El nuevo proyecto IVE convierte en derecho la interrupción voluntaria de embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo, cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y en casos de violación (no se debe exigir denuncia).
A la vez, define que se debe garantizar la práctica de la IVE dentro de los cinco días de su requerimiento y debe estar cubierta la práctica en hospitales, obras sociales y prepagas.
En el caso de los profesionales de la salud que intervengan solo mantiene penas cuando se practique sin el consentimiento de la mujer o persona gestante.
También, incluye un capítulo especial donde reafirma la obligación del Estado en relación a la aplicación de la ESI.
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