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“El protocolo cambia procesos internos  de trabajo, no las normas procesales”

Las audiencias orales en lo civil, comercial, laboral, contencioso y administrativo regirán desde el 1º de junio. La jueza Belén Güemes y su par Pablo Teler hablaron con El Litoral sobre este cambio y su alcance. También sobre las objeciones expresadas desde el sector de los abogados y las reformas que evalúa la Legislatura.  
 

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Pablo Martín Teler Reyes Juez de Corrientes Está a cargo del Juzgado  Civil y Comercial N° 12 y cumple esa función desde hace nueve años.
María Belén Güemes Jueza de Corrientes Es la titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo  Nº 2. Es magistrada desde hace seis años.
Gustavo LescanoGustavo Lescano

Facebbok: 

Gustavo Lescano
De la Redacción

A menos de una semana para la puesta en vigencia de los procesos orales en juicios civiles, comerciales, laborales, contenciosos y administrativos, una jueza y un juez del foro local explicaron el alcance de las modificaciones definidas, en las que, precisamente, ellos hicieron sus aportes junto con sus pares de la provincia. 
“La idea de esta iniciativa es que se cumpla con las normas procesales”, aclararon la jueza Belén Güemes y el juez Pablo Teler en una entrevista con El Litoral. Ambos analizaron además los cuestionamientos expresados desde el Colegio de Abogados de Corrientes, entidad que planteó la necesidad de capacitaciones ampliadas sobre la temática y que el protocolo de actuación diseñado por los magistrados instrumenta modificaciones que son facultades exclusivas del Poder Legislativo.
“El protocolo cambia procesos internos de trabajo, no las normas procesales”, insistieron Güemes y Teler en distintos tramos de la entrevista que se desarrolló en el despacho de la magistrada.  
“La iniciativa no se aparta de las normas procesales, simplemente cambia procesos internos de trabajo. Creemos que todo cambio genera cierta resistencia, pero pensamos que los abogados verán luego los beneficios para todos los actores del sistema”, señalaron. 
—¿Cuáles serán los principales beneficios de este cambio en el proceso de trabajo? 
—Teler: para que la gente entienda, en Corrientes el proceso dura en promedio cuatro años o más, pero con este sistema lo que se pretende es reducir el plazo a un año, o apenas un poco más. Ese es el objetivo central.
—¿El protocolo especifica los pasos a seguir en esta modalidad y sus plazos? 
—Güemes: lo que hace es organizar los procesos internos de trabajo para optimizar el uso del tiempo y los recursos que tiene el Poder Judicial. Y la finalidad principal es acortar el plazo de los juicios. Pero también acercarnos a la gente, porque al ser por audiencias y venir los justiciables a las mismas, permite también una comunicación directa. Es decir, que la persona conozca al juez o la jueza que va a resolver su causa y que se pueda comunicar de manera directa, tanto con los abogados como con las otras personas que también están involucradas en el caso. Y después también que el juez se involucre de una manera más directa y personalizada con todo lo que es la prueba.   
—Esta iniciativa ¿es una reforma como algunos consideran? 
—Teler: no es una reforma, sino es un cambio de práctica. Antes, el proceso iba a la deriva, pero ahora lo que se intenta hacer es retomar la dirección. Por eso es que se reestructura en dos audiencias: una preliminar, donde se prepara la prueba, y la final, en la cual se produce la prueba. En el medio se producen aquellas pruebas que no se hacen en audiencias, como traer expedientes de otros juzgados, informes o pericias. 
—Güemes: este protocolo sirve para organizar el período de prueba y acortar los tiempos en un todo, de acuerdo a las normas procesales, porque no nos apartamos de ellas, que ya prevén un plazo en el cual se tiene que producir las pruebas. 
