n Un Estado pequeño no es necesariamente un Estado eficiente. Del mismo modo que una inflación baja no equivale necesariamente a una sociedad que vive mejor.
Lo que la actual administración nacional festeja en relación con la reducción inflacionaria demuestra algo más que la disminución del índice de precios al consumidor: exhibe el doloroso camino elegido para lograrlo, con una apertura importadora que hirió de muerte a la industria manufacturera y -literalmente- mató a más de 31.000 empresas.
Ese 1.7 por ciento registrado por el Indec durante agosto puede servir como aliciente puertas adentro de un gobierno diagonalizado por las internas de sus altos mandos, pero no se percibe en la calle ni en el bolsillo de los consumidores. Es -apenas- un dato flotante entre las noticias que no repara el daño causado para llegar a él.
¿Es lo que el pueblo argentino quería? Podría decirse que sí. Por algo ganó Milei las elecciones de medio término, cuando los síntomas de una implosión recesiva estuvieron a punto de quebrar la pseudoflotación del tipo de cambio para desatar una corrida del dólar frenada justo a tiempo, gracias la inyección de divisas de Estados Unidos y a un par de publicaciones de Scott Besent en la red social X.
El costo de una inflación a la baja, por ende, es un endeudamiento centenario con las potencias económicas globales, la reducción a cero de las inversiones públicas en infraestructura para destinar tales recursos al pago de esa deuda y, finalmente, la destrucción del empleo registrado, reemplazado por el cuentapropismo de las aplicaciones.
Me lo dijo una maestra la otra tarde en que, sin apuros por llegar a una reunión céntrica, ensayé un diálogo en el que admitió: “En mis tiempos libres hago Uber para mejorar los ingresos hogareños desde que mi esposo quedó desempleado”. Le pregunté qué hacía su cónyuge: “Está tratando de buscar algo en lo suyo, como ingeniero, pero a los 50 es muy difícil, así que también maneja este auto cuando yo doy clases”.
No me atreví a preguntarle si había votado por Milei. Me tenía que bajar y le transferí el pago por Mercado Pago, el monedero electrónico de un fervoroso adherente a las ideas de la libertad que, aunque subsidiado por ser el dueño de una empresa tecnológica, decide sobre el patrimonio -y la vida- de miles de personas endeudadas por contraer préstamos automáticos para comprar lo que no se debería pagar con créditos: comida, cuota escolar, resumen de tarjetas de crédito, etcétera.
¿Vale la pena mantener una inflación del 1.7 por ciento a ese costo? Muchos dirán que sí. El resultado electoral lo corrobora, pero hay una verdad subyacente que no logra aflorar por completo en razón de las alucinaciones de un sistema democrático cooptado por los tejes y manejes de la digitalidad, una dimensión donde la mentira es la verdad. Y viceversa.
Tanto que resulta plausible, al menos en el corto plazo, presentar una batería de medidas patrióticas para defender la soberanía en Malvinas sin que nadie recuerde la anglofilia que hasta hace no mucho tiempo caracterizaba al autor de tales disposiciones sancionatorias para las empresas que osen operar en los yacimientos de “Sea Lion”.
El dato positivo de la inflación descendente encuentra tierra abonada en las redes sociales para que miles de internautas se autoconvenzan con la zanahoria del “estamos mal, pero vamos bien”. Es la penetración del algoritmo en la conciencia colectiva, un mecanismo de dominación que ha influido en las numerosas elecciones de países occidentales. La de Donald Trump, sin ir más lejos.
Sea como sea, la democracia es la única vía con la que cuenta la ciudadanía para colocar o desalojar pacíficamente a un gobernante, con lo cual la calamidad desorientadora en la que se mantienen sumergidos los referentes del principal espacio opositor (para resumir, nos podemos referir a tal mosaico político como “PJ”) resulta funcional a los actuales mandamases de Olivos. En medio de ese desastre que es la fractura expuesta del peronismo, las posibilidades del presidente anti-Estado crecen al punto de una hipotética victoria en segunda vuelta.
