiera sea el lugar al que conduzcan los hechos y cualquiera sea el nombre de las personas involucradas.
Porque nuestra búsqueda nunca estuvo dirigida contra alguien. Nuestra búsqueda siempre estuvo dirigida hacia la verdad. Loan merece toda la verdad. Nosotros merecemos pronto la verdad. La sociedad argentina merece toda la verdad. Y el Estado tiene el deber constitucional, convencional y moral de encontrarla. La verdad no pertenece a una familia. No pertenece a un juez. No pertenece a un fiscal. No pertenece a un gobierno. La verdad pertenece a la sociedad.
Y ninguna democracia puede resignarse a dejar de buscarla cuando la investigación comienza a aproximarse a los lugares donde esa verdad puede resultar más incómoda. Loan merece verdad. La sociedad merece verdad. Y la Justicia necesita toda la independencia necesaria para encontrarla.
Firmado en 9 de Julio, Corrientes a los 31 días del mes de julio de 2026.
