En diálogo con El Litoral, Jorge Zacarías, uno de los delegados gremiales de la línea que va a los barrios del norte capitalino, informó que los abogados de la firma, Edwyn y Ricardo Harvey, solicitaron el pasado 5 de mayo el procedimiento de crisis de la empresa. El trámite ante la Dirección de Trabajo de la Provincia, manejada por Marcelo Frattini, está sustentado en “la dificultosa realidad económica por la baja recaudación que logramos desde que las líneas sin habilitación circulan en la traza de la 105”, informó Zacarías.
La protesta de los trabajadores se atiene a que, de lograr la medida coyuntural, la patronal se vería habilitada a suspender trabajadores y el aporte salarial en concepto de asignaciones familiares, “entre otros ítemes”, amplió el delegado. Asimismo, Zacarías junto a Miguel García, trabajador de la empresa, indicaron que el detonante de la solicitud fue la declaración de un juez local por entender inconstitucional el secuestro de las unidades de la línea 13.
El pasado 30 de abril, el juez Augusto Costaguta refutó las cuatro órdenes de detención de los coches de la empresa Tapla, por entender inconstitucional todo intento por desmantelar la flota de colectivos de la línea 13, que circula por los mismos pisos urbanos de la línea 105. De acuerdo a estimaciones de los trabajadores, antes de que circule la línea discutida, la recaudación de la empresa era de 270 mil pesos mensuales, en tanto que desde que Tapla elevó a 14 las unidades circulantes con un boleto a 0,60 centavos, la línea 105 recauda unos 120 mil pesos al mes.
Según dijeron, los gastos operativos y salariales de la empresa ascienden a 150 mil pesos por mes. “Pero no queremos que se interprete nuestro reclamo como un respaldo al empresariado, sino que pretendemos defender nuestra fuente laboral y también la de los trabajadores de la 13 y ahora como se viene la licitación de líneas desiertas y precarias apoyamos que se le otorgue alguna concesión para estar dentro de los marcos de la Constitución” (sic), aclaró Zacarías.
AMENAZAS DE UTA
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), a través de su secretario general, Cirilo López, nuevamente salió a agitar el fantasma de los cortes de servicios urbanos de colectivos. Esta vez, por el no pago de un saldo de 80 pesos en el segundo medio aguinaldo de 2003.
De acuerdo a declaraciones vertidas en Radio Dos, el gremialista se refirió a incumplimientos de la parte empresarial sobre los puntos acordados el pasado 11 de mayo, tras el paro total de 28 horas. “Hay empresarios que ya cumplieron y otros que deben 80 pesos de los aguinaldos. Se informará a la Subsecretaría de Trabajo para que tome alguna determinación”, comentó.
“Esta situación nos despierta preocupación. Si a esta altura del mes estamos así, qué podrá pasar el próximo”, alarmó López y agregó que “No descartamos nuevos paros, pero tampoco queremos hacerlos sólo porque sí. Estamos como el jamón del medio”, figuró.