En el segundo día del IV Encuentro Nacional de la Defensa Pública, profesionales del derecho, estudiantes y público general se dieron cita en el salón auditorio del Hogar Escuela “Juan Domingo Perón”, donde, mediante conferencias y talleres, se intercambia conocimientos y experiencias de los participantes con el objetivo de optimizar, fortalecer y actualizar a la Defensa Pública. Durante la mañana, las charlas, en su mayoría, estuvieron centradas en el rol que debe cumplir la Defensoría en casos judiciales que implican a menores de edad.
Por caso, las primeras disertaciones se refirieron a “Rol del defensor en la ejecución penal” y “Debido proceso penal de menores”. Los temas de las comisiones trataron sobre “La defensa oficial de los condenados” y “La Defensa Pública y el proceso penal con menores de edad”.
También hubo un panel “Asociativo”, donde referentes de la Defensoría Oficial de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Paraguay comentaron la realidad de esta institución en cada país. Allí, el representante brasilero, Roberto Freitas, se refirió sobre el mal concepto que en general se tiene sobre los derechos humanos, utilizados para defender a los “bandidos” (Ver página 11).
Por otra parte, una de las cuestiones que se trató en una comisión se refirió a “La situación carcelaria en las provincias argentinas y el rol necesario del defensor público”, sobre la cual el coordinador, Gonzalo Molina, defensor público del Chaco, sugirió agregarle al título el adjetivo “deplorable”, para referirse al estado -en su gran mayoría- de cárceles argentinas.
En este sentido, una de las asesoras legales de Corrientes, de la Unidad Penitenciaria N°1 y la de San Cayetano, señaló que entre las mayores falencias se encuentra la cuestión de la infraestructura. “No solo se castiga al preso, también a su familia que lo va a visitar, lo ve mal por la situación en la que se encuentra, y además a l propio personal carcelario que está obligado a trabajar en condiciones deplorables”, resaltó. Por su parte, Molina acotó que la superpoblación en las cárceles es otro problema, sumado a las malas condiciones higiénicas y el maltrato del personal a cargo. “Esta es una realidad conocida por todos, sobre todo por los políticos”, resaltó.
Asimismo, el abogado comentó que en su provincia existe el delegado penitenciario, quien depende del Superior Tribunal de Justicia y es el nexo entre el preso y los defensores públicos. En tanto que una defensora pública formoseña lamentó no tener servicio penitenciario provincial, por lo que los presos están a cargo de la Policía de Formosa. Es decir, “quien se encarga del interno es el que lo detuvo”, contó. Asimismo, manifestó que “todos comparten la misma celda, ya sean condenados, procesados, alcohólicos y aquellos con problemas mentales”.
Ante esta situación, Molina enfatizó que “el defensor no debe quedarse callado, ni consentir; sino más bien hacer un reclamo general por estas cuestiones al Procurador General” e insistir con él las veces que sea necesario. Es que para el defensor público chaqueño, “el silencio es una forma de complicidad”, por lo que aconsejó no bajar los brazos, más allá de que “en las decisiones políticas resulta difícil incidir” y por las dificultades con que se enfrentan estos actores del derecho a raíz del incremento de presos que recurren a ellos, que los lleva a estar saturados con causas a su cargo.
Por caso, las primeras disertaciones se refirieron a “Rol del defensor en la ejecución penal” y “Debido proceso penal de menores”. Los temas de las comisiones trataron sobre “La defensa oficial de los condenados” y “La Defensa Pública y el proceso penal con menores de edad”.
También hubo un panel “Asociativo”, donde referentes de la Defensoría Oficial de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Paraguay comentaron la realidad de esta institución en cada país. Allí, el representante brasilero, Roberto Freitas, se refirió sobre el mal concepto que en general se tiene sobre los derechos humanos, utilizados para defender a los “bandidos” (Ver página 11).
Por otra parte, una de las cuestiones que se trató en una comisión se refirió a “La situación carcelaria en las provincias argentinas y el rol necesario del defensor público”, sobre la cual el coordinador, Gonzalo Molina, defensor público del Chaco, sugirió agregarle al título el adjetivo “deplorable”, para referirse al estado -en su gran mayoría- de cárceles argentinas.
En este sentido, una de las asesoras legales de Corrientes, de la Unidad Penitenciaria N°1 y la de San Cayetano, señaló que entre las mayores falencias se encuentra la cuestión de la infraestructura. “No solo se castiga al preso, también a su familia que lo va a visitar, lo ve mal por la situación en la que se encuentra, y además a l propio personal carcelario que está obligado a trabajar en condiciones deplorables”, resaltó. Por su parte, Molina acotó que la superpoblación en las cárceles es otro problema, sumado a las malas condiciones higiénicas y el maltrato del personal a cargo. “Esta es una realidad conocida por todos, sobre todo por los políticos”, resaltó.
Asimismo, el abogado comentó que en su provincia existe el delegado penitenciario, quien depende del Superior Tribunal de Justicia y es el nexo entre el preso y los defensores públicos. En tanto que una defensora pública formoseña lamentó no tener servicio penitenciario provincial, por lo que los presos están a cargo de la Policía de Formosa. Es decir, “quien se encarga del interno es el que lo detuvo”, contó. Asimismo, manifestó que “todos comparten la misma celda, ya sean condenados, procesados, alcohólicos y aquellos con problemas mentales”.
Ante esta situación, Molina enfatizó que “el defensor no debe quedarse callado, ni consentir; sino más bien hacer un reclamo general por estas cuestiones al Procurador General” e insistir con él las veces que sea necesario. Es que para el defensor público chaqueño, “el silencio es una forma de complicidad”, por lo que aconsejó no bajar los brazos, más allá de que “en las decisiones políticas resulta difícil incidir” y por las dificultades con que se enfrentan estos actores del derecho a raíz del incremento de presos que recurren a ellos, que los lleva a estar saturados con causas a su cargo.