—¿En otras jurisdicciones del país ya se trabaja con este método?
—Güemes: la metodología deriva del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación. Hay 14 provincias que ya lo implementaron y están midiendo resultados. Y ya existen resultados relevados con respecto a la cantidad de audiencias que se tomaron. En muchas se concilia…  
—¿Entonces hay etapas de conciliación, sin que se llegue indefectiblemente a una sentencia? 
—Teler: aumenta la conciliación en al menos un 40% en estos casos. ¿Por qué? Porque como hay más contacto directo, hasta entre las partes, se tiene la chance de conciliar. Y en esa audiencia preliminar los abogados ya intercambian los números de teléfonos y comienzan a dialogar entre ellos. Y si no es por intermediación del juez, a veces la propia mediación de las partes hace que el conflicto arribe a una solución amigable, que es una mejor porque se evita la ejecución de sentencia. 
—Güemes: en general, hay más cumplimiento de lo que las partes se comprometen por sí mismas a realizar, que de lo que se impone a través de una sentencia. Y hay también más satisfacción de la persona, porque toma en sus manos el conflicto y resuelve en conjunto con la otra parte, con la ayuda del juzgado. Con este sistema ya se sabe que, si no arriban a un acuerdo en un período de tiempo, indefectiblemente habrá una decisión. 
—¿Qué resultado se obtiene en los distritos que ya aplican este proceso? 
-Güemes: en otras provincias nos mostraron varios resultados, por ejemplo: que en algunos casos en sólo un año ya hay sentencia en primera instancia y de Cámara. Y en la mayoría, el promedio es un año, con dictamen en primera instancia. 
—Es decir, comprobaron que se consigue celeridad... 
—Güemes: justamente porque ya hay períodos determinados sobre lo que va a ir pasando. Todo de acuerdo al Código Procesal, porque todos los códigos procesales tienen un período de prueba y, por ejemplo, en el Contencioso son 30 días, y el Código Civil, 40 días. Lo que ocurre es que en la práctica a veces eso se desvirtúa.
—Desde el Colegio de Abogados manifestaron cuestionamientos e inclusive pidieron una prórroga en la aplicación del nuevo sistema, ¿qué opinan al respecto?   
—Güemes: sabemos que el protocolo no se aparta de las normas procesales, que sólo cambia procesos internos de trabajo, no cambia normas procesales. Creemos que todo cambio genera cierta resistencia. Pensamos que los abogados verán los beneficios, que son para todos. Primero para el ciudadano, que es el principal al que debemos mirar, después para los abogados litigantes, porque para ellos es también bueno que los procesos no se dilaten en el tiempo. Y también es buena esta comunicación directa entre el Juzgado, las partes y los abogados, porque eso hace que todos podamos en esas audiencias y de manera transparente poner en común determinados problemas prácticos que se dan en materia de prueba. 
—Teler: el inconveniente quizás reside en no preparar a los abogados, por eso está la crítica. Pero nosotros preguntamos al Ministerio de Justicia, no lo hicimos adrede. Nos dijeron que como el protocolo está dirigido a la labor del juez y de la oficina judicial, las cosas se organizan de otra forma y las normas no cambian. Entonces, el abogado sigue trabajando con el mismo código de siempre. 
Así que más que temor, es una buena noticia para los abogados que van a tener una decisión judicial en menor tiempo, sin cambiar las normas procesales. Y también sin modificar la estructura del Juzgado, sino simplemente cambiando las prácticas.
—¿Cuál es el ideal en cuanto a reducción de plazos, puede dar un ejemplo? 
—Teler: lo más usual, por lo menos que nosotros tenemos en la parte civil, son los accidentes de tránsito, y actualmente están demorados dos o tres años, al menos, para lograr una sentencia en primera instancia. Entonces, con esta forma de gestionar el proceso se va a acortar el plazo y pensamos que en un año puede ser posible: ese es el objetivo, el ideal. 
