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El aborto, entre dos extremos

La legislación del aborto puede imaginarse entre dos posiciones extremas. En un extremo el argumento de que la mujer, a partir del derecho a la disposición de su propio cuerpo, tiene la libertad de interrumpir su embarazo incondicionalmente y en cualquier momento. Este argumento muestra a la mujer, mientras invisibiliza totalmente al embrión, rechaza la idea de su protección jurídica incremental. Esta posición no es defendida en ninguna legislación del mundo. Ningún país permite interrumpir el embarazo sin plazo alguno. Por supuesto, tampoco esta es la posición de los proyectos argentinos de reforma penal.
En el otro extremo, el argumento de que una vez fecundados los óvulos (voluntaria o involuntariamente), la mujer ya no tiene ningún tipo de autonomía sobre su propio cuerpo y es potestad absoluta del Estado reglar su embarazo. En esta posición sí visibilizamos al embrión, pero la que desaparece ahora es la mujer, a quien el derecho toma por una suerte de incubadora de administración estatal. En este extremo, a diferencia del otro, sí hay algunas pocas legislaciones (Irak, Senegal, Laos, el Congo, Nicaragua, Haití y no muchos países más).
¿En qué lugar está situado nuestro debate? En un punto intermedio, como casi todas las legislaciones del planeta. No en el extremo de autonomía total, que como vimos nadie pretende transitar. Pero tampoco en el absoluto contrario, que es el de quienes equiparan aborto a homicidio.
Nuestra legislación rechazó y rechaza la negación absoluta de la autonomía de la mujer tanto como la pueril equivalencia de “aborto es igual a homicidio” y contempla, desde hace un siglo, razones por las cuales la mujer puede decidir la interrupción de su embarazo (peligro de la vida, la salud y casos de violación). Esto implica que, irónicamente, la postura a favor de la llamada “despenalización” sería la posición “conservadora”, mientras que la postura que indica que abortar es un asesinato sería la “revolucionaria”, dado que implicaría establecer criterios que nunca han tenido raigambre ni jurídica ni social en nuestra historia.
En una nota en infobae.com Alejandro Bongiovanni -director de la Fundación Libertad, sede Caba- se pregunta ¿qué pretende la reforma en este tironeo entre dos absolutos? Un cambio que, más allá de la polémica, resulta bastante marginal: desplazar la norma un tanto más hacia el lado de la autonomía, estableciendo una ventana de tiempo de corta duración dentro de la cual la mujer no deba dar razones al Estado, ni el Estado deba pedirlas, a tono con la mayoría de las legislaciones del mundo.
Ahora bien, imaginemos que no sólo rechazamos la reforma, sino que, además, siguiendo la postura de que el aborto es igual al homicidio, pretendiésemos una reforma en dicho sentido. Imaginemos entonces que no sólo evitamos adaptar la legislación argentina a la legislación de casi toda Europa, Canadá, Estados Unidos, sino que además queremos tener una ley como la de Irak, el Congo o Haití. ¿Qué implicaría esta decisión?
Cuesta imaginar que serían pocas las personas que estarían de acuerdo con las implicancias de esta contrarreforma. Quizás no sea tal el convencimiento generalizado de que el aborto equivalga al homicidio como sí el de que la ley debería “hacer de cuenta” que son equivalentes. ¿Para qué? No porque se espere de la ley una función disuasiva de la conducta (que claramente no la tiene, los abortos se hacen igual) o una función sancionatoria (que tampoco tiene, casi no se punen los abortos), sino por su función simbólica: la de sostener, a través del Estado, una visión moral, metafísica y acaso religiosa. ¿El derecho penal está para esto? 
Nadie pretende dejar indefensa a la vida humana de manera absoluta. Pero tampoco pretendemos dejar indefensa la voluntad de la mujer, como si esta fuera un receptáculo de administración estatal. A una mujer a la cual se le niega de manera absoluta la interrupción del embarazo no se la está obligando únicamente a abstenerse de suprimir una vida, sino que se la está obligando a que haga un sacrificio positivo bastante grande.

