Mientras las pantallas y parlantes siguen con atención el minuto a minuto de una vida cruzada por la política y —desde hace unos años— la Justicia, la economía navega por aguas turbias y todo a su alrededor comienza a desdibujarse, según lo marcan las propias estadísticas.
La sensación de falta de atención oficial a los problemas reales del país sacude el aire.
Se trata de un síntoma del Gobierno nacional que, sin vuelo propio para una definición de proyecto de país, le pide prestada la agenda a la vicepresidenta.
“Las ideas de Cristina Kirchner movieron varios mojones del mapa institucional argentino en los últimos veinte años, pero la jefa del Frente de Todos nunca había llegado tan lejos como esta vez, con el impulso para emprender la modificación más profunda de los casi 160 años de historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, escribió ayer en Clarín el columnista Ignacio Miri.
Con fundamentos sobre la coyuntura del país pero en las profundidades de las causas, el analista ofrece una mirada que vale la pena releer.
“Ese proyecto, que si tuviera éxito provocaría un cambio sólo comparable por su trascendencia a una reforma constitucional, surgió como un asterisco más de la agenda de preocupaciones personalísimas de la vicepresidenta de la Nación, quien considera que la Corte es una de las poleas de la maquinaria del lawfare destinada, como ella misma se encarga de decir una y otra vez, a perjudicar su proyección política.
La intención del proyecto quedó en evidencia en el propio recinto del Senado. Es más o menos lo mismo si la Corte soñada por el oficialismo tiene 25 o si tiene 15 integrantes: lo importante es cambiarla para licuar el poder de los jueces que la integran hoy. El proyecto contempló quintuplicar sus miembros y luego, como no conseguía los votos necesarios, el Frente de Todos aceptó rebanarle 10 miembros allí mismo, sobre las bancas del Senado, como para que quede bien claro que la cantidad de jueces del máximo tribunal del país es un detalle negociable en una conversación de pocos minutos y no el resultado de un debate con la importancia que tienen los cambios institucionales de esa envergadura.
Ese recálculo a la bartola también indica que lo que le falta al oficialismo es consenso político. Como a Cristina Kirchner no le alcanzan los votos para iniciar juicio político a los diabólicos magistrados que hoy le generan tantos problemas, elige arrasar con toda la Corte. Es una decisión equivalente a serruchar una alacena para alcanzar el salero esquivo que descansa sobre el estante más alto.
La sesión del Senado había empezado con una marcha atrás de otro plan con apellido propio: la constitución de una Cámara de Apelaciones en Santa Cruz, una provincia que no necesita una institución de esas características, o al menos que no la necesita más que otras provincias mucho más pobladas o con un volumen mucho más alto de causas judiciales. La única finalidad de la creación de una Cámara en Piedrabuena —un pequeño pueblo de unas pocas manzanas en la ribera desértica del río Santa Cruz— es que los Kirchner tengan a mano un reaseguro judicial en la provincia que manejan desde hace 30 años. Para entender la dimensión del capricho alcanza con consultar el padrón de la Asociación de Abogados de Santa Cruz: de allí surge que, al menos hasta este jueves por la noche, en Piedrabuena no había una sola persona que ejerciera esa profesión.
Ayer la vicepresidenta tuvo la oportunidad de decir una vez más lo que piensa sobre el Poder Judicial, en la audiencia por el juicio por la corrupción en Vialidad, la causa que más la preocupa.
Hasta ahora, ese plan le alcanzó para reunir al peronismo detrás suyo, pero no le permitió ganar apoyos nuevos.
Es entendible. Solo un puñado de convencidos puede pensar que entre los problemas del país figure la cantidad de miembros de la Corte Suprema —4, 15, 25 o 60— o la creación de una Cámara judicial en un paraje en donde ni siquiera existen los abogados”.
