El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación habría enviado un subsidio no reintegrable de $248.837,69 para la compra de mobiliario de un Centro Integrador Comunitario. El ex intendente y actual concejal Jacinto Benítez habría presentado las rendiciones ante el organismo nacional, pero las empresas a quienes pertenecerían las facturas manifestaron que ellos no las emitieron. Esto sumado a que al dejar su rol en el Ejecutivo -10 de diciembre del 2013- habría manifestado que el equipamiento no estaba en el CIC porque una parte estaba en Virasoro y la otra en Alem (Misiones). Al año siguiente, la entonces viceintendenta Nancy González, con el patrocinio del letrado Juan Manuel Cubilla Podestá, presentó la denuncia.
La presentación para solicitar que Benítez fuera investigado por “presunta falsificación, malversación de fondos Públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fue realizada en el 2014”, recordó el citado el abogado en diálogo con El Litoral. Tras lo cual aseveró que días atrás el magistrado Juan Carlos Vallejos que está subrogando en el Juzgado Federal Nº 1, se expidió sobre el caso. En este sentido, precisó que “dictó el auto de procesamiento contra Jacinto Benítez por hallarlo prima facie autor responsable del delito previsto por el artículo 174 inciso quinto del Código Penal”. Norma que se refiere al “fraude en perjuicio de la administración pública”.
Facturas y
montos
Según consta en el causa, Benítez habría presentado facturas a través de las cuales justificó la compra de equipamiento por $93.600 y de mobiliario por $75.057, 20. Sin embargo, desde la primera empresa que supuestamente proveyó elementos al Municipio declararon que “en principio los productos mencionados en la factura no comercializamos”. A lo que agregaron que “el logo es similar al de nuestra factura, pero no es la nuestra. Supongo que está falsificada”.
En tanto, el propietario de la mueblería expresó que el entonces jefe comunal le pidió un presupuesto, pero el monto que figura fue modificado. Pero, independientemente de eso, ante la Justicia sostuvo que “el negocio no fue realizado con la Municipalidad de San Carlos, ya que la factura fue anulada porque él nunca vino a retirar la mercadería. Lo llamé reiteradamente para que venga a abonar la factura o a retirar la mercadería pero ellos, los de la Municipalidad, nunca vinieron”.
En base a esto y otros elementos, el magistrado resolvió el procesamiento de Benítez, pero además también estableció “mandar embargar los bienes hasta cubrir la suma de $50.000) y disponer a tal fin la formación de incidente de embargo que cumplirá el Sr. Oficial de Justicia del Tribunal (artículos 521 y 518 primer párrafo, Cppn) sirviendo el presente de mandamiento bastante”. Sobre esto, Cubilla Podestá aclaró que por ahora el ex intendente no deberá abonar esa suma. Eso recién se haría efectivo en el caso de que fuera condenado.
