El doctor José Sebastián Alegre, defensor particular de Jonathan Astarloa, inició su alegato indicando la actitud “desafiante” de Sergio Canteros el 4 de agosto, cuando ató los carros de la familia Astarloa y con una camioneta los llevó hacia su propiedad, lo que desató el enfrentamiento entre dos bandas. Sostuvo que todos los puesteros se preparaban para la festividad de San La Muerte a la espera de lograr ventas, sobre todo en pandemia. “Mi defendido vendía más que la otra familia. Es cierto que golpeó a Canteros y que los testigos lo ven con una botella en la mano, pero eso es todo, ya que al escuchar ruidos y pensar en que llegaba la policía se retiró del lugar”.
Cuestionó los peritajes: dijo que el arma blanca fue plantada en el lugar del hecho y que el rastrillaje se realizó ocho días después, sin haber resguardado el sitio. Entendió que se trató de un homicidio en riña y consideró que las pruebas de la Fiscalía eran circunstanciales. “No poseen sustento legal y no lograban destruir la presunción de inocencia que pesa sobre mi defendido”. No compartió la calificación legal que pretendían la Fiscalía ni la querella —homicidio criminis causa— porque no concurrían los elementos del tipo penal: no estaba probado quién atacó primero, y no había relación entre el medio y el fin. Para terminar, pidió absolución de su defendido por insuficiencia probatoria. Por su parte, el doctor Andrés Antonio Gauna es defensor particular de Gisella Paola Astarloa y Luis Walter Astarloa. En su alegato de clausura aseveró que “no había prueba alguna para analizar”, al punto de que “me atrevo a decir que se trató de un festival de inferencias y presunciones”, por parte de la Fiscalía. La causa carece de objetividad, agregó, dejando en claro que la acusación fiscal padecía de “orfandad probatoria”.
Desestimó las interpretaciones de la Fiscalía y la querella por parciales y antojadizas. Rechazó la instigación endilgada a su defendido y expresó que la acusación “buscó un resorte para que estas muertes fueran tomadas como una lección por la sociedad, ya que anteriormente no recibieron respuesta necesaria por parte del Estado (en referencia a que Jésica Rodríguez llamó 9 veces a la Policía)”. Señaló que su cliente Luis Walter debía ser absuelto porque no había elementos para proporcionar la convicción para una sentencia de esa magnitud, como así tampoco en el caso de Gisella a quien nadie vio armada.
(NG)
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