Procesaron a De Vido y Andrea del Boca por fraude

La actriz Andrea del Boca y el ex ministro de Planificación Julio de Vido fueron procesados por fraude, junto con otros ocho acusados por irregularidades en convenios firmados con la Universidad de San Martín por 344 millones de pesos, reenviados a productoras privadas para filmar una novela y una mini serie.

La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Ramos, que procesó por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a De Vido, en calidad de autor, y a Carlos Ruta, Luis Vitullo, Andrea del Boca, Carlos Schwerdtfeger, Alberto Daniel García, Nahuel Billoni Ahumada, Nadia Jacky, Liliana Mazure y Hugo Nielson como partícipes necesarios. Mazure era la titular del Incaa. El juez le dictó falta de mérito a Christian Daniel Fernández.

Se investigan maniobras para implementar un circuito que involucró la actuación de funcionarios y empleados del ex ministerio de Planificación, de la Universidad Nacional de San Martín y del Incaa para el objetivo final de la firma de dos convenios por 344 millones de pesos. Se tratan del convenio Acudegdyme N° 1234/11 por $232.433.300,00) y el N° 1226/15 por $121.008.105,90).

Estos acuerdos permitieron el otorgamiento de los fondos públicos asignados a las productoras privadas Cooperativa de Trabajo Tostakí Ltda. que recibió $4.550.000 y a+A Group SRL, que obtuvo $36.582.468.

Con esos fondos se financiaron la mini serie El Pacto (antes denominada Será Justicia y otros) y la telenovela Mamá Corazón.

El Pacto, permiada por el Incaa, se basó en contar en 13 episodios sobre la historia de la venta de Papel Prensa en Argentina durante la dictadura. Mostraba la versión que la Justicia desestimó con Mike Amigorena haciendo de Héctor Magnetto, el CEO del Grupo Clarín. La novela Mama Corazón, en cambio, nunca fue estrenada.

El juez Ramos enumero dos decenas de irregularidades que detectó la Sindicatura General de la Nación (Sigen) en los contratos y en el flujo de dinero. La principal crítica es que se contrató a productoras privadas para las realizaciones cuando el Convenio contemplaba que eran parte de los trabajos que haría la Universidad de San Martín.