A través de un proyecto de ley, una legisladora correntina busca lograr que se exija el uso de guardapolvos blancos (y no otro uniforme) en todas las escuelas públicas de la provincia a partir del primer grado de escolaridad. La normativa que ayer tomó estado parlamentario se fundamenta en el gasto que representa para las familias adquirir la indumentaria diseñada por algunos establecimientos. Es que el costo de los uniformes oscila actualmente entre 200 y 600 pesos mientras que el de los guardapolvos va de los 30 a los 80 pesos. También se pretende que la cartera educativa provincial financie la compra del delantal a los alumnos que no puedan costearlo.
El guardapolvo blanco es desde principios del siglo XX signo distintivo de la educación pública. A través de él se buscó históricamente proporcionar un vestuario sencillo, económico, higiénico y sobre todo igualitario. Pero en los últimos años, Corrientes experimentó una notable merma en la cantidad de “blancas palomitas” y esto se debió a que muchas instituciones educativas públicas reemplazaron al delantal por diseños coloridos con lo que lograron distinguir a unas instituciones de otras y reforzar así el sentimiento de pertenencia de los alumnos.
Actualmente son pocas las escuelas públicas que conservan el guardapolvo, si-tuación que, teniendo en cuenta los niveles de inflación, pone en jaque a las decaídas economías familiares. El planteo llegó ayer a la Legislatura local de la mano de un proyecto de ley presentado por la diputada María Inés Fagetti quien en los fundamentos del trabajo expresó: “El presente proyecto surge como respuesta a la preocupación que un grupo de padres nos ha hecho llegar, motivada por el fuerte gasto que les exige comprar la totalidad del uniforme escolar para sus hijos que son alumnos de escuelas públicas”.
La legisladora indicó entonces que tras realizar un relevamiento de los costos comprobó que el precio de los uniformes oscila entre los 200 y los 600 pesos según los talles, el diseño elegido por cada institución y la cantidad de prendas que lo compongan; mientras que el valor de los delantales blancos ronda los 30 y los 85 pesos también según los talles y la calidad de su confección.
Frente a esta situación, el proyecto de ley que ayer tomó estado parlamentario establece: “El uso del guardapolvo blanco para los alumnos tanto del nivel primario como del nivel secundario en todos los establecimientos de educación pública exceptuando a los alumnos del Nivel Inicial quienes deben usar el guardapolvo que la reglamentación establezca; y también al área de educación física y en la hora que le corresponde el respectivo cursado, los alumnos deben usar indumentaria deportiva”.
Por otra parte propone que sea el Ministerio de Educación quien provea la indumentaria establecida en el artículo 1º a los alumnos cuya situación así lo exija y cumplan con las condiciones y requisitos que determine la reglamentación. Para las escuelas técnicas y artísticas la propuesta dispone que la indumentaria será la exigida por la dinámica de la modalidad.
Con el objetivo de garantizar la diferenciación entre una escuela y otra, el proyecto de ley sugiere que cada institución utilice un distintivo o escudo que la identifique.
Finalmente marcan que el Ministerio de Educación debe establecer la sanción administrativa a las autoridades de las unidades escolares de gestión pública, en las que no se cumpla con la obligación establecida en el artículo primero.
El guardapolvo blanco es desde principios del siglo XX signo distintivo de la educación pública. A través de él se buscó históricamente proporcionar un vestuario sencillo, económico, higiénico y sobre todo igualitario. Pero en los últimos años, Corrientes experimentó una notable merma en la cantidad de “blancas palomitas” y esto se debió a que muchas instituciones educativas públicas reemplazaron al delantal por diseños coloridos con lo que lograron distinguir a unas instituciones de otras y reforzar así el sentimiento de pertenencia de los alumnos.
Actualmente son pocas las escuelas públicas que conservan el guardapolvo, si-tuación que, teniendo en cuenta los niveles de inflación, pone en jaque a las decaídas economías familiares. El planteo llegó ayer a la Legislatura local de la mano de un proyecto de ley presentado por la diputada María Inés Fagetti quien en los fundamentos del trabajo expresó: “El presente proyecto surge como respuesta a la preocupación que un grupo de padres nos ha hecho llegar, motivada por el fuerte gasto que les exige comprar la totalidad del uniforme escolar para sus hijos que son alumnos de escuelas públicas”.
La legisladora indicó entonces que tras realizar un relevamiento de los costos comprobó que el precio de los uniformes oscila entre los 200 y los 600 pesos según los talles, el diseño elegido por cada institución y la cantidad de prendas que lo compongan; mientras que el valor de los delantales blancos ronda los 30 y los 85 pesos también según los talles y la calidad de su confección.
Frente a esta situación, el proyecto de ley que ayer tomó estado parlamentario establece: “El uso del guardapolvo blanco para los alumnos tanto del nivel primario como del nivel secundario en todos los establecimientos de educación pública exceptuando a los alumnos del Nivel Inicial quienes deben usar el guardapolvo que la reglamentación establezca; y también al área de educación física y en la hora que le corresponde el respectivo cursado, los alumnos deben usar indumentaria deportiva”.
Por otra parte propone que sea el Ministerio de Educación quien provea la indumentaria establecida en el artículo 1º a los alumnos cuya situación así lo exija y cumplan con las condiciones y requisitos que determine la reglamentación. Para las escuelas técnicas y artísticas la propuesta dispone que la indumentaria será la exigida por la dinámica de la modalidad.
Con el objetivo de garantizar la diferenciación entre una escuela y otra, el proyecto de ley sugiere que cada institución utilice un distintivo o escudo que la identifique.
Finalmente marcan que el Ministerio de Educación debe establecer la sanción administrativa a las autoridades de las unidades escolares de gestión pública, en las que no se cumpla con la obligación establecida en el artículo primero.
