Una correntina fue hasta Buenos Aires para reclamar que no le dejan ver a su hija

Silvia Barrios es una correntina que conoció la organización civil Infancia Compartida y hace una semana llegó hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reclamar por la revinculación con su hija de 13 años. Por violencia de género debió abandonar su hogar hace tres años, y apuntó a que el padre no permitió que la menor se presentara a las convocatorias judiciales. 

“Cuando me fui de mi casa, con mi nena vinimos a la casa de mi mamá. Ella volvió a vivir a su habitación con su padre, pero nunca más me dejó que la viera. Yo nunca pedí que la sacaran del lugar donde se crió, solo pido unos días a la semana para verla”, dijo Barrios en diálogo con El Litoral. 

Junto con Infancia Compartida y en el marco del Día Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pidieron celeridad a la jueza Nora Chavez Caballero, del Juzgado de Familia Nº 1 de Corrientes Capital, quien lleva el caso. “Casi 3 años sin recuperar el vínculo sin haber denuncias, solo significa una cosa: incapacidad laboral del juzgado”, indicaron desde la organización nacional en un comunicado.

Primeros intentos

“Se vino desde Corrientes porque quería convertir su dolor en lucha. Como no le alcanzaba, toda su familia colaboró para que pudiera viajar, hizo hermosos carteles. Nos mandó mensajes contando lo ansiosa que estaba por poder estar en Capital Federal”, agregaron desde Infancia Compartida.

Luego de que Barrios fuera asesorada en el Centro de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género de Corrientes, en marzo del 2020 la Justicia dictó la exclusión del hogar para el padre de la menor, pero que fue suspendida porque la intervención policial fue fallida, según relató la mujer a este diario. 

Visitas vinculares

La pandemia alejó aún más a Barrios de su hija y, tras una fallida defensa legal, trató de ponerse al día. Consiguió alimentos y solicitó una visita de vinculación, que finalmente se concretó el mes pasado.

Pero la menor no asistió a esa reunión, para la que también intervino Natalia Quaranta, integrante del Cuerpo de Psicología Forense. De ella ahora Barrios espera la declaración oficial “en la que diga que faltaron a la entrevista y que pida un tratamiento psicológico para su hija”.

Sucede que la menor solicitó en varias ocasiones mantenerse alejada de su madre. “El año pasado tampoco su padre la llevó a la visita vincular”, agregó Barrios. 

Puertas cerradas

Desde el año pasado, Barrios cuenta con una nueva asesoría legal porque el padre de la menor solicitó aporte por alimentos. Es así que, aunque trabaja de empleada doméstica, destina el 20 por ciento de su sueldo para su hija, aunque el padre pide que se aumente al 50 por ciento.

“No tengo prohibición de la Justicia para acercarme a mi hija. El colegio privado me cerró las puertas y un día me dijeron que no podía ingresar hasta que se resolviera el caso judicial”, lamentó Barrios y dio cuenta de que no quiere avasallar su domicilio anterior. 

Equipos

En los próximos días se pondrá en marcha un cuerpo Interdisciplinario Forense para los Juzgados Nacionales de Primera Instancia en lo Civil, con competencia en cuestiones de familia, y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. La idea, avalada en la órbita de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, quedó plasmada en una reciente resolución en la que se avaló la designación de 24 profesionales que trabajen en este tipo de causas para dar contención a las partes. 

Según se indicó, la Cámara Civil aprobó el pasado 22 de agosto lo actuado en dos concursos por los cuales fueron designados un total de ocho profesionales en psiquiatría, otros ocho del área de psicología y otros ocho en trabajo social, en sintonía con la resolución 3224/2021 dictada por los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

La conformación de estos equipos interdisciplinarios está contemplada en diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (leyes 26.378 y 27.044), ambas con jerarquía constitucional: la Ley N° 26.061 sobre Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la Ley N° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres y la Ley N° 26.657 de Salud Mental. Además, el Código Civil y Comercial de la Nación prescribe que los jueces ante los cuales tramitan las causas de familia “deben ser especializados y contar con apoyo multidisciplinario”, y que para expedirse con el dictamen tengan un equipo interdisciplinario. 

(IB)