Nuevamente, como sucede con cada cambio de gobierno, se reabre el tema en torno de la designación de los denominados embajadores políticos, es decir, funcionarios para las representaciones en el extranjero que no han sido formados en el Servicio Exterior de la Nación, invalorable creación del doctor Carlos Muñiz.
Desde estas columnas siempre hemos opinado que el nombramiento de embajadores políticos debería ser sólo excepcional. Por una equivocada ley, el Poder Ejecutivo está habilitado para designar hasta un máximo de 25 representantes en el exterior dentro de esa controvertida categoría, pero de ningún modo el marco legal faculta a ocupar esos lugares con personas que no tengan experiencia, que carezcan de idoneidad para la trascendente labor de representar al país en el exterior. Menos aún, para que se asignen a esos puestos cuestionables personajes que, incluso, hayan dejado mal parado al país por su mal comportamiento en funciones pasadas.
Es muy cierto que ha habido algunos embajadores políticos que han hecho honor a sus designaciones.
Generalmente, estas se vinculan con la necesidad de los gobernantes de recompensar a determinadas personas con un nombramiento una vez en el poder, ya sea porque se les debe algún favor personal o partidario.
Los diplomáticos profesionales o “de carrera” se forman durante años en el ejercicio de esa difícil tarea y ascienden en el escalafón conforme su desempeño. Coronar sus esfuerzos con una designación como embajadores representa, además de una cuestión lógica, un aliciente para el diplomático, que ve alcanzadas así sus máximas aspiraciones de crecimiento personal y profesional. No están exentos de cometer errores, pero están formados para sortear dificultades y proceder en consecuencia, además de manejar mínimamente con solvencia otro idioma, un requisito ineludible en el mundo de hoy.
Hubo ya otras épocas como la que pareciera estar iniciándose hoy en que se abusó, lisa y llanamente, de la designación de allegados y amigos del poder como embajadores políticos. La década del 90 fue una de las más nefastas en ese sentido.
Los gobiernos no deberían apelar a esas designaciones, sino en circunstancias extraordinarias en las que razones estratégicas de Estado así lo requirieran.
Dos de los casos más lamentables del gobierno de Mauricio Macri han sido las designaciones como embajadores políticos en Panamá de Miguel del Sel y de Luis Juez, en Ecuador.
En cambio, tuvieron buenos desempeños en la era Macri los embajadores políticos Diego Guelar (China); Ramón Puerta (España), Marcelo Stubrin (Colombia), Mariano Caucino (Israel), Fernando Oris de Roa (Estados Unidos) y Octavio Bordón (Chile).
Durante el actual gobierno, empezaron a circular nombres de posibles embajadores políticos. Muchos ya fueron confirmados, aunque resta que sus pliegos sean aprobados por el Senado. Algunos merecen serios reparos.
Lamentablemente, la lista es larga. En ella figuran también como cuestionables postulaciones las de Alberto Atanasoff (Bulgaria); Rodolfo Gil (Portugal); Carlos Raimundi (OEA), elegido para reemplazar a Daniel Raimondi, a quien el Gobierno nacional acaba de hacer cesar en su cargo en esa organización, después de tan sólo dos meses de haber asumido.
Por el contrario, hay que destacar las buenas designaciones de otros embajadores políticos de muy buena actuación en gestiones pasadas:
Estados Unidos: Jorge Argüello, quien cuenta con una larga y destacada experiencia como embajador en Washington, ante la ONU y en Portugal.
Chile: Rafael Bielsa, quien fue canciller durante el primer gobierno kirchnerista.
Se trata de evitar que estos nombramientos sólo respondan a favores que no tomen en cuenta ni la idoneidad ni la importancia de la labor diplomática que los tiempos exigen. Como se puede apreciar, varios nombres conspiran contra estos principios operativos básicos al desconocer los requisitos mínimos que deben ser considerados en función del enorme gasto que hace el mismo Estado para instruir, preparar y actualizar a nuestros funcionarios de carrera, sin dudas, uno de los sectores profesionales mejor preparados dentro de la función pública.
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