Un fiscal federal de la ciudad santafesina de Rosario pidió elevar a juicio oral la causa que se le sigue a 19 policías por la desaparición forzada de Franco Casco, un joven que estuvo detenido en una comisaría y cuyo cuerpo fue hallado después en el río Paraná en 2014.
El pedido fue formulado por el fiscal Guillermo Lega, quien acusó por el hecho a agentes de la comisaría 7ª de Rosario, donde la víctima estuvo detenida y fue vista por última vez.
El fiscal acusó también a agentes de Asuntos Internos de la Policía santafesina.
“La conducta ilícita desarrollada por los aquí procesados no solamente implicó la privación ilegal de la libertad, sino que además, por su intermedio, se sustrajo a la persona del derecho a la jurisdicción y a su integridad física, psíquica y moral”, indicó Lega en su solicitud, informó la página Fiscales.
El fiscal señaló además que “se privó a sus familiares y a la sociedad toda de conocer su destino y el devenir del porqué de su muerte y el cómo sucedió”, lo que causó “una multiplicidad de víctimas que es una nota distintiva de este tipo delictivo”.
Lega encuadró los hechos endilgados a los procesados bajo la figura de desaparición forzada, en tanto que pidió el sobreseimiento de otros doce imputados.
Según se dio por acreditado en el expediente, el 6 de octubre de 2014, cerca de las 17.30, Casco (20) partió de la casa de una tía en Rosario hacia la estación de trenes para regresar a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde residía con su familia.
En cercanías de la estación, fue abordado por agentes de la Comisaría 7°. de la Policía de Santa Fe, aunque por ahora se desconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la detención.
La investigación permitió conocer que Casco fue trasladado a la seccional, donde fue aislado en un calabozo que según testigos era “pequeño, oscuro y mugroso” y lo denominaban “La Jaulita” porque allí encerraban a jóvenes que aprehendían por supuesta “averiguación de antecedentes”.
De acuerdo a numerosos y coincidentes testimonios de presos alojados en esa comisaría, algunos de los cuales pudieron hablar con Casco, en determinado momento se escucharon golpes y fuertes gritos de auxilio del joven.
Luego de eso “se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención”, indicó el fiscal.
El dictamen pone de relieve la importancia de que el padre de la víctima se haya dirigido a la comisaría, ya que de no haberlo hecho "nunca se hubiese descubierto que Casco había sido privado de su libertad”.
La autopsia y demás pruebas permitieron establecer que el joven había sido asesinado antes de ser arrojado al río y que el tiempo de inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.
