Megaestafa en Corrientes: le conceden la excarcelación a una escribana

El Juzgado de Instrucción N°3 de Corrientes, a cargo de la jueza Josefina González Cabañas, determinó este jueves la  excarcelación de la directora del Registro de la Propiedad Inmueble, María Eugenia Demetrio,  en el marco de la investigación en la megaestafa en la compra y venta de inmuebles de manera irregular.

La resolución se conoció en horas de la tarde y la escribana Demetrio  deberá cumplir con una serie de exigencias  tales como la de fijar un domicilio y no podrá ausentarse del país.

Además, el documento plantea que la mujer  queda suspendida preventivamente de sus funciones como Directora del Registro de la Propiedad  "hasta tanto sea resuelta definitivamente su situación legal en este caso penal". 

Asimismo,  no podrá tener contacto "por cualquier clase de medios (llamadas telefónicas y/o por medios telemáticos) incluido el contacto personal, con los actuales empleados y funcionarios del Registro de la Propiedad del Inmueble".  

La profesional es defendida por el reconocido  abogado Mariano Cúneo Libarona,  quien la semana pasada se sumó a los letrados Nelson Pessoa y Neri Trossero.

Demetrio se encontraba detenida en el Instituto Pelletier y Libarona ya había anticipado que si no se le otorgaba la libertad  iba recurrir a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos  ya que consideraba que la escribana estaba detenida de manera arbitraria.

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Vale recordar que en agosto de este año la Fiscalía de Instrucción Nº 3 a cargo del doctor Gustavo Roubineau dispuso acciones investigativas en las oficinas de la Dirección Provincial de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble en el marco de la investigación por la megaestafa en la compra y venta de inmuebles que tiene como principales imputadas a la escribana Gladys Báez, quien permanece detenida, y la falsa notaria, Teresa Vázquez, prófuga de la Justicia.

Los  delitos que se le imputan a las más de 15 personas detenidas,  en su mayoría profesionales, son asociación ilícita, estafa, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, falsificación de documentos públicos, uso de documentos públicos falsos, falsedad ideológica de instrumentos públicos, estos últimos agravados y fraude en perjuicio de la administración pública.

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