El dato de una economía en crecimiento, con un 4,4 por ciento registrado por el Indec para el ejercicio 2025, sorprendió a los laburantes que rascan el fondo de la olla, contraen deuda y se convierten en contumaces morosos como consecuencia de una recesión provocada por el modelo económico.
La pregunta viene sola a la mente de cualquiera que coteje la estadística con la realidad: si hubo crecimiento, ¿quién se llevó los dividendos?, porque a los hogares del argentino promedio no llegó un mango. La respuesta a ese interrogante es pura lógica: se puede crecer sin volcar el fruto de lo acrecido en finalidades constructivas. Como el padre avaro que amasa fortunas mientras alimenta a su prole con sebo.
El punto es que los sectores favorecidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) sacan pero no ponen. Hay que decirlo así, sin eufemismos, para ponerse en el lugar de un fabricante de rulemanes del Gran Buenos Aires que, en vez de expandirse vendiendo repuestos a las extractoras de petróleo de la Patagonia, cayó en bancarrota desde el momento en que las importaciones se abrieron indiscriminadamente y las puertas del crédito le fueron bloqueadas por el plan económico de Caputo.
¿Cómo es eso? Las mineras, las corporaciones exportadoras de granos y las petroleras que operan en Vaca Muerta no liquidan sus ventas al exterior sino a través de un esquema impositivo agujereado, incapaz de retener el proporcional de los dividendos obtenidos por las materias primas argentinas y, desde hace dos años, conducido por un fanático de la escuela austríaca que considera toda intervención del Estado como una distorsión del sistema.
Las triangulaciones con paraísos fiscales, con sus casas matrices y con oficinas meramente burocráticas en Montevideo o Asunción permiten a las multinacionales de la envergadura de Cargill, Bunge y Dreyfus (no piensen que el productor raso es quien exporta) esquivar las obligaciones tributarias más gruesas.
El método es simple y prácticamente indetectable para un Estado que (como la Argentina en la era Milei) se retira de su rol de contralor, con lo cual deja el camino libre para maquinaciones al mejor estilo Panamá Papers.
Veamos: la soja sale del puerto de Rosario con destino a China, pero antes de llegar a destino la factura de esa operación pasa por un despacho con sede en Montevideo (en el que no ven un solo poroto), donde paga una suculenta comisión por servicios de venta o de flete. Ese costo extra le resta ganancias a la transacción internacional y aparece en los balances de la exportadora como un “gasto”, cuando en realidad es una utilidad oculta, ya que la oficina uruguaya pertenece al mismo holding exportador.
Y con el petróleo, el gas, el litio o el cobre pasa lo mismo. Para eso fueron creados los paraísos fiscales como las Islas Vírgenes, Samoa, Turcas y Caicos, donde los dueños del dinero esconden su patrimonio a través de una interminable mamushka de empresas que se transfieren activos hasta escapar por completo de la coerción estatal.
El RIGI aplicado en la actualidad, tal como está diseñado, proporciona a las transnacionales un puente de oro para llevarse sus dólares sin tributar, dado que permite el giro de utilidades al exterior en una curva creciente según la cual las compañías que radican sus enclaves en el territorio nacional se liberan por completo de liquidar en el mercado local a los tres años de iniciada la inversión.
A esa licencia para fugar capitales se suma el consentimiento de importar maquinaria, tecnología e insumos de sus países de origen con arancel cero. Existe una cláusula según la cual el 20 por ciento de sus equipamientos debe provenir de empresas argentinas, pero en caso de que los proveedores locales no puedan abastecer la demanda de, por ejemplo, una operadora de Vaca Muerta, el requisito proteccionista se desactiva.
Tal como están las cosas, el Gobierno Nacional permite a las multinacionales que traigan todo lo que quieran de afuera con el argumento de que la industria nacional no está a la altura de las circunstancias.
El problema es el desmantelamiento del andamiaje industrial. Miles de pequeñas y medianas fábricas quebraron debido a la competencia importada y a la estrategia de contener el dólar mediante intereses bancarios altos, lo que deja a las pymes argentinas sin la más mínima chance de acceder al crédito para renovar sus procesos productivos.
Con estas reglas de juego, donde una multinacional puede operar como una isla de riqueza desconectada del resto del país, ¿qué incentivo real tiene para desarrollar a un proveedor local o subirle el sueldo a un trabajador, más allá de lo mínimo indispensable? Ninguno. Simplemente se abroquela para sobrevivir o se reconvierte como importador mientras paraliza su capacidad instalada y prescinde de su personal.
El presidente Javier Milei, un fomentador del cierre de las empresas que él considera “ineficientes”, asegura que los trabajadores desahuciados encontrarán una rápida inserción en otras actividades más rentables fruto de la capacidad autorreguladora del Estado, pero su hipótesis no se evidencia en la realidad sino todo lo contrario: la minería, el agro y la intermediación financiera no demandan mano de obra y el desempleo va en aumento, junto con la caída constante del poder adquisitivo, además de una recrudecida inflación.
De ese modo, los favorecidos por el ajuste más grande de todos los tiempos multiplican sus dividendos en un esquema que suprime la clase media mediante una economía de dos pisos. En la planta alta, un selecto grupo de capitalistas con acceso al mercado exterior y productividad de gran escala, mientras que en la planta baja reina la informalidad laboral y los procesos productivos se limitan a la subsistencia de actores económicos impedidos de ascender a la planta alta porque la movilidad social ascendente ha sido desconectada para dar lugar a una nueva clase trabajadora condenada al empleo sin bienestar.
Porque cuando el crecimiento no se transforma en desarrollo, la economía profundiza la brecha entre un estrato de alta gama, pantagruélico y con espalda suficiente para proveer de materia prima y energía a las potencias mundiales, y un piso inferior de trabajadores con salarios por debajo de la línea de pobreza, sin perspectivas de progreso en razón de que el producido de las exportaciones no retroalimenta el mercado interno debido a la ausencia de los contrapesos impositivos del Estado.
Crecer sin compartir es la regla del gobierno de La Libertad Avanza, que no se conmueve frente al costo social de sus políticas. Simplemente, las justifica como el resultado natural de las habilidades y debilidades de cada persona, sea física o jurídica. El que pudo llegará a la planta alta, bienvenido. El que no, es libre de morirse de hambre.
