Elaboran proyecto de ley para cuantificar daños y dar ayuda directa a los evacuados

Aunque las precipitaciones no fueron abundantes en suelo correntino, la emergencia hídrica no sólo persiste en varias comunas, sino que además se extiende. Por ello, continúan los operativos de asistencia, las gestiones para obtener asistencia y, al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo trabaja ya en la elaboración de un proyecto de ley destinado a cuantificar los daños y, además, a establecer un mecanismo de asistencia directa para quienes tuvieron que abandonar sus hogares por la creciente.

“Acá en San Roque, el río se estacionó en 3,83 metros. Podemos hablar de una leve reducción, si comparamos esa altura con los 4,02 metros que llegamos a  registrar en nuestra zona. Pero, en realidad, para tener una mejoraría, necesitamos que como mínimo baje unos 60 centímetros”, afirmaron desde la ONG Chamigo a El Litoral. En este contexto, indicaron que “como eso todavía no se concretó, todavía tanto las familias que están en los centros de evacuados como aquellas que son albergadas por parientes, no podrán regresar a sus casas”.

Santa Lucía

Mientras que el río Corrientes a la altura de la citada ciudad, “en los últimos días creció unos 10 centímetros, estamos en 4,10 metros. Tendría que bajar a la mitad para que la gente pueda volver”, afirmó el director de Defensa Civil de la Municipalidad de Santa Lucía, Federico Romagnoli. 

Una emergencia hídrica que, recordó, afecta a 182 familias. “Unas 27 están distribuidas en los centros de evacuados que están funcionando hace ya varias semanas, mientras que otras están en la casa de algún pariente, familiar o directamente alquilaron una pieza”, detalló el funcionario en diálogo con El Litoral. Al mismo tiempo, destacó la asistencia  constante que los damnificados reciben a través del Comité de Crisis que está integrado por diferentes áreas de la Comuna, Gendarmería, Bomberos, la Policía, la Dpec y la concesionaria del agua potable.

“Lo que se entrega proviene de donaciones de la  gente, de instituciones y, por supuesto, lo que aporta la Municipalidad”, indicó Romagnoli, quien  comentó que “pese a que desde la Provincia no envían asistencia al Comité de Crisis, nos ocupamos de que cada seis días los autoevacuados reciban módulos alimentarios e idéntica ayuda -a la que también se suma carne- se le otorga cada tres días a quienes están en los centros de evacuación”. Seguidamente, adelantó que “para el 17 y 18 del corriente mes, un grupo de amantes de los vehículos Toyota vendrán a traer ropa y alimentos no perecederos”.

San Luis y

60 voluntarios 

Tampoco en la comuna sanluiseña se registraron mejoras. “El Riachuelo bajó sólo un par de centímetros. Estamos en 4,19 metros. Necesitamos que baje unos dos metros”, contó el vocero del Comité de Emergencias (COE) de San Luis, José María Serbín en diálogo con El Litoral.

Tras lo cual, destacó que “la  buena noticia es que hoy (ayer) vinieron 20 soldados de Resistencia y unos 40 alumnos de la Universidad de la Cuenca del Plata (Corrientes) que ahora están en la iglesia ayudando a clasificar las donaciones”. De esta forma, el Comité de Emergencia puede contar tanto con módulos de alimentos como de indumentaria, para llevar en los operativos de asistencia que realizan en los diferentes parajes. 

Donaciones

Considerando que la emergencia se extiende, Serbín reiteró que siguen necesitando alimentos no perecederos, agua mineral, colchones y frazadas.

Es que “la emergencia, por ahora, parece que no cesará”, destacó. Y en este punto cabe resaltar que además de persistir en varias comunas, ahora ya se extendió a otras que están emplazadas a la vera del río Uruguay (Ver página 19).

Gestiones

La Defensoría del Pueblo de Corrientes viene trabajando con los afectados de diferentes poblaciones. En este contexto, ya realizaron gestiones por los autoevacuados de San Luis del Palmar y pobladores inundados y aislados en áreas rurales de Empedrado.  Con respecto a este último caso, indicaron que solicitaron una audiencia con Vialidad Provincial para diagramar un esquema de trabajo para recuperar las vías de comunicación que ahora están intransitables.

“Mientras que los autoevacuados de San Luis enviaron oficios a Desarrollo Social de la Nación, de la Provincia, el Ministerio de la Producción y el Idercor. A todos se les solicitó que se fortalezca la asistencia para estas familias que también perdieron todo o casi todo”, contó el jefe de la División de  de Derechos Humanos, Juan Ramón Ferreyra, quien se está ocupando del caso junto con el titular de la Defensoría, César Vallejos Tressens y el adjunto, Juan Francisco Brambilla.

Pero más allá de esas gestiones, comentó que el equipo de trabajo de la Defensoría está trabajando en la elaboración de dos proyectos de ley. Uno de ellos se refiere a la condonación de las deudas que los vecinos del barrio San Cayetano de San Luis tienen con el Invico. “El Gobernador anunció esa medida, pero esta debe contar con el aval de la Legislatura”, indicó Ferreyra a El Litoral.

Y la segunda propuesta consiste en “establecer por ley un mecanismo para cuantificar los daños en todos los municipios afectados, incluidos los de la costa del río Uruguay, pero además fijar un sistema de asistencia directa para los afectados”. 

“Quienes perdieron todas sus cosas, más que un crédito, lo que necesitan es un aporte no reintegrable para comprar aunque sea lo mínimo e indispensable que se necesita para volver a empezar, como una cama, una mesa, sillas y una cocina”, consideró el funcionario. Sobre lo cual, agregó “creemos que con aportes de Provincia y Nación eso se podría lograr”.