Aparte de la evidente preocupación que la nueva cepa del coronavirus genera en materia sanitaria, la pandemia también golpea a las planillas que transitan las oficinas económicas. Los gobiernos provinciales intentan oxigenar sus arcas para invertir en medidas de prevención. Mientras, en la vida cotidiana, comercios con persianas bajas, trabajadores informales contando las monedas -que en la ciudad superan un tercio-. Todo el espacio público en general ha sido trastocado por un enemigo invisible a simple vista.
Microgotas entre humanos ha generado impensadas consecuencias en el mundo del trabajo y la economía en general. Las estimaciones de las pérdidas no se han calculado aún con exactitud en el país, especialmente en materia de consumo. En este sentido, en Corrientes, las distintas cámaras empresariales solicitaron medidas de respaldo a sectores, desde una mirada transversal. El Gobierno provincial, por su lado, recurrió a la receta de colocar plata en el bolsillo de la gente y realizó anuncios de subsidios para trabajadores particulares del transporte, así como aumentar montos en las tarjetas alimentarias que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Se proyecta que la recaudación será menor y decantaría en el reparto. Incluso, podría acentuarse una tendencia que se observaba desde enero pasado, al menos, en las transferencias automáticas provinciales. En dicho periodo, Corrientes había recibido más de 5.630 millones de pesos, frente a 4.046 millones de igual mes pero de 2019. En términos absolutos representa unos 1.500 millones de pesos más. Esto significa un aumento de 39,2 por ciento, según un informe de la consultora Economía y Regiones. Estuvo, a su vez, 17,8 puntos por debajo de la inflación del NEA, medida por el Indec, cuyo acumulado anual fue de 57 por ciento.
Sin embargo, algunas noticias de alivio parecieran arribar desde Nación. Mediante la Resolución Nº 72/2020, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dispuso la liberación de más de 18.607 millones de pesos a seis provincias (Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa y Santa Fe), cuyas cajas previsionales no fueron transferidas. Esto en concepto de anticipo para el ejercicio 2020 y a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional Provincial, según expresa la normativa a la cual accedió El Litoral.
Los montos se destinan a las provincias, cuyas cajas previsionales no fueron transferidas y que registran asimetrías. Ello, en función de acuerdos realizados entre los representantes de las jurisdicciones y Nación, amparados en el artículo 27 de la Ley N° 27.260. De esta manera, a Corrientes le corresponden más de 586 millones de pesos, que se abonarán en 12 cuotas iguales y consecutivas de más de 48,8 millones de pesos.
A Córdoba se remitirán más de 7.399 millones de pesos; a Entre Ríos, más de 4.065 millones; a Formosa, más de 951 millones; a La Pampa, 962 millones; en tanto, a Santa Fe, más de 4.642 millones
La medida no forma parte de un paquete por la lucha contra el covid-19, sino que responde a un compromiso previo. Aunque, en este escenario, podría contribuir a generar alivio a los ingresos de las jurisdicciones.
No obstante, referentes de varias provincias entienden la necesidad de avanzar con medidas económicas para contrarrestar el impacto que generará en la recaudación y en la posterior distribución a las provincias del aislamiento social obligatorio. El viernes se realizó una videoconferencia entre la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y el secretario de Interior del Ministerio de la Nación, José Lepere, y los ministros de Economía de las 24 jurisdicciones.
La reunión virtual, que se realizó en el marco del Gabinete Federal anunciado el jueves por el presidente Alberto Fernández, tuvo por objetivo evaluar acciones para reducir el impacto económico y social de la emergencia sanitaria, según se informó oficialmente.
Si bien no trascendieron detalles de a reunión, algunos ministros habían planteado la posibilidad de solicitar Anticipos del Tesoro Nacional (ATN) o anticipos de coparticipación como modalidad para afrontar los desequilibrios que podría generar un escenario de desaceleración del crecimiento relativo de las transferencias automáticas, y una mayor inversión para atender la batalla contra el virus. Los argumentos estarían más que amparados en la emergencia sanitaria.
Ayer, en la Quinta de Olivos, el equipo económico de Alberto Fernández evaluaba nuevas medidas económicas. A las anunciadas la semana pasada, se sumaría a más sectores de la economía informal y a monotributistas.
Mientras tanto, en Corrientes se espera la convocatoria de una mesa económica, tal lo anticipado en conferencia de prensa por el gobernador Gustavo Valdés el pasado viernes. El mismo día en que se dio a conocer el primer caso positivo de coronavirus en suelo provincial. “Se consensuará con todos los sectores”, había dicho el mandatario provincial.
“Estamos a la espera de una confirmación formal de la reunión”, dijo a El Litoral el presidente de la Federación Empresarial de Corrientes, Gustavo Ingaramo. El sector mantiene diálogo con las autoridades gubernamentales, según informaron, pero hasta ayer no habían sido comunicados de la conformación una mesa.
Los empresarios nucleados en la Fecorr piden la suspensión de los plazos administrativos en el ámbito de la Dirección General de Rentas, que no se inicien nuevos procedimientos fiscales y la prórroga de vencimientos de IBB. También que, a través del Banco de Corrientes, se instrumenten líneas de préstamos con tasa subsidiada con plazos de reembolso de 18, 24 o 32 meses para capital de trabajo con el fin de recomponer la cadena de pagos para sueldos y aportes previsionales, así como para la adquisición en el mercado local de herramientas tecnológicas que faciliten el teletrabajo.
Solicitaron que la Dpec mantenga la tarifa vigente al 15 de febrero de 2020 y el no cobro de cargo fijo en facturas mientras dure la emergencia sanitaria y el financiamiento bancario a 12 meses de los vencimientos que operen durante el periodo crítico. Además, que se priorice el pago a las empresas correntinas que garanticen el mantenimiento de su personal y que sean contratistas y proveedores del Estado.
La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), en tanto, realizó una solicitud múltiple, entre ellas, la postergación o el diferimiento de los vencimientos de las presentaciones impositivas, fiscales, laborales, bancarias y sus respectivos pagos, la postergación o el diferimiento de los vencimientos por los servicios públicos, no aplicando suspensión, la flexibilización de las consecuencias del incumplimiento en tiempo y forma de los cheques posdatados, tales como multas, cierres de cuentas bancarias e información negativa.
(MB)
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