El 29 de noviembre de 2010, la por entonces ministra kirchnerista de Defensa Nilda Garré -actual diputada nacional y presidenta de la comisión de Defensa-, dictó una resolución por la que un grupo de oficiales del Ejército y de la Armada quedaron fuera de consideración en los ascensos, en la mayoría de los casos por lo que dio en llamarse dentro de las fuerzas “portación de apellido”.
Estos eran hijos, sobrinos o tenían algún parentesco con uniformados que fueron represores o que habían ocupado cargos públicos durante la última dictadura militar (1976-1983).
A pocos días de cumplirse ocho años de los hechos, el Ministerio de Defensa anuló por “ilegítima” la resolución del kirchnerismo y ordenó a las fuerzas reconocerles estos años pasados en situación de retiro como si hubiesen estado en actividad, pagándoles en forma retroactiva las diferencias en los haberes.
El malestar castrense, parte de la tensión continua de esos años con los gobiernos Kirchner, se acentuaba ya que varios de esos oficiales eran los primeros de sus promociones y candidatos naturales al ascenso, lo que en las Fuerzas era visto como una arbitrariedad más del kirchnerismo.
La decisión del ministro Oscar Aguad tiene efecto simbólico y también de resarcimiento económico con esos oficiales apartados por “portación de apellido”. Como al revocar la resolución de Garré deja en actividad a los involucrados, dispone su pase a retiro “debido al tiempo transcurrido” y ordena “un nuevo cómputo de servicios al referido personal, reconociéndoseles el tiempo pasado en retiro como en actividad”.
La resolución de Aguad no abarcó a todos los casos polémicos de la era K. Uno significativo que quedó fuera es el del capitán de fragata Marcelo Toulemonde, que prestaba servicios en Mar del Plata, “hostigado”, apartado del cargo y sin ascender luego de que su esposa gritara “¡Larrabure!” en medio de un acto de Cristina Kirchner en 2007 en el Colegio Militar. La Armada le reprochó no haber podido “controlar” a su esposa.
La meta en la era K de supuestamente cortar lazos de las fuerzas “con el terrorismo de Estado”, que se arguyó para terminar con carreras de oficiales considerados excelentes por “portación de apellido”, tuvo su contracara en el sostenimiento a rajatabla por Garré y la ex presidenta Cristina Kirchner del general César Milani, proveedor de Inteligencia y hombre fuerte en las fuerzas durante años, pese a las acusaciones de haber sido partícipe en delitos de lesa humanidad, por los que hoy se encuentra en prisión.
Como era de esperar, la ex ministra de Defensa, Nilda Garré, defendió la decisión que adoptó en 2010, que bloqueaba el ascenso de militares con vínculos familiares con represores, al señalar que “esos eran los oficiales que, en un futuro, iban a establecer políticas, actividades y alineamientos”. La diputada del Frente para la Victoria cuestionó además a su sucesor en el cargo, el actual ministro de Defensa Oscar Aguad, al indicar que no es posible otorgar un beneficio extraordinario a esas personas sin acuerdo parlamentario.
“Aguad dice disparates, es imposible ascender a una persona sin aval del Senado”, señaló Garré, al criticar la decisión del actual ministro de dar de baja una resolución que dio la baja a militares que eran familiares de represores.
Sobre la medida que adoptó su gestión, la legisladora dijo: “Por razones de méritos, oportunidades y conveniencias se consideró que estos oficiales no cumplían con esos requisitos y no iban a dar el perfil de oficial deseable para las Fuerzas Armadas del futuro”.
Indudablemente, la decisión de la cartera de Defensa se trata de una reivindicación ante una injusticia, como lo fue dejar afuera a miembros de las Fuerzas Armadas por su apellido.
