Correntinos expusieron sobre la reforma del sistema penal juvenil en el Congreso

Dos funcionarios judiciales de Corrientes fueron invitados para exponer en el Congreso su postura en torno al anteproyecto para modificar el sistema penal juvenil, el cual fue elaborado por el Ejecutivo nacional. Se trata del secretario de Juzgado de Menores y coordinador de la Mesa Interpoderes (organismo que elaboró el protocolo de mediación juvenil para la provincia), Edgardo Frutos; y de la jueza de Menores Nº 3, Pierina Ramírez.

La convocatoria fue realizada por las comisiones de Legislación Penal, de Familia, Mujer, Niñez, y Adolescencia; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación; con el objetivo de escuchar diferentes posturas en torno al polémico borrador elaborado, ya que en uno de sus puntos se establece la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a menos de 16 años. Las exposiciones seguirán hasta principios de mayo, y luego el proyecto deberá ser tratado.

En contacto con El Litoral, Frutos contó que su ponencia, hecha la semana pasada, se enmarcó en el tema “Respuestas no tradicionales con participación de la víctima y comunidad”, ya que cada expositor debía centrarse en un tópico asignado. Primeramente, el abogado hizo hincapié en que “la mayoría coincidimos en que es necesaria una reforma del sistema actual que está vigente desde la Dictadura Militar”, aunque aclaró que “sería un reduccionismo” limitar la discusión sólo en la edad de punibilidad, ya que “el anteproyecto tiene otras deficiencias, como la de no establecer un piso mínimo del monto de pena, lo que habilita a un juez no especializado en el tema a aplicar montos muy elevados”.

Asimismo, el secretario de Juzgado de Menores objetó que el proyecto, al regular herramientas como la mediación, “resulta necesario que este fije ejes y normativice” esta labor sin restringir “los institutos regulados por las provincias, máxime si estas brindan mayores garantías y derechos como sucede en Corrientes”. “Esto podría alterar la autonomía y los recursos de las provincias; apoyo una norma de medidas alternativas, pero que no limiten las regulaciones provinciales”, agregó.

Otro punto cuestionado por Frutos fue “que el proyecto restringe la posibilidad de conciliación, solamente en aquellos casos de delitos para los que no fuere procedente aplicación de una sanción privativa de la libertad, limitando el ámbito de voluntariedad o autodeterminación de la propia víctima”.

Finalmente, expuso que bajar la edad de imputabilidad sería “ir en contra del derecho internacional”, ya que se fijó los 16 años mediante tratados, y su no cumplimiento “podría comprometer al Estado”.

“La finalidad es poder darle al proyecto un enfoque restaurativo y restitutivo, ya que esto permite la no reincidencia. La privación de la libertad no ha dado resultados positivos”, concluyó.