Por Eduardo Aulicino
Nota publicada en infobae.com
Nadie con sensatez negaría que lo que suele ser reducido a la categoría de delincuencia juvenil constituye un fracaso social. Una realidad que sólo tiende a agravarse y cuyo ingrediente más visible, pero para nada único, es el fracaso político para revertirla. Ahora, el anunciado envío de un proyecto de sistema de responsabilidad penal juvenil repone una parte de la discusión. Y el foco y las primeras señales parecen no superar siquiera la periferia del debate.
El Gobierno anunció de manera más bien informal su proyecto. En rigor, no lo presentó, aunque dejó trascender el texto: cuarenta páginas, con cien artículos y un anexo. Una alternativa real, un paso adelante con puntos para discutir, frente al sistema retrógrado vigente.
Como cualquier iniciativa oficialista, demandará negociaciones para poder ser aprobada. Iría al Congreso para ser tratada en sesiones extraordinarias, es decir, en febrero. Por ahora, no está claro si la agenda sumaría otros asuntos pendientes, ley contra barras bravas y financiamiento de las campañas, pero todo indica que una discusión como la planteada podría superar los límites del mes próximo y prolongarse a partir de marzo en las sesiones ordinarias.
Se verá si hay debate. Hasta ahora, las repercusiones conocidas escribieron tres módicos renglones. El primero y de mayor impacto mediático refiere casi exclusivamente a la baja de la edad de imputabilidad, rubro que también los principales sectores de la oposición, kirchneristas, peronistas federales, massistas, plantearon en distintos momentos. Hablaron en general de llevarla a los 14 años, edad también impulsada por algunos socios de Cambiemos, aunque el texto conocido anota 15 años.
Poco se dijo en rigor sobre el proyecto. Los otros dos cuestionamientos, los más directos, aluden de hecho a la campaña. Uno, critica el momento: sostienen que una ley de semejante magnitud no debería tratarse en un año electoral. El otro, repone la idea de que todo es una cortina de humo para tapar los efectos de la dura situación económica.
Son, en conjunto, argumentos pobres. El de la inconveniencia por la competencia electoral limitaría el tratamiento de los proyectos gravitantes y densos a la mitad de los mandatos: en otras palabras, a los años pares. Eso, con el agregado de que este asunto específico, el régimen penal juvenil, tampoco fue discutido en los años políticos presuntamente más relajados. Hay que retroceder una década para encontrar una votación sobre esta materia. En 2009, año electoral, avanzó en el Senado y al año siguiente, no electoral, fue a vía muerta en la otra cámara.
El kirchnerismo, con debates internos, algo que también debería enfrentar el oficialismo actual, no abandonó el tema. Insistió en 2011, con un discurso expreso de Cristina Fernández de Kirchner, y también en 2013. Algo parecido dijo Daniel Scioli en 2015. En estos últimos casos, sólo fue cuestión de discurso, no de proyectos concretos.
Mauricio Macri también quedó, al menos hasta ahora, en la propuesta verbal. Hace dos años, expuso el tema en su discurso ante el Congreso. Se suponía que era el anticipo de un trabajo en su propio gabinete, que en el mediano plazo debería ser reflejado en un texto para el debate legislativo. Fuentes del Gobierno dicen que el año pasado habría sido consumido por ese análisis y consultas con organismos y especialistas en la materia. Como sea, el 2018 pasó de largo.
Considerar el impulso al proyecto como un recurso de campaña equivale a admitir que el tema de la seguridad, en un sentido amplio, asoma entre las mayores demandas sociales. Puede ser entendido incluso, y razonablemente, como una actitud oportunista. Pero lo que resulta poco sostenible es suponer que esto podría tapar o disimular otros problemas graves, como las consecuencias evidentes de la crisis económica.
Es sabido: la idea de la cortina de humo aplicada a cuestiones de coyuntura está apoyada en un error conceptual, propio del microclima de la política. La agenda pública es, por naturaleza, social. No depende exclusivamente de la voluntad de un gobierno, tampoco de la oposición. Otra cosa es la agenda política, que a veces sintoniza con los rubros de interés o preocupación general.
Vale un ejemplo reciente. Algo parecido sobre la ejecución de una maniobra para distraer la atención pública fue dicho cuando el oficialismo allanó el camino en el Congreso para el tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El debate sobre la legalización del aborto fue potente y no quedó cerrado. Así y todo, intenso y de fuerte y amplio impacto social, no tachó ningún otro punto del temario, empezando por la economía.
Puede resultar llamativo pero, al mismo tiempo, algunos de los críticos emiten señales que evitan ir en contra de la cuestión de fondo. Hay incluso cierto reclamo de autoría original en materia de proyectos sobre el sistema penal juvenil. El massismo, algunos referentes del PJ federal y hasta la agrupación de Elisa Carrió se encargaron de destacar sus propias y hasta ahora desatendidas propuestas: la más antigua sería de la Coalición Cívica y remite al año 2002.
Tal vez por eso, y más allá de las chicanas, funcionarios del oficialismo y referentes de distintas expresiones peronistas se cuidaron de aclarar que el debate debería ser profundo y no quedar limitado a la baja de la edad de imputabilidad, además de estar en línea con los tratados internacionales que ha firmado el país.
