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Ex auditor pidió su sobreseimiento porque sostiene que no hay pruebas en su contra

Es el único de los imputados en el caso que objetó el pedido de elevación a juicio porque argumenta, entre otras cuestiones, que él desconocía la existencia del dinero enviado desde Nación al Municipio y que, además, el contralor de ese tipo de recursos estaba a cargo de otros organismos.
 

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La semana pasada, desde la Fiscalía, solicitaron al  Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá que eleve a juicio la causa en la que se investigan presuntas anomalías en la administración de unos $56 millones que la Nación envió a la Municipalidad de Perugorría para solventar la realización tanto de obras como de proyectos. De los cinco ex funcionarios imputados, sólo uno de ellos, quien era auditor externo, objetó el requerimiento. “Solicitamos su sobreseimiento o que en todo caso se extienda el período de instrucción porque no existen pruebas que lo involucren a él”, sostuvo a El Litoral el abogado del citado contador Ernesto Moray Mussio, Marcelo Fernández.
Sobre la presentación que realizó, el letrado explicó que “hay varias cuestiones que consideramos irregulares en esta causa. La primera de ellas es que debería estar a cargo de un juez federal, porque los fondos sobre los cuales se investigan son nacionales. Y si bien dicen que eso ya fue motivo de debate, existen casos análogos en los que es la Justicia Federal la que interviene en casos de este tipo”.
“Pero más allá de eso y lo más importante es que no existen pruebas en contra de Moray Mussio porque el dinero que supuestamente enviaban desde Nación no figuraban en los balances municipales e ingresaban a una cuenta de la sucursal de Mercedes del Banco Nación a la cual sólo tenían acceso otras personas”, agregó Fernández. En este sentido, agregó que “cómo iba a auditar algo que no estaba registrado en las rendiciones”.
 Con respecto a esto último remarcó que: “Cuando allanaron la Municipalidad no encontraron documentación de esos fondos recibidos, sino en el domicilio de los ex Jefes comunales”.

Convenio
“Y además tampoco era responsabilidad de Moray Mussio auditar ese tipo de recursos porque existe un convenio entre Nación y Provincia, para que sea el Tribunal de Cuentas de la Provincia quien controle la administración de esos recursos”, sostuvo Fernández. Tras lo cual continuó: “Tarea que hicieron porque consta que luego de un contralor elevaron un informe a la Auditoría General de la Nación en el que dejaron constancia de presuntas anomalías. Pero eso no le fue informado a Moray Mussio, o sea, cómo iba a saber entonces”.
Con los citados argumentos y otros que están esgrimidos en la presentación, el ex auditor espera ser sobreseído en la causa por la que permanece detenido desde el 20 de diciembre del 2017. 
“O en todo caso que al menos extiendan el período de instrucción para investigar sobre la responsabilidad de quiénes debían controlar que ese dinero se usara en la ejecución de las obras acordadas”, concluyó Fernández. 

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Ex auditor pidió su sobreseimiento porque sostiene que no hay pruebas en su contra

Es el único de los imputados en el caso que objetó el pedido de elevación a juicio porque argumenta, entre otras cuestiones, que él desconocía la existencia del dinero enviado desde Nación al Municipio y que, además, el contralor de ese tipo de recursos estaba a cargo de otros organismos.
 

La semana pasada, desde la Fiscalía, solicitaron al  Juzgado de Instrucción de Curuzú Cuatiá que eleve a juicio la causa en la que se investigan presuntas anomalías en la administración de unos $56 millones que la Nación envió a la Municipalidad de Perugorría para solventar la realización tanto de obras como de proyectos. De los cinco ex funcionarios imputados, sólo uno de ellos, quien era auditor externo, objetó el requerimiento. “Solicitamos su sobreseimiento o que en todo caso se extienda el período de instrucción porque no existen pruebas que lo involucren a él”, sostuvo a El Litoral el abogado del citado contador Ernesto Moray Mussio, Marcelo Fernández.
Sobre la presentación que realizó, el letrado explicó que “hay varias cuestiones que consideramos irregulares en esta causa. La primera de ellas es que debería estar a cargo de un juez federal, porque los fondos sobre los cuales se investigan son nacionales. Y si bien dicen que eso ya fue motivo de debate, existen casos análogos en los que es la Justicia Federal la que interviene en casos de este tipo”.
“Pero más allá de eso y lo más importante es que no existen pruebas en contra de Moray Mussio porque el dinero que supuestamente enviaban desde Nación no figuraban en los balances municipales e ingresaban a una cuenta de la sucursal de Mercedes del Banco Nación a la cual sólo tenían acceso otras personas”, agregó Fernández. En este sentido, agregó que “cómo iba a auditar algo que no estaba registrado en las rendiciones”.
 Con respecto a esto último remarcó que: “Cuando allanaron la Municipalidad no encontraron documentación de esos fondos recibidos, sino en el domicilio de los ex Jefes comunales”.

Convenio
“Y además tampoco era responsabilidad de Moray Mussio auditar ese tipo de recursos porque existe un convenio entre Nación y Provincia, para que sea el Tribunal de Cuentas de la Provincia quien controle la administración de esos recursos”, sostuvo Fernández. Tras lo cual continuó: “Tarea que hicieron porque consta que luego de un contralor elevaron un informe a la Auditoría General de la Nación en el que dejaron constancia de presuntas anomalías. Pero eso no le fue informado a Moray Mussio, o sea, cómo iba a saber entonces”.
Con los citados argumentos y otros que están esgrimidos en la presentación, el ex auditor espera ser sobreseído en la causa por la que permanece detenido desde el 20 de diciembre del 2017. 
“O en todo caso que al menos extiendan el período de instrucción para investigar sobre la responsabilidad de quiénes debían controlar que ese dinero se usara en la ejecución de las obras acordadas”, concluyó Fernández.