Depende de la cantidad de pruebas que haya que producirse en ese expediente.
—También se produce la incorporación de tecnología… 
—Güemes: sí, el hecho de filmar las audiencias es trabajar de acuerdo al siglo en que vivimos. Trabajar e incorporar nuestra tecnología actual, permite en una testimonial acortar los tiempos de una manera impresionante. Una testimonial tomada por escrito puede llegar a durar 40 minutos y actualmente la mayoría duran 5 minutos al filmarse. Con este sistema, además, el juez estará necesariamente presente en las audiencias y podrá observar todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, las dudas de una persona, de un testigo cuando habla. Por eso decimos que suma a la calidad de la decisión, porque se ven muchísimas cosas que en un acta escrita no se observan. Ni hablar de los tiempos que se acortan. 
—Trabajaron en el protocolo los 31 jueces de primera instancia de la provincia, ¿todos coincidieron en impulsar este tipo de cambios? 
— Güemes: todos los jueces estamos convencidos de que tenemos que trabajar en conjunto para mejorar el servicio de justicia. Todos los magistrados y todos los equipos de trabajo de los Juzgados. Venimos trabajando con sistemas de gestión de calidad, y cuando uno habla con la gente de los tribunales se da cuenta de que todos, en general, tenemos el convencimiento de que tenemos que trabajar para cambiar el servicio de justicia. Esto parte de una política del Superior Tribunal, que toma la posta y lidera este proceso. En este caso, el doctor (Guillermo Horacio) Semhan coordinó esta parte de oralidad, y junto con el doctor (Luis Eduardo) Rey Vázquez, presidente del STJ, son los que están liderando este proceso.
—Teler: es la primera vez que tenemos contacto los 31 jueces civiles, comerciales, laborales de la provincia, incluso coordinamos una forma de trabajar en conjunto. En este contexto se elaboró un instructivo de gestión y en base a ello, que es una especie de reglamentación del protocolo, coordinamos por ejemplo la providencia, de manera que todos los abogados van a saber que en toda la provincia se trabaja igual. 
—La reforma al Código es ya una discusión mucho más amplia, ¿no?
—Teler: esto no es una reforma, es un cambio de práctica. La reforma procesal también está en trámite, pero va por otro carril, por la vía legislativa. Porque por ahí es que quizás entendieron mal, que por acordada el STJ reformó el código procesal, los cual obviamente no se puede. Esto no requiere ni reforma procesal, ni presupuesto: son cambios de prácticas que hacemos porque adoptamos esta forma de trabajo, que ya está funcionando en muchas provincias y que logró resultados positivos.
—Güemes: desde el Poder Judicial se hicieron propuestas, anteproyectos de reforma, pero eso lo aprueba el Poder Legislativo. Es ya algo que excede a nuestro ámbito. Si hay cuestiones que como Poder Judicial podemos cambiarlo, lo haremos. Esto sí es un cambio en los procesos internos de trabajo, no en las normas procesales.
—Teler: igual no va a ser un cambio que ocurrirá de manera inmediata. Si bien el protocolo se empieza a aplicar el 1º de junio, las primeras audiencias videofilmadas se van a dar seguramente después de la feria de mitad de año: por lo menos 30 días después de que se produce la audiencia preliminar, la cual no es filmada y se desarrolla de manera tradicional, con un acta…
—No todo es oral, hay documentos que deben redactarse...
—Güemes: las etapas escritas siguen siendo las mismas, y las orales ya son hoy orales. Lo que pasa es que cambia la forma de registro, porque se incorpora la tecnología con la videofilmación, y cambia la organización con los dos momentos bien marcados (audiencias iniciales y finales) dentro de los plazos que ya prevén los códigos procesales.

