Una furibunda y casi frenética campaña contra el fraude de energía estatal, (para que mejor se entienda, se trata de acabar con los ‘colgados‘ del servicio eléctrico), puso en la calle a decenas de camionetas y de otros vehículos, con personal y equipos aptos - ignoro si entrenados o instruídos - la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DEPEC) con la finalidad - obviamente - de colocar en regla a los infractores, algunos registrados como ‘consuetudinarios‘.-
No se trata - a mi juicio - de algo novedoso, sino más bien de una inveterada mala costumbre en la que incurren usuarios de capas sociales diferentes. Pasando por los anteriores y los de ahora, quienes han conducido y conducen la DEPEC son profundos conocedores de una gama de cosas raras que se ‘cuecen‘ en el organismo, entre ellos los ‘colgados‘.
¿Cual es entonces o donde radica la voracidad intervencionista para corregir una histórica irregularidad instalada en el ente por administraciones de distintos signos políticos?
Entiendo que es plausible que la DEPEC proteja sus intereses que, en definitiva, son de todos los cumplidores con sus obligaciones. Pero señor director, los derechos se ejercen respetando el de los demás; los derechos se esgrimen sin atropellos, en el marco de las propias normas de la DEPEC y de las que nos señalan la convivencia, el respeto y las que se desprenden de las reglas jurídicas.
Reprocho por ejemplo, lo que aparece , a veces, como ‘invasión a la propiedad privada‘, cuando ingresan a grupos habitacionales debidamente delimitados y protegidos por los servicios de seguridad y de un administrador de consorcio. Por un elemental principio de respeto y de responsabilidad, lo menos que pueden hacer estos ‘malones‘ de las ‘antifugas‘, es solicitar el correspondiente permiso y la debida autorización para cumplir con el cometido que tienen asignado.
Sin ningún rubor, con todo desparpajo, desmantelan y cortan el suministro de energía, sin derecho al ‘pataleo‘; se llevan medidores, tapones que son de propiedad del usuario y no de la DEPEC, lo que configura también un hurto; le dejan un ‘mensaje lapidario diciendo que están colgados‘, o bien que están adeudando una o más facturas del año del ‘cascotito‘, etc.
Esto lo observé en un grupo habitacional de Maipú al 1700; después viene lo peor: el reclamo en las burocráticas oficinas de la DEPEC: que tiene que pagar un sellado de tres pesos, que por inspección del medidor son $7 más. En fin, todo un mercadeo que describe al organismo como un administrador que desconoce los legítimos derechos de sus clientes.-
No estoy en el papel de constituírme en ‘abogado del diablo‘, pero alguien tiene que ponerle coto a este sistema operativo. Ningún código conocido - hablo de aquellos que deben ser prudentes y con sentido común - pone en manos de la DEPEC el abuso de autoridad y de invasión de la propiedad privada sin reunir mínimos requisitos. Estimo que el tema es muy delicado y por consiguiente demanda un especial tratamiento por parte de funcionarios y de los equipos técnicos.
Usuario que sabe ver,
oir y contar
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No se trata - a mi juicio - de algo novedoso, sino más bien de una inveterada mala costumbre en la que incurren usuarios de capas sociales diferentes. Pasando por los anteriores y los de ahora, quienes han conducido y conducen la DEPEC son profundos conocedores de una gama de cosas raras que se ‘cuecen‘ en el organismo, entre ellos los ‘colgados‘.
¿Cual es entonces o donde radica la voracidad intervencionista para corregir una histórica irregularidad instalada en el ente por administraciones de distintos signos políticos?
Entiendo que es plausible que la DEPEC proteja sus intereses que, en definitiva, son de todos los cumplidores con sus obligaciones. Pero señor director, los derechos se ejercen respetando el de los demás; los derechos se esgrimen sin atropellos, en el marco de las propias normas de la DEPEC y de las que nos señalan la convivencia, el respeto y las que se desprenden de las reglas jurídicas.
Reprocho por ejemplo, lo que aparece , a veces, como ‘invasión a la propiedad privada‘, cuando ingresan a grupos habitacionales debidamente delimitados y protegidos por los servicios de seguridad y de un administrador de consorcio. Por un elemental principio de respeto y de responsabilidad, lo menos que pueden hacer estos ‘malones‘ de las ‘antifugas‘, es solicitar el correspondiente permiso y la debida autorización para cumplir con el cometido que tienen asignado.
Sin ningún rubor, con todo desparpajo, desmantelan y cortan el suministro de energía, sin derecho al ‘pataleo‘; se llevan medidores, tapones que son de propiedad del usuario y no de la DEPEC, lo que configura también un hurto; le dejan un ‘mensaje lapidario diciendo que están colgados‘, o bien que están adeudando una o más facturas del año del ‘cascotito‘, etc.
Esto lo observé en un grupo habitacional de Maipú al 1700; después viene lo peor: el reclamo en las burocráticas oficinas de la DEPEC: que tiene que pagar un sellado de tres pesos, que por inspección del medidor son $7 más. En fin, todo un mercadeo que describe al organismo como un administrador que desconoce los legítimos derechos de sus clientes.-
No estoy en el papel de constituírme en ‘abogado del diablo‘, pero alguien tiene que ponerle coto a este sistema operativo. Ningún código conocido - hablo de aquellos que deben ser prudentes y con sentido común - pone en manos de la DEPEC el abuso de autoridad y de invasión de la propiedad privada sin reunir mínimos requisitos. Estimo que el tema es muy delicado y por consiguiente demanda un especial tratamiento por parte de funcionarios y de los equipos técnicos.
Usuario que sabe ver,
oir y contar
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