Por José Luis Zampa
Paraguay sangra la historia latinoamericana. Es una Nación que siempre mereció más y que siempre recibió menos porque sus orígenes heroicos la hicieron brillar desde los albores de una emancipación que, a sangre y fuego, convirtió una de las colonias españolas de esta parte del orbe en el ejemplo indeseado de la potencia económica y militar del siglo XVIII y XIX.
Las heridas abiertas por la llamada Guerra de la Triple Alianza, una trampa británica que se valió de la antigua Provincia Cisplatina, de la monarquía brasileña y del mitrismo argentino para pulverizar el aparato productivo paraguayo a mediados del siglo antepasado, signaron para siempre la vida de sucesivas generaciones de una descendencia guaraní diezmada en Cerro Corá.
Hoy la querida República del Paraguay vuelve a padecer una hemorragia institucional, política y económica que desnuda la peligrosidad de las recetas ultraliberales, a la vez que advierte sobre las consecuencias de un modelo de administración que antepone los resultados macroeconómicos a la cuestión social.
Se preguntará el lector por qué esta columna tilda de liberales a los recientemente desplazados del poder en el vecino país, si en realidad pertenecen a una fuerza conservadora cuyos orígenes se remontan al nacimiento de los latifundios surgidos a partir de la injusta derrota infligida por la Triple Alianza allá por 1870.
Parece un oxímoron, pero en realidad existió una complementariedad entre las doctrinas libremercadistas del siglo XX y la estructura productiva paraguaya, que se concentró a partir de la muerte del Mariscal López y la asunción de administraciones permeables a intereses económicos extranjeros, beneficiarios de operaciones inmobiliarias pactadas a precio vil. En ese proceso, la enorme mayoría de las superficies cultivables del país (que eran propiedad del Estado) pasaron a manos de un reducido grupo de latifundistas.
Lo que en tiempos del supremo Gaspar Rodríguez de Francia y los López (primero el padre, Carlos Antonio, y luego el hijo, Francisco Solano López) fueron las “Estancias de la Patria”, divididas en unidades agrícolas entregadas en comodato a las familias rurales, pasaron a manos de magnates argentinos, brasileños y europeos hasta alcanzar el índice de distribución de tierras más desigual del continente: el 2 por ciento de la población posee el 80 por ciento del suelo fértil de Paraguay, según un informe publicado por la BBC en 2019.
La dictadura de Alfredo Stroessner perfeccionó el sistema para apoyarse en los terratenientes y las grandes fortunas, que junto con las Fuerzas Armadas le garantizaron 30 años de permanencia en el poder. En ese período, los hijos y nietos de los trabajadores rurales sin tierra (resultantes de la concentración territorial posguerra) acudieron a las ciudades en busca de oportunidades, pero sin políticas integradoras que favorecieran el movimiento social ascendente quedaron ubicadas en la base de la pirámide social, que más que una pirámide es una “T” invertida: un populoso sector de trabajadores informales sin protección social alguna y una minoría acomodada cuyos negocios se vieron favorecidos por una escasa presión fiscal.
En otras palabras: durante buena parte del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, el Estado paraguayo mantuvo en niveles irrisorios la recaudación impositiva, atrajo capitales especulativos y alcanzó una sorprendente estabilidad cambiaria sostenida por niveles de consumo circunscriptos a productos de primera necesidad que -en buena parte- son importados. Salvo por la carne, los granos y las elaboraciones más tradicionales entre las que brillan la yerba y la caña, un vasto vademécum de artículos disponibles en mercados y shoppings viene de afuera, en un esquema alentado por la omisión arancelaria.
En esas condiciones, en un país donde un albañil puede llegar a morirse de una apendicitis porque no tiene el dinero para costear una cirugía (a menos que cruce a Clorinda para operarse en algún hospital público argentino), cualquier gobernante de turno que adopte medidas paliativas mínimas de las desigualdades imperantes puede, velozmente, transformarse en una figura angular para las mayorías postergadas.
En ese ídolo de multitudes se convirtió (al menos por un tiempo) el ahora caído en desgracia ex presidente Santiago Peña, impulsor de un programa llamado “Hambre Cero” que inyectó recursos a los gobernadores para afrontar la emergencia alimentaria tanto del Paraguay profundo como de los cordones marginales de Asunción.
Mientras esas partidas eran enviadas por el Palacio López a las escuelas (mediante empresas contratadas al efecto), la avaricia de Peña se concentró en los tejes y manejes del ahora quebrado banco digital Ueno, cuyo exponencial crecimiento fue motorizado por los fondos de jubilaciones, las regalías de Itaipú y otros dineros públicos.
Se sabe en qué habría consistido el desfalco: el Grupo Vázquez (dueño de la entidad fallida) prestó a diestra y siniestra dinero que nunca pudo (ni pretendió) recuperar, hasta que un día cualquiera el poderoso ex presidente Horacio Cartes le retiró los embajadores a su otrora discípulo.
Cuentan las fuentes consultadas por este cronista que habría bastado un par de llamadas del líder de la ANR (Asociación Nacional Republicana, más conocida como “Partido Colorado”) para que los grandes clientes que todavía le proporcionaban encaje al Ueno Bank se retiraran hasta dejarlo sin liquidez para responder a las exigencias del Banco Central de Paraguay. Lo siguiente ya se conoce: la entidad financiera fue intervenida, su aplicación digital dejó de funcionar y unos 2,9 millones de clientes quedaron impedidos de gastar o extraer dinero.
Se descuenta que el ex presidente Peña (accionista de Ueno Bank hasta el año pasado) fue favorecido con el producto de tales defraudaciones. Se sabe que el banco caído fue una elucubración materializada a partir de su llegada al Poder Ejecutivo y que -según marcan numerosos indicios- el desfalco buscaba consolidar el poder económico personal del ex mandatario en su pulseada con Cartes, de quien se había distanciado al punto de cortar el diálogo con la dirigencia del sector interno “Honor Colorado”, bastión oficialista del partido gobernante.
Volvamos a la historia, que siempre proporciona razones para entender el presente: las clases postergadas de Paraguay tienen en su ADN información ancestral que las conduce a valorar las administraciones patriarcales. Y como sucede en la gran mayoría de los países latinoamericanos, la clase política aparece atravesada por la corrupción endémica.
Esta columna no intenta generalizar ni abre juicios de valor sobre las preferencias ideológicas de los hermanos paraguayos, pero por algo Stroessner duró tanto tiempo y, por razones que podríamos considerar equivalentes, la astucia de Horacio Cartes, magnate tabacalero y poderoso empresario de distintos rubros, es premiada con la confianza mayoritaria de todo un pueblo.
Peña intentó ir por la cabeza de Cartes, pero pisó la cáscara de banana de su propia ambición. Condenado por la avaricia, el proceso judicial en su contra podría derivar en una dura condena por desviar recursos del Estado hacia un banco vaciado cuyo hundimiento retrotrajo la economía paraguaya a la grave crisis financiera de 1995, cuando más de 20 entidades crediticias quebraron por falta de liquidez.
Una vez más, el que en su momento fue el más independiente de los países sudamericanos, desendeudado y próspero productor de alimentos para el mundo, se sumerge en las sombras de una traición política para volver a foja cero en un ciclo que se repite como advertencia a las demás naciones del Cono Sur: el mesianismo de los gobernantes de turno siempre hace de las suyas frente al silencio de los corderos.