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“El protocolo cambia procesos internos  de trabajo, no las normas procesales”

Las audiencias orales en lo civil, comercial, laboral, contencioso y administrativo regirán desde el 1º de junio. La jueza Belén Güemes y su par Pablo Teler hablaron con El Litoral sobre este cambio y su alcance. También sobre las objeciones expresadas desde el sector de los abogados y las reformas que evalúa la Legislatura.  
 

Gustavo Lescano
De la Redacción

A menos de una semana para la puesta en vigencia de los procesos orales en juicios civiles, comerciales, laborales, contenciosos y administrativos, una jueza y un juez del foro local explicaron el alcance de las modificaciones definidas, en las que, precisamente, ellos hicieron sus aportes junto con sus pares de la provincia. 
“La idea de esta iniciativa es que se cumpla con las normas procesales”, aclararon la jueza Belén Güemes y el juez Pablo Teler en una entrevista con El Litoral. Ambos analizaron además los cuestionamientos expresados desde el Colegio de Abogados de Corrientes, entidad que planteó la necesidad de capacitaciones ampliadas sobre la temática y que el protocolo de actuación diseñado por los magistrados instrumenta modificaciones que son facultades exclusivas del Poder Legislativo.
“El protocolo cambia procesos internos de trabajo, no las normas procesales”, insistieron Güemes y Teler en distintos tramos de la entrevista que se desarrolló en el despacho de la magistrada.  
“La iniciativa no se aparta de las normas procesales, simplemente cambia procesos internos de trabajo. Creemos que todo cambio genera cierta resistencia, pero pensamos que los abogados verán luego los beneficios para todos los actores del sistema”, señalaron. 
—¿Cuáles serán los principales beneficios de este cambio en el proceso de trabajo? 
—Teler: para que la gente entienda, en Corrientes el proceso dura en promedio cuatro años o más, pero con este sistema lo que se pretende es reducir el plazo a un año, o apenas un poco más. Ese es el objetivo central.
—¿El protocolo especifica los pasos a seguir en esta modalidad y sus plazos? 
—Güemes: lo que hace es organizar los procesos internos de trabajo para optimizar el uso del tiempo y los recursos que tiene el Poder Judicial. Y la finalidad principal es acortar el plazo de los juicios. Pero también acercarnos a la gente, porque al ser por audiencias y venir los justiciables a las mismas, permite también una comunicación directa. Es decir, que la persona conozca al juez o la jueza que va a resolver su causa y que se pueda comunicar de manera directa, tanto con los abogados como con las otras personas que también están involucradas en el caso. Y después también que el juez se involucre de una manera más directa y personalizada con todo lo que es la prueba.   
—Esta iniciativa ¿es una reforma como algunos consideran? 
—Teler: no es una reforma, sino es un cambio de práctica. Antes, el proceso iba a la deriva, pero ahora lo que se intenta hacer es retomar la dirección. Por eso es que se reestructura en dos audiencias: una preliminar, donde se prepara la prueba, y la final, en la cual se produce la prueba. En el medio se producen aquellas pruebas que no se hacen en audiencias, como traer expedientes de otros juzgados, informes o pericias. 
—Güemes: este protocolo sirve para organizar el período de prueba y acortar los tiempos en un todo, de acuerdo a las normas procesales, porque no nos apartamos de ellas, que ya prevén un plazo en el cual se tiene que producir las pruebas. 
—¿En otras jurisdicciones del país ya se trabaja con este método?
—Güemes: la metodología deriva del programa Justicia 2020 del Ministerio de Justicia de la Nación. Hay 14 provincias que ya lo implementaron y están midiendo resultados. Y ya existen resultados relevados con respecto a la cantidad de audiencias que se tomaron. En muchas se concilia…  
—¿Entonces hay etapas de conciliación, sin que se llegue indefectiblemente a una sentencia? 
—Teler: aumenta la conciliación en al menos un 40% en estos casos. ¿Por qué? Porque como hay más contacto directo, hasta entre las partes, se tiene la chance de conciliar. Y en esa audiencia preliminar los abogados ya intercambian los números de teléfonos y comienzan a dialogar entre ellos. Y si no es por intermediación del juez, a veces la propia mediación de las partes hace que el conflicto arribe a una solución amigable, que es una mejor porque se evita la ejecución de sentencia. 
—Güemes: en general, hay más cumplimiento de lo que las partes se comprometen por sí mismas a realizar, que de lo que se impone a través de una sentencia. Y hay también más satisfacción de la persona, porque toma en sus manos el conflicto y resuelve en conjunto con la otra parte, con la ayuda del juzgado. Con este sistema ya se sabe que, si no arriban a un acuerdo en un período de tiempo, indefectiblemente habrá una decisión. 
—¿Qué resultado se obtiene en los distritos que ya aplican este proceso? 
-Güemes: en otras provincias nos mostraron varios resultados, por ejemplo: que en algunos casos en sólo un año ya hay sentencia en primera instancia y de Cámara. Y en la mayoría, el promedio es un año, con dictamen en primera instancia. 
—Es decir, comprobaron que se consigue celeridad... 
—Güemes: justamente porque ya hay períodos determinados sobre lo que va a ir pasando. Todo de acuerdo al Código Procesal, porque todos los códigos procesales tienen un período de prueba y, por ejemplo, en el Contencioso son 30 días, y el Código Civil, 40 días. Lo que ocurre es que en la práctica a veces eso se desvirtúa.
