El desafío de cumplir con las obligaciones del Estado sin resentir los servicios esenciales con un presupuesto corroído por la baja recaudación nacional es el que enfrenta por estos días el Gobierno de Corrientes, encabezado por un mandatario que, para escapar de la inercia ajustadora y contener a los sectores más golpeados por la recesión, enfoca su mirada en la frontera público-privada.
Juan Pablo Valdés persigue la virtud aristotélica del equilibrio entre dos mundos que no siempre congenian. Apunta al filón de oportunidades que representa la interacción sinérgica entre la empresa que invierte y el Estado que proporciona el sustrato para que esa inversión florezca. Intenta por los flancos de Mercado Libre y Amazon, dos corporaciones con las que mantiene contacto.
¿Qué tiene para ofrecer? Exenciones tributarias, economía burocrática y modernización de los procesos administrativos. Un entramado facilitador que se completa con el perfil desarrollista de Corrientes, cuyo potencial acrece apuntalado por sus propias decisiones de fondo: hace rutas, puertos y obras destinadas a fomentar el turismo a través de programas como el Plan Iberá.
Marca así una diferencia sustancial con el modelo antiestado del presidente Javier Milei, pero sin renegar de las coincidencias expresadas en el acompañamiento de políticas nacionales como la llamada Modernización Laboral. Esa norma -sin ir más lejos- fue el parapeto utilizado por la oficina de Trabajo provincial para desactivar el último paro docente, en razón de que la nueva ley considera “esencial” la labor educativa.
Aunque luce una identidad originaria enraizada en el mismo tronco político-familiar del que surgió su antecesor, JPV aprendió que, dados los tiempos contractivos que corren, necesariamente debía imprimirle criterios de severidad fiscal a la dinámica del gasto público, para lo cual articuló cambios puertas adentro de su equipo. El más notorio de todos fue la designación de Héctor Grachot al frente del Ministerio de Hacienda.
El nuevo ministro no es un recién llegado. Al contrario, se fogueó como mano derecha de quien por ocho años fue el armador de la ingeniería financiera provincial, Marcelo Rivas Piasentini. Sin embargo, representa un cambio de aire pertinente para una coyuntura de protesta germinal. Grachot aporta, además de rigor técnico, frescura oxigenante para una relación que el Gobierno busca reconfigurar con el arco sindical a fin de encarrilar el tren hacia un plano de necesidades concurrentes, en el que ambos lados del mostrador se beneficien a pesar del plan motosierra: gastar poco, pero lo necesario. Cumplir con las obligaciones, pero sin entrar en las arenas movedizas de la imprevisión en tiempos de escasez.
La consigna que pedirá pista en el diálogo con las organizaciones gremiales es aguantar la caída de la coparticipación con una escala salarial menguada, suficiente para lo esencial. ¿Cómo hacerlo? Son las artes que pondrá en práctica el nuevo ministro, un especialista en el intercambio de propuestas creativas y capaces de seducir a los bastiones más obstinados.
El sentido de la optimización y priorización de los desembolsos que vaya haciendo la provincia reside en tocar la experiencia cotidiana de los correntinos que todavía dan batalla en el escalón de la clase media.
El comerciante que, como Juan Ignacio, dueño de una pequeña rotisería de Laguna Seca, intenta variar el menú del día con alternativas sin carne y propone tartas de acelga o milanesas de pollo para reconquistar clientes que dejaron de comprarle.
El sueldo del empleado público tiene que alcanzar para que Juan Ignacio venda una tarta a la familia que, por sus tiempos acotados, no llegó a preparar el almuerzo en casa. Esos 14.000 pesos que vale su pascualina deberían adecuarse a las posibilidades de un hogar de clase trabajadora al menos una vez cada 10 o 15 días, de manera que el círculo virtuoso de la economía encuentre su curso a niveles domésticos, allí donde la cadena producción/consumo se rompió.
¿Es posible con un aumento salarial del 6 por ciento? El ministro Grachot tendrá que armarse de paciencia para demostrar que se puede y que, por el momento, no hay otro camino en razón de una máxima sagrada de todo grupo familiar que haya navegado en aguas profundas con el casco perforado: más vale cobrar menos pero siempre, que cobrar más sin garantía de continuidad.
Los docentes hicieron punta a la hora del reclamo callejero. Se expresaron en distintas localidades y llegaron hasta la Casa de Gobierno en un clima de unidad que se quebró cuando los autoconvocados propusieron el pecado de coartar el derecho a la educación de los niños, con la insensata propuesta de que los padres no enviaran a sus hijos a las escuelas para alimentar el paro.
Buena parte de los tutores percibió el tufillo político de la infiltración opositora en esa peregrina idea de privar a los chicos de recibir conocimientos, pues no era otra cosa que una inducción a violar la ley de obligatoriedad escolar, una acción disvaliosa que podría deparar consecuencias civiles y penales para los adultos que la pusieran en práctica.
Por esa vereda de discrepancia de los miles de madres y padres que se enojaron con la invitación contraventora de los autoconvocados podría transitar la propuesta de concertación que, llegado el momento, habrá de formalizar la administración Juan Pablo en el campo minado donde le toca actuar, bajo el síndrome de la sábana corta.
Para eso llegó Héctor Grachot, arquitecto de la nueva escala de prioridades que pondrá en marcha al Gobierno para cumplir con todos, en su debido momento y conforme las posibilidades que se vayan generando a medida que transcurre el ejercicio fiscal con buenas noticias como el triunfo judicial contra los fondos buitre por la expropiación de YPF, un gol de media cancha que debería derramar sobre las administraciones provinciales.
Porque en tiempos de vacas flacas no alcanza con repartir lo que hay. Hay que tener el temple y la legitimidad para decidir quién espera y quién no. Ese es el verdadero imperativo correntino. No sólo ordenar las cuentas, sino sostener el delicado equilibrio que mantiene en pie a la provincia cuando, como ahora, el plan económico nacional resta en vez de sumar. Gobernar, al fin y al cabo, no es otra cosa que elegir cómo se administra lo escaso sin que se rompa el contrato social.
