Ernesto Moray Mussio se desempeñaba como auditor externo en la Municipalidad de Perugorría. Desde el 20 de diciembre está detenido -junto con otros ex funcionarios- por una causa en la que se investigan presuntas anomalías en la administración de unos $56 millones que la Nación envió al Municipio para la ejecución de varias obras. Días atrás pidió su sobreseimiento y ayer, a través de una carta a la que accedió El Litoral, argumentó por qué sostiene que no participó de ningún ilícito.
En el primer párrafo manifestó que las acusaciones en su contra están basadas en hechos falsos. Pero antes de brindar precisiones sobre su postura, señaló que, como auditor externo, realizó su trabajo “en función de la información brindada por el Poder Ejecutivo”. Al mismo tiempo acotó que en los documentos que recibió “no estaban incorporados los referidos a los fondos nacionales” y como prueba de sus dichos recordó que estos fueron encontrados en “el allanamiento que se realizó en la vivienda particular de los ex intendentes”.
Basándose precisamente en que no tuvo acceso a esos datos y en que la advertencia de algún tipo de anomalía debía realizarla la Sindicatura General de la Nación (decreto Nº 892/95), aseveró que es falso que permitió el desarrollo de maniobras ilícitas. Sobre esto último se explayó señalando que “de acuerdo al convenio firmado, eran los funcionarios nacionales los responsables de ejercer el control y en el caso de detectar irregularidades deberían haber interrumpido los desembolsos”.
Sin embargo, afirmó que “hicieron caso omiso e inclusive funcionarios del nuevo Gobierno continuaron realizando las transferencias de fondos”. En tanto, indicó que por desconocerse que el Estado nacional es parte en esta causa, es que él presuntamente no está siendo juzgado por un juez natural.
Por último, Moray Mussio se refirió a lo que definió como una “extensa detención (22 meses) con el absurdo pretexto de que la profesión de contador le permitiría obstruir la investigación”.
Con los argumentos antes expuestos, el ex auditor expresó en una carta por qué considera que debe ser sobreseído.
No obstante, tal como informó El Litoral, su defensa días atrás realizó una presentación a través de la cual solicitó su sobreseimiento “o en todo caso que al menos extiendan el período de instrucción para investigar sobre la responsabilidad de quiénes sí debían controlar que ese dinero se usara en la ejecución de las obras acordadas”, alegó el letrado de Moray Mussio.
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