—Desde el Colegio de Abogados manifestaron cuestionamientos e inclusive pidieron una prórroga en la aplicación del nuevo sistema, ¿qué opinan al respecto?   
—Güemes: sabemos que el protocolo no se aparta de las normas procesales, que sólo cambia procesos internos de trabajo, no cambia normas procesales. Creemos que todo cambio genera cierta resistencia. Pensamos que los abogados verán los beneficios, que son para todos. Primero para el ciudadano, que es el principal al que debemos mirar, después para los abogados litigantes, porque para ellos es también bueno que los procesos no se dilaten en el tiempo. Y también es buena esta comunicación directa entre el Juzgado, las partes y los abogados, porque eso hace que todos podamos en esas audiencias y de manera transparente poner en común determinados problemas prácticos que se dan en materia de prueba. 
—Teler: el inconveniente quizás reside en no preparar a los abogados, por eso está la crítica. Pero nosotros preguntamos al Ministerio de Justicia, no lo hicimos adrede. Nos dijeron que como el protocolo está dirigido a la labor del juez y de la oficina judicial, las cosas se organizan de otra forma y las normas no cambian. Entonces, el abogado sigue trabajando con el mismo código de siempre. 
Así que más que temor, es una buena noticia para los abogados que van a tener una decisión judicial en menor tiempo, sin cambiar las normas procesales. Y también sin modificar la estructura del Juzgado, sino simplemente cambiando las prácticas.
—¿Cuál es el ideal en cuanto a reducción de plazos, puede dar un ejemplo? 
—Teler: lo más usual, por lo menos que nosotros tenemos en la parte civil, son los accidentes de tránsito, y actualmente están demorados dos o tres años, al menos, para lograr una sentencia en primera instancia. Entonces, con esta forma de gestionar el proceso se va a acortar el plazo y pensamos que en un año puede ser posible: ese es el objetivo, el ideal. 
Depende de la cantidad de pruebas que haya que producirse en ese expediente.
—También se produce la incorporación de tecnología… 
—Güemes: sí, el hecho de filmar las audiencias es trabajar de acuerdo al siglo en que vivimos. Trabajar e incorporar nuestra tecnología actual, permite en una testimonial acortar los tiempos de una manera impresionante. Una testimonial tomada por escrito puede llegar a durar 40 minutos y actualmente la mayoría duran 5 minutos al filmarse. Con este sistema, además, el juez estará necesariamente presente en las audiencias y podrá observar todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal, las dudas de una persona, de un testigo cuando habla. Por eso decimos que suma a la calidad de la decisión, porque se ven muchísimas cosas que en un acta escrita no se observan. Ni hablar de los tiempos que se acortan. 
—Trabajaron en el protocolo los 31 jueces de primera instancia de la provincia, ¿todos coincidieron en impulsar este tipo de cambios? 
— Güemes: todos los jueces estamos convencidos de que tenemos que trabajar en conjunto para mejorar el servicio de justicia. Todos los magistrados y todos los equipos de trabajo de los Juzgados. Venimos trabajando con sistemas de gestión de calidad, y cuando uno habla con la gente de los tribunales se da cuenta de que todos, en general, tenemos el convencimiento de que tenemos que trabajar para cambiar el servicio de justicia. Esto parte de una política del Superior Tribunal, que toma la posta y lidera este proceso. En este caso, el doctor (Guillermo Horacio) Semhan coordinó esta parte de oralidad, y junto con el doctor (Luis Eduardo) Rey Vázquez, presidente del STJ, son los que están liderando este proceso.
—Teler: es la primera vez que tenemos contacto los 31 jueces civiles, comerciales, laborales de la provincia, incluso coordinamos una forma de trabajar en conjunto. En este contexto se elaboró un instructivo de gestión y en base a ello, que es una especie de reglamentación del protocolo, coordinamos por ejemplo la providencia, de manera que todos los abogados van a saber que en toda la provincia se trabaja igual. 
—La reforma al Código es ya una discusión mucho más amplia, ¿no?
—Teler: esto no es una reforma, es un cambio de práctica. La reforma procesal también está en trámite, pero va por otro carril, por la vía legislativa. Porque por ahí es que quizás entendieron mal, que por acordada el STJ reformó el código procesal, los cual obviamente no se puede. Esto no requiere ni reforma procesal, ni presupuesto: son cambios de prácticas que hacemos porque adoptamos esta forma de trabajo, que ya está funcionando en muchas provincias y que logró resultados positivos.
—Güemes: desde el Poder Judicial se hicieron propuestas, anteproyectos de reforma, pero eso lo aprueba el Poder Legislativo. Es ya algo que excede a nuestro ámbito. Si hay cuestiones que como Poder Judicial podemos cambiarlo, lo haremos. Esto sí es un cambio en los procesos internos de trabajo, no en las normas procesales.
—Teler: igual no va a ser un cambio que ocurrirá de manera inmediata. Si bien el protocolo se empieza a aplicar el 1º de junio, las primeras audiencias videofilmadas se van a dar seguramente después de la feria de mitad de año: por lo menos 30 días después de que se produce la audiencia preliminar, la cual no es filmada y se desarrolla de manera tradicional, con un acta…
—No todo es oral, hay documentos que deben redactarse...
—Güemes: las etapas escritas siguen siendo las mismas, y las orales ya son hoy orales. Lo que pasa es que cambia la forma de registro, porque se incorpora la tecnología con la videofilmación, y cambia la organización con los dos momentos bien marcados (audiencias iniciales y finales) dentro de los plazos que ya prevén los códigos procesales.