Una larga lista de personas se encuentran detenidas a la espera de que se defina la fecha del juicio en la investigación de la megacausa Sapucay II. El reciente capturado y líder narco Luis Alberto “El Gordo” Saucedo es el principal referente junto con el ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone. Se trata de otra línea investigativa que permitió desarticular una banda de narcotraficantes que operaba en Corrientes con el acopio y venta de marihuana a diferentes provincias y la sociedad con la banda delictiva rosarina “Los Monos”.
Faraone fue detenido el 19 de octubre del año pasado junto con su hija gendarme, Agustina Faraone Sigel, y el esposo de ésta, también gendarme, Joselino Borjas. Tanto a Faraone como a su hija los indagaron por darles protección a los narcos que operan en Itatí, principalmente a Federico Sebastián “Morenita” Marín.
Según la declaración de un testigo arrepentido ante el juez federal Sergio Torres, fue Faraone quien resguardó a Marín (en sus tiempos de prófugo) luego de que el 7 de octubre del 2016 éste se tiroteara con Gendarmería y resultara herido. De hecho, hay una escucha en la que hablan Faraone y Marín, y el ex intendente le dice que se vaya a esconder a Empedrado, y se preocupa cuando Marín le comenta que estaba en un auto que conduciría a los investigadores hacia él.
La relación de confianza entre ambos era tal que, según el arrepentido Faraone, acopió en su casa 100 kilos de marihuana que eran de Marín. Agustina Faraone Sigel aparece mencionada en varias escuchas que estaban dentro de un lote de 4.000 CD.
Faraone Sigel fue detenida en el Escuadrón de Seguridad Vial de la Gendarmería en el barrio Uno de Ezeiza. Fue acusada de haber jugado un rol clave para ocultar a “Morenita” tras un enfrentamiento que sus propios colegas de la fuerza habían mantenido con Marín en la capital correntina, en octubre de 2016. Faraone Sigel fue quien -según señalaron fuentes de la investigación- ayudó a escapar al narco y a esconderlo en Empedrado, por directivas de su propio padre. Agustina estaba en ese momento en pareja con Joselino Borjas, subalférez de la Gendarmería, un joven que prestaba servicios en Itatí, donde, según la pesquisa, “Morenita” tenía su base de operaciones para distribuir la marihuana que provenía de Paraguay, del otro lado de la costa del río Paraná.
Borjas tenía una relación muy cercana con Fabio Aquino, viceintendente de Itatí que fue detenido en marzo de 2017 con el jefe comunal Natividad “Roger” Terán, en el inicio del escándalo de la narcopolítica.
A la lista de imputados se suman Mariela Alejandra Terán y Ricardo Piris, hija y yerno del ex jefe comunal. Se encuentran detenidos desde febrero del año pasado. Se los acusa de transportar más de 188 kilos de droga en un automóvil.
A principios de junio del año pasado, Piris fue condenado a 6 años de cárcel por narcotráfico. Fue por una causa en la que fue detenido con nueve kilos de marihuana en el 2008. También recibieron la misma pena otros dos imputados llamados Ramón César Luis Saucedo y Javier Ernesto Canteros.
Los vínculos con la política no culminan allí, porque en febrero de 2017, en un procedimiento de Gendarmería Nacional en la localidad de Loreto, detuvieron a un hermano del ex viceintendente de Itatí, Fabio Aquino, y a la hermana de la concejal del mismo pueblo, Marcela Sosa, junto con otras dos personas, con un cargamento de 500 kilos de marihuana.
El auto secuestrado era un Peugeot 208 dominio OTG 579, color azul oscuro. Dentro del vehículo se encontraron 22 bultos de grandes dimensiones, de los cuales se extrajo gran cantidad paquetes rectangulares envueltos en papel film, que a la vez estaban recubiertos con papel de aluminio, contabilizándose un total de 624 paquetes de marihuana. Dieron un pesaje total de 521,731 kg. Los detenidos fueron identificados como Sergio Luis López (conductor de un Honda Fit), José Ezequiel Ramírez (conductor del VW Gol), Hernán Adolfo Aquino (hermano del viceintendente de Itatí) y Vanesa Soledad Sosa, hermana de la edil de Itatí.
Los implicados fueron procesados como miembros de asociación ilícita y coautores de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de menores y por la intervención de funcionarios públicos dedicados a la prevención de esos delitos.
