La confianza traicionada

La simbólica compensación económica propuesta por el presidente de la Nación y su pareja para cerrar definitivamente la causa en la que se los investiga por la violación de las normas de riguroso aislamiento en la propia residencia presidencial de Olivos durante la pandemia por coronavirus constituye otra grosera muestra de desprecio hacia los casi 130.000 muertos causados por el covid-19, sus deudos y el conjunto de la ciudadanía.

El pequeño monto de la donación de lo que pretende ser una suerte de resarcimiento ni siquiera tiene importancia. La gravedad radica en que el jefe del Estado ha violado no solamente su propio decreto, que disponía hasta penas de prisión para quienes quebrantaran la exigencia del encierro, sino que ha demostrado una falta de decoro y de ética monumentales al permitir y hasta participar de una fiesta en la quinta presidencial de Olivos durante aquellos angustiantes momentos. Ha llegado incluso a negar esos encuentros en un primer momento. Una tremenda afrenta a todas aquellas personas que cumplieron las normas a rajatabla y a todos aquellos que, siendo personal esencial, arriesgaron su vida día tras día.

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli deberá decidir si acepta el acuerdo para cerrar el expediente, tras haber avalado ya un convenio similar de reparación económica de una de las personas imputadas en la causa por la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta.

Todo indica que el expediente va camino de cerrarse y de transformarse en una cuestión abstracta la discusión sobre si correspondía someter al Presidente a juicio político.

La Constitución nacional establece que jefe del Estado puede ser acusado por la Cámara de Diputados ante el Senado por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones. Ambas causales aparecen debidamente fundadas en el caso que nos ocupa.

El artículo 248 del Código Penal contempla prisión de un mes a dos años para aquel funcionario que “no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”, al tiempo que el 205 reprime con prisión de seis meses a dos años a quien “violare medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Corresponde recordar que unos 3000 ciudadanos fueron procesados o multados por la presunta comisión de estos delitos.

Tampoco puede soslayarse la afectación del principio de igualdad ante la ley, así como el de ejemplaridad que le cupo cuando las reuniones sociales estaban prohibidas para millones de argentinos, muchos privados incluso de dar el último adiós a sus seres queridos.

El Presidente llegó a calificar de “idiotas” y de “vivos” a quienes no respetaban sus decretos, mientras negaba y mentía una y otra vez con evidente desparpajo. El turbio manejo y la incompetencia en la compra de vacunas –por caprichos ideológicos, cuando no por corrupción– no deja de ser otra causal de mal desempeño que se pagó con tantísimas vidas humanas.

En el Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson se convirtió en el primer funcionario británico sancionado por infringir la ley en ejercicio de un cargo. Tanto él como su esposa y el ministro de Hacienda debieron pagar las multas impuestas por violar el confinamiento en ocasión de fiestas con parientes y amigos celebradas en la residencia oficial y en sus oficinas en 2020 y 2021. En referencia al Partygate, como se le dio en llamar, el primer ministro que ya había mentido en el Parlamento, aseguró que no se le había ocurrido que estaba infringiendo las normas y, al pedir públicamente disculpas, reconoció que “la gente tenía derecho a esperar algo mejor”. En los Estados Unidos las mentiras de los presidentes fueron los principales desencadenantes de procesos de juicio político. Entre nosotros, con una institucionalidad subvertida y una independencia de poderes en crisis, lamentablemente ya no sorprenden que aberraciones como la referida se sigan sucediendo. Estamos naturalizando peligrosamente la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase, de un poder omnímodo e inimputable y una ciudadanía débil en la que se hace recaer casi exclusivamente todo el peso de la ley.

Podrá discutirse entre nosotros la oportunidad o conveniencia del juicio político. Lo que nadie osaría poner en duda es que verdaderamente sobran razones para castigar de manera ejemplar a quienes exhiben tamaña falta de ética. En cualquier lugar del mundo, la ejemplaridad será siempre enemiga de la impunidad.