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/Ellitoral.com.ar/ Opinión

Nuevo ministro de Justicia

Harta de la pérdida de oportunidades que parece cíclica en una Argentina exigente y apremiada, la sociedad mira como una chance impostergable la designación de un nuevo ministro de Justicia en la Nación.

El nombramiento de Martín Soria como ministro de Justicia, en reemplazo de Marcela Losardo, “no parece ser más que una nueva concesión del titular del Poder Ejecutivo nacional a la vicepresidenta Cristina Kirchner, como parte de su plan tendiente a socavar la independencia del Poder Judicial”, criticó ayer el diario La Nación.

La mirada, según quedó en evidencia, está puesta en el presunto intento de avanzar en aparentes operaciones para el salvataje de los exfuncionarios imputados en distintos casos de corrupción.

El nombramiento de este diputado nacional, cercano al cristinismo, abanderado de la teoría del lawfare y conocido por sus denuncias contra jueces y contra el gobierno macrista, cierra una tensa semana en la que Alberto Fernández no solo ha vuelto a caer en la consideración de una ciudadanía que espera signos de moderación y diálogo, sino que también ha visto depreciada su autoridad.

La resolución de la crisis ministerial derivada del desacuerdo de la funcionaria saliente, Marcela Losardo, con algunos de los propios anuncios en materia judicial efectuados por el primer mandatario, volvió a poner en evidencia por dónde pasa el poder real a la hora de tomar decisiones trascendentes.

La triste realidad es que, en lugar de apuntar a la construcción de amplios consensos para encarar los cambios y las mejoras que el Poder Judicial puede precisar, el jefe del Estado ha preferido delegar el manejo de las relaciones entre su gobierno y la Justicia en su multiprocesada vicepresidenta. Cristina Kirchner ya ostentaba una notoria influencia en la estructura de la cartera que conducía Marcela Losardo, a través de los funcionarios que ocupaban la segunda línea, como Juan Martín Mena, Horacio Pietragalla y María Laura Garrigós de Rébori. A partir de ahora, con la llegada del rionegrino Soria, el Ministerio de Justicia pasará a estar totalmente controlado por la expresidenta de la Nación.

La inquietud de la vicepresidenta aumentó -y se reflejó en su discurso contra los magistrados- luego de que desde el Poder Judicial le llegaran algunas malas noticias. La convalidación judicial de la ley del arrepentido, que les confiere validez a los testimonios de un gran número de imputados colaboradores en la causa de los cuadernos de las coimas; el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a revocar la condena contra Amado Boudou; la confirmación de la pena a Milagro Sala, y, fundamentalmente, la más reciente condena a Lázaro Báez y sus hijos por lavado de activos que se habrían originado en actos de corrupción en la contratación de obras por el Estado fueron los principales hechos que movieron a la vicepresidenta a profundizar su ofensiva sobre los jueces y a presionar al primer mandatario.

En ese contexto, pocas dudas quedan de los verdaderos propósitos de las proyectadas reformas a la Justicia cuando, a principios de este año, el Presidente afirmó que en los tribunales había que “meter mano”.

La agenda política ha quedado lamentablemente condicionada por los problemas personales de la vicepresidenta, y pocas o ninguna esperanza genera la designación del nuevo ministro de Justicia.

Se sigue percibiendo desesperación por poner en marcha un plan de impunidad que pueda contemplar un asalto al Poder Judicial, para llenarlo de jueces afines.

Debe primar la vocación por unir al país de algunos hombres de la propia coalición gobernante y de la oposición, en lugar de un ataque frontal contra los magistrados, pueda abrir paso a una reforma judicial que sea fruto del consenso y que anteponga los principios y los genuinos intereses de una república que hoy está en peligro.

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