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El aborto, entre dos extremos

La legislación del aborto puede imaginarse entre dos posiciones extremas. En un extremo el argumento de que la mujer, a partir del derecho a la disposición de su propio cuerpo, tiene la libertad de interrumpir su embarazo incondicionalmente y en cualquier momento. Este argumento muestra a la mujer, mientras invisibiliza totalmente al embrión, rechaza la idea de su protección jurídica incremental. Esta posición no es defendida en ninguna legislación del mundo. Ningún país permite interrumpir el embarazo sin plazo alguno. Por supuesto, tampoco esta es la posición de los proyectos argentinos de reforma penal.
En el otro extremo, el argumento de que una vez fecundados los óvulos (voluntaria o involuntariamente), la mujer ya no tiene ningún tipo de autonomía sobre su propio cuerpo y es potestad absoluta del Estado reglar su embarazo. En esta posición sí visibilizamos al embrión, pero la que desaparece ahora es la mujer, a quien el derecho toma por una suerte de incubadora de administración estatal. En este extremo, a diferencia del otro, sí hay algunas pocas legislaciones (Irak, Senegal, Laos, el Congo, Nicaragua, Haití y no muchos países más).
¿En qué lugar está situado nuestro debate? En un punto intermedio, como casi todas las legislaciones del planeta. No en el extremo de autonomía total, que como vimos nadie pretende transitar. Pero tampoco en el absoluto contrario, que es el de quienes equiparan aborto a homicidio.
Nuestra legislación rechazó y rechaza la negación absoluta de la autonomía de la mujer tanto como la pueril equivalencia de “aborto es igual a homicidio” y contempla, desde hace un siglo, razones por las cuales la mujer puede decidir la interrupción de su embarazo (peligro de la vida, la salud y casos de violación). Esto implica que, irónicamente, la postura a favor de la llamada “despenalización” sería la posición “conservadora”, mientras que la postura que indica que abortar es un asesinato sería la “revolucionaria”, dado que implicaría establecer criterios que nunca han tenido raigambre ni jurídica ni social en nuestra historia.
En una nota en infobae.com Alejandro Bongiovanni -director de la Fundación Libertad, sede Caba- se pregunta ¿qué pretende la reforma en este tironeo entre dos absolutos? Un cambio que, más allá de la polémica, resulta bastante marginal: desplazar la norma un tanto más hacia el lado de la autonomía, estableciendo una ventana de tiempo de corta duración dentro de la cual la mujer no deba dar razones al Estado, ni el Estado deba pedirlas, a tono con la mayoría de las legislaciones del mundo.
Ahora bien, imaginemos que no sólo rechazamos la reforma, sino que, además, siguiendo la postura de que el aborto es igual al homicidio, pretendiésemos una reforma en dicho sentido. Imaginemos entonces que no sólo evitamos adaptar la legislación argentina a la legislación de casi toda Europa, Canadá, Estados Unidos, sino que además queremos tener una ley como la de Irak, el Congo o Haití. ¿Qué implicaría esta decisión?
Cuesta imaginar que serían pocas las personas que estarían de acuerdo con las implicancias de esta contrarreforma. Quizás no sea tal el convencimiento generalizado de que el aborto equivalga al homicidio como sí el de que la ley debería “hacer de cuenta” que son equivalentes. ¿Para qué? No porque se espere de la ley una función disuasiva de la conducta (que claramente no la tiene, los abortos se hacen igual) o una función sancionatoria (que tampoco tiene, casi no se punen los abortos), sino por su función simbólica: la de sostener, a través del Estado, una visión moral, metafísica y acaso religiosa. ¿El derecho penal está para esto? 
Nadie pretende dejar indefensa a la vida humana de manera absoluta. Pero tampoco pretendemos dejar indefensa la voluntad de la mujer, como si esta fuera un receptáculo de administración estatal. A una mujer a la cual se le niega de manera absoluta la interrupción del embarazo no se la está obligando únicamente a abstenerse de suprimir una vida, sino que se la está obligando a que haga un sacrificio positivo bastante grande.