Venganza por el canal de la Justicia

Ejemplos de funcionarios que responden a un sesgo autoritario en el actual gobierno suelen abundar en la actualidad y se notó cuando efectuaron denuncias netamente políticas, sin base jurídica, sobre las que luego montaron campañas de desprestigio.

El castigo moral por el pasaje judicial suele ser una constante de la política moderna.

Vale recordar el caso de Enrique Olivera y celebramos el reciente fallo del Juez Sebastián Casanello, que condenó a funcionarios de la Afip por abuso de autoridad a raíz de maniobras dirigidas contra Elisa Carrió. A este mismo Juez se le habían inventado reuniones con testigos para impedir su intervención en una causa que interesaba al Gobierno, objetivo frustrado luego de acreditarse la falsedad de tales imputaciones. A este tipo de denuncias no dudamos en calificarlas de “tan falsas como deleznables”.

Un nuevo capítulo en la misma dirección acaba de escribirse a raíz de la reciente denuncia, efectuada por la actual conducción de la Afip y que esta se encargó de hacer trascender, por la que se cuestionan ciertas contrataciones realizadas por los anteriores administradores Alberto Abad y Leandro Cuccioli para asegurar que el organismo tuviera una representación jurídica independiente y profesional en causas de interés institucional. Tal la causa por administración fraudulenta seguida a Ricardo Echegaray por los privilegios concedidos a Cristóbal López y Fabián De Souza y que redundó en un perjuicio millonario al Estado al comprobarse que, al mismo tiempo que ambos no ingresaban los impuestos adeudados por Oil Combustibles –beneficiándose con diversas moratorias y planes de pago—, expandían su imperio con sucesivas compras de empresas. No es ocioso recordar que, en ese juicio, Ricardo Echegaray terminó condenado al comprobarse su actuación fraudulenta, y la Afip se retiró como querellante justo para el momento en que debía presentar su acusación.

Resulta sintomático que esa misma Afip denuncie ahora a Abad y Cuccioli por haber contratado profesionales que impulsaron y llevaron adelante esas graves imputaciones.

Por un lado, es enteramente entendible que se recurriera a abogados externos al organismo, pues las acusaciones involucraban no solo al exadministrador federal, sino también a varios funcionarios de alta jerarquía. Por otro lado, contra lo que contrariamente se ha afirmado, la ley de ética pública y normas complementarias no prohíben la contratación de abogados externos que litiguen en causas penales, en nombre de la Afip, en la medida en que las posiciones jurídicas que postule el organismo por ellos representado no colisionen con las mantenidas en causas diferentes y totalmente ajenas a aquellas donde asumieron esa representación. Para ello, a los profesionales actuantes se les exige la presentación de declaraciones juradas, en cumplimiento de resoluciones específicas de la Procuración del Tesoro de la Nación, que autorizan expresamente tales contrataciones, de manera de aventar cualquier hipotético conflicto de interés.

Esta reciente denuncia que involucra a Abad y Cuccioli, así como a los profesionales contratados, tiene todos los rasgos de una vil venganza. A esta altura, no sorprende.