La política, el empresariado y la prensa contemplan el desembarco de Peter Thiel desde roles pasivos, como observadores o relatores de un proceso de colonialismo tecnológico que pareciera inexorable. Todos miran, pero por excepción de la regla, algunos pocos, hacen.
En Corrientes, desde que comenzó a construirse el complejo cultural y comercial “La Unidad”, gana músculo un acto de resistencia contra el oligopolio de corporaciones privadas que, bajo la forma de un neocapitalismo digital, controla, administra y usufructúa información vital voluntariamente cedida por millones de personas.
El contraste es evidente. Mientras el presidente Javier Milei recibe en la Casa Rosada al dueño de Palantir, Peter Thiel, alineado con Estados Unidos en la privatización de la seguridad y la defensa, Corrientes peina la realidad a contrapelo y proporciona un ámbito que busca albergar a los nuevos desarrolladores en un polo tecnológico de matriz pública.
Está acá nomás, en el patio posterior de la vieja penitenciaría, y se yergue bajo la forma de una torre de contornos afilados, con una cúspide que bien podría representar la cuña institucionalista metida por una provincia del Litoral argentino en el bloque de tecnomillonarios que, en los últimos años, han logrado transferir el poder estatal a sus plataformas de bigdata.
Los países más poderosos de Occidente, como Estados Unidos y Gran Bretaña, contratan los servicios de estas compañías nacidas en Silicon Valley sin medir las derivaciones de la ajenidad con que transcurren las operaciones militares o migratorias que Palantir despliega para, por ejemplo, detectar migrantes, controlar los turnos médicos en los hospitales ingleses o lanzar un ataque de drones contra objetivos iraníes equivocados, como una escuela.
Al parecer, lo están haciendo sin supervisión externa y motivados por un fundamentalismo rayano con la apología de la guerra, como cuando Alex Karp (el cofundador de Palantir) alentó el uso del poder bélico norteamericano contra “las culturas regresivas” de Medio Oriente.
Como en la película Robocop, la compañía de Thiel y Karp vigila y sentencia de manera inapelable, sin más esfuerzo que escrutar con su inteligencia artificial los rostros, las casas y los consumos de incautos individuos mirados desde un panóptico omnipresente.
Corrientes tiene ahora su propio panóptico. Lo edificó donde antiguamente funcionó una vieja cárcel con un sentido paradojal, casi como una declaración de principios: si antes el Estado encerraba a allí a los descarriados, ahora ofrece una rampa de libertad para la creación arquitecturas cloud que beneficien a la comunidad en materia de crecimiento económico, salida laboral y consolidación del modelo constitucionalista adoptado por una sociedad democrática que elige vivir conforme un voluntario pacto de convivencia.
Esta usina de creaciones tecnológicas fue planificada y comenzó a ejecutarse en la gestión de Gustavo Valdés, pero cobrará plenitud durante la administración de su sucesor, Juan Pablo, quien adoptó la palabra “modernización” como leit motiv de su gobierno sin que -quizás- buena parte de la correntinidad haya comprendido cabalmente la profundidad del término.
¿Qué quiere decir el gobernador cuando pregona a favor de modernizar el Estado? ¿Poner más computadoras en las oficinas y cámaras en las calles? Es mucho más que eso.
Y la llegada de Thiel a la Argentina ayuda a explicarlo por vía comparativa.
Para asimilar el espíritu de las decisiones que prometen convertir a Corrientes en un polo tecnológico nacional, hay que asomarse al abismo distópico que propone Peter Thiel, un anarcocapitalista que predica la muerte de la democracia y pergeña “ciudades flotantes” independientes de toda nación, pobladas conforme un escalonamiento social demarcado por parámetros lombrosianos.
El Estado correntino no reniega de la tecnología sino que la abraza, pero sin comprarla en paquete cerrado. En vez de eso, la institucionaliza mediante la construcción de infraestructura propia como parte de una estrategia que preserva el rol central del Estado.