Y si eso llegara a pasar, el compromiso del líder libertario es profundizar el modelo que consiste en reducir el sector público a las catacumbas del viejo Estado gendarme. Es decir: sólo policía y justicia, con todo el poder que implica el haber colocado magistrados en espacios estratégicos en los últimos tiempos, incluido uno que adquirió fama a partir del escándalo de Lago Escondido.
Para ver en el tiempo lo que viene en el futuro de la Argentina meritocrática que pretende el actual jefe de Estado hay que viajar un par de días a Paraguay. Pero no a Asunción. O por lo menos no a la exclusiva zona de Villa Morra. Hay que internarse por las rutas del interior que alguna vez, en pleno siglo XIX, fue un referente de la autodeterminación económica y productiva a nivel continental.
Las rutas, las calles, los puentes, las banquinas y todo lo que implique servicios dependientes del erario público (incluido cloacas, redes de agua potable, desagües pluviales y plazas) presentan un estado de deterioro compatible con el nivel de vida que lleva la clase trabajadora del vecino país. Porque allí, el Estado no proporciona prácticamente nada, ni salud, ni educación y mucho menos seguridad social.
La antigua y portentosa Paraguay del supremo Gaspar Rodríguez de Francia es apenas un eco de la historia. En aquellos años de autocracia blanda, el presidente vitalicio de la república guaraní mantenía los medios de producción en manos del Estado (existían las Estancias de la Patria) y cedía superficies productivas a familias dedicadas a la producción de algodón, caña y carne.
Y no había deuda pública, sino que había futuro, tanto que Inglaterra acicateó la guerra de la llamada Triple Alianza para apagar lo que, a los ojos del imperio europeo, era un mal ejemplo para las excolonias españolas. “Demasiado independiente no nos conviene”, habrán pensado los diseñadores de aquel conflicto que terminó en la masacre de Cerro Corá.
La historiografía revisionista indica que los estrategas británicos lo consiguieron. Paraguay pasó a ser un típico país de dos dimensiones irreconciliables. En una de ellas, el proletario trabaja a destajo para ganar el pan de cada día a sabiendas de que se puede morir de una apendicitis si no tiene dinero para la operación. En la otra dimensión, un segmento de clase alta y media alta bebe las mieles de una economía informal diseñada para generar jugosos dividendos que el Estado no puede -o no quiere- gravar.
Los empresarios paraguayos más potentes dejaron de usar las rutas destrozadas de su país. Se mueven en aviones privados porque los caminos se han convertido, con el correr de las décadas, en trampas mortales comparables al ahuellamiento criminal que presenta desde hace algunos años la Ruta Nacional 14, en su tramo mesopotámico.
Una diferencia podría salvar a la Argentina de un destino tan injusto. Es el yacimiento de Vaca Muerta, donde la riqueza hidrocarburífera emana de las entrañas montañosas para proporcionar todo aquello que demanda el mundo en plena disputa por el Estrecho de Ormuz.
¿Quién administrará el producido de esa gallina de huevo de oro? La sociedad argentina debe decidirlo dentro de un año, a sabiendas de que las alternativas se acotan a dos caminos: el del ajuste y el Estado pequeño, sin beneficios sociales y -posiblemente- sin el sistema jubilatorio que hoy sobrevive desfinanciado por la caída de empleo formal, o el de un Estado solidario que cambie el sentido del reloj por un programa de inversiones que incentive el trabajo, las pymes y la educación de excelencia.
¿Utópico? Puede ser. A menos que surja la alternativa con un mensaje simple, directo y claro: para crecer sin perder autoridad soberana, es necesario que los medios de producción se mantengan en manos de los sectores con vocación de sembrar, cosechar, procesar, empacar y venderle al mundo productos con valor agregado en vez de materia prima. Como hacía Paraguay en los tiempos de don Gaspar Rodríguez de Francia, mucho antes de que existiera el socialismo.
