Luego de que la mayoría de los bonistas con papeles de deuda emitidos en dólares y bajo ley extranjera rechazaran nuevamente la oferta de reestructuración del Ministerio de Economía, el Gobierno define si extenderá el plazo para la negociación hasta el 28 de agosto que, en realidad, fue siempre la fecha definitiva, pero que por cuestiones legales debieron acortar ese plazo al día 4.
La aceptación de los bonistas tiene otra arista. Por un lado, están los inversores que tienen en el país más de USD 5.000 millones en bonos con legislación Nueva York que habrían aceptado la oferta del Gobierno para realizar un canje en el marco de la reestructuración de la deuda.
De acuerdo con información aparecida ayer en el diario Ambito, fuentes del mercado aseguran que ese monto representa el 100% de las tenencias que, a comienzos de abril, registró el Palacio de Hacienda de parte de los tenedores locales de esos títulos.
Por otro lado, del total de bonos de deuda emitidos en dólares y bajo ley extranjera por unos USD 60.0000 millones, sólo alrededor del 25% se presentaron al canje.
Sumando los bonos locales y los extranjeros, la aceptación total estaría rondando el 35%. Ese porcentaje cercano a los dos tercios de respuestas negativas es el que está evaluando el ministro de Economía, Martín Guzmán, para definir si se extiende el plazo de negociación con estos acreedores privados.
La fecha límite, del 28 de agosto, siempre fue la definitiva, pero que por cuestiones legales debieron acortar ese plazo al 4 de agosto. Ahora, con muchos de los acuerdos sin cerrar, los negociadores del Gobierno estimaban que sería necesaria una última ronda de conversaciones. A eso se agregaba otro detalle relevante: en el mensaje del ministro Guzmán a los acreedores, se sostuvo que la oferta registrada era la última, que no iba a tenerse otra enmienda, por ende la apuesta del Gobierno es llegar al 4 de septiembre con los nuevos títulos registrados en la SEC, y para eso el 28-A es el límite.
En medio de la charla con el Atlantic Council de los últimos días, el ministro Guzmán pareció decidido a presionar a los bonistas con la idea de que Argentina debe sentarse pronto con el FMI, pero lo cierto es que esa negociación depende más del Fondo que de la determinación del Palacio de Hacienda. Y el FMI sabe que es preferible, primero, dejar que la negociación con los bonistas llegue a algún puerto, sea esto un acuerdo parcial o total con los acreedores.
El Fondo sabe también que la fecha límite que tiene para negociar es en enero próximo, ya que la Argentina necesita tener el nuevo acuerdo con el Fondo cerrado antes de que venza el pago con el Club de París a fines de mayo del 2021.
(JML)