De esa forma, retiene la gobernanza sobre la economía del conocimiento en lugar de cederla totalmente al mercado o a otros actores externos. Y lo hace en sinergia con el sector privado y con la universidad, de modo que los productos emanados de la factoría pública conserven lo esencial: la soberanía de datos materializada en una red provincial de telecomunicaciones y un polo físico que eleva al poder administrador a la categoría de protagonista de las transformaciones en curso.
En la contracara del plan correntino, están los megamillonarios que no producen nada, salvo el ámbito virtual donde la humanidad interactúa en una existencia etérea. Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Elon Musk son las cabezas visibles de esta nueva dimensión sin territorialidad que cotiza en bolsa a partir del aporte gratuito de internautas dedicados a cargar los servidores de la llamada “nube” con un inaudito e indetenible caudal de fotos, textos, videos y transmisiones en vivo.
Por eso Corrientes se recorta en el horizonte digital como una rara avis. El complejo “La Unidad” tiene su epítome en el centro de desarrollo tecnológico que funcionará como contrafigura del mesianismo encarnado por el magnate alemán llegado a la Argentina para seguir de cerca el experimento Milei.
El camino demarcado por la planificación correntina controvierte la maquinación de los cibermillonarios. La existencia de una incubadora de tecnología capitaneada por un Estado presente, desnuda el peligro creado por las procesadoras de datos antropométricos y conductuales que proceden sin bandera, como piratas.
Deja en evidencia que, en el seno de las megaprocesadoras privadas, se cuece el potaje de un nuevo mundo cuya pretensión principal es jubilar las soberanías territoriales, las instituciones públicas y los gobiernos representativos.
Thiel es un profeta de ese pensamiento. Pretende pulverizar las estructuras organizacionales del Estado para hacer realidad su sueño húmedo: reemplazar el sistema republicano concebido a partir de la Revolución Francesa por una gran plataforma de empresas que proporcionen condiciones de vida adaptadas a las potencialidades de cada individuo. Y en este punto ya no sirve hablar de “ciudadanos”. Mejor, cabe el término “ciberplebeyos”.
El objetivo es teledirigir los recursos producidos a través del régimen que Yanis Varoufaquis define como “tecnofeudalismo”, de acuerdo a una evaluación automática de los datos entregados por los usuarios a las redes sociales, por completo prescindente de la contraloría estatal y ejecutada por los dueños de las Big Tech sin que nadie los haya elegido para tal misión.
En vez de las garantías constitucionales que confieren fuerza de ley suprema a los derechos humanos y al principio de solidaridad, el orden de mérito diseñado por Thiel y sus socios estará configurado por el silogismo de “a mayor virtud, mayor calidad de vida”. El problema es quién mide la virtuosidad de los individuos en caso de que el Estado deje de existir.
En el nuevo orden que propugnan los tecnoligarcas, el más brillante merecerá acceder a estudios de grado y el más solvente merecerá acceder al crédito, pero el menos apto merecerá dedicarse a tareas inferiores o recibirá un ingreso universal escuálido. Y sanseacabó.
La convicción según la cual las masas no necesitan elegir a un gobernante que las represente, sino funcionar como una megaempresa que catalogue a las personas como accionistas, consumidores u obrajeros digitales ofrece un nuevo paradigma donde el Contrato Social de Rousseau ha dejado de funcionar porque condiciona las libertades individuales.
Chocolate por la noticia. Si desde la toma de la Bastilla siempre ha sido así, pues la vida en comunidad ha requerido que cada ciudadano sacrifique una cuota de libertad en pos de la tranquilidad convivencial.
El fundador de Palantir pareciera no comprenderlo. Su obsesión es tomar el control de las decisiones a pesar de la incerteza de los algoritmos, que a veces se equivocan feo. Tanto que, el mes pasado, mandaron drones a bombardear una escuela donde 170 niños terminaron muertos.
