La Corte Suprema de Justicia resolvió que para el cobro retroactivo de haberes jubilatorios se debe aplicar un índice de cálculo que arroja resultados superiores a los que emplea actualmente la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) y declaró inconstitucional el que utiliza el organismo para actualizar las jubilaciones.
En este sentido, aún se esperan conocer detalles del impacto de lo resuleto por el máximo tribunal judicial del país. En Correintes, especialistas evalúan la letra chica para poder proyectar el alcance en lo local.
Lo que en principio se sabe es que luego del dictamen de la Corte que resultó favorable a Luis Orlando Blanco, 11.766 juicios similares pasarán a tener sentencia firme de manera directa e inmediata a nivel nacional.
Por su parte, tal como se comprometio el Gobierno, la Anses no presentará recursos extraordinarios ante la Corte en otros 150.000 casos con respecto al índice de actualización de las remuneraciones que determinan el haber inicial. Asimismo, continuarán pagando estas sentencias que quedarán firmes. Los que no se verán beneficiados con el fallo de la Corte son los que aceptaron la Reparación Histórica, ya que se inclinaron por no iniciar juicio -con o sin sentencia firme-.
No obstante, el pago de estas sentencias firmes es una incógnita, ya que por la partida fijada en el Presupuesto 2019 para el pago de los retroactivos de las sentencias podría pagar $ 34.358 millones equivalente a 40.000 sentencias, a razón de un promedio de $ 850.000 por jubilado.
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