Pensando en ellos

Por Emilio Zola

Especial Para El Litoral

En “La invención de Morel” un fugitivo recluido en lejanos confines de ultramar enfrenta una realidad terrible al notar que los huéspedes de la isla en la que se oculta no pueden verlo ni escucharlo. Su vida pareciera transcurrir en otra dimensión, de la que buscará salir para ser parte de un extraño experimento.

En la novela de Adolfo Bioy Casares el protagonista descubre demasiado tarde la irrelevancia de su propia existencia, después de soportar momentos torturantes, enchastrado en un páramo cenagoso del que emergerá movido por una esperanza imposible. De esa manera “La invención…” traza una alegoría de la autodestrucción que en cierto modo describe a la sociedad argentina de hoy, castigada por un nuevo Morel cuyos ardides resultaron fallidos después de haber merecido la confianza ciega de sus seguidores.

El Morel de esta encrucijada económica y social no es otro que el presidente Alberto Fernández, cuyo compromiso de terminar con la recesión macrista devino en un nuevo escenario de ajuste exigido por el Fondo Monetario Internacional como condición para renegociar la sideral deuda contraída por la administración anterior.

Así como en el libro de Bioy los personajes experimentan las dramáticas consecuencias de inventos defectuosos que prometían una vida de ensueño irrealizable, los argentinos de hoy sufren el rigor de una receta ortodoxa que muestra su verdadero rostro a las capas sociales más desvalidas. Especialmente a un nicho poblacional que, cíclicamente y en cualquier gobierno, termina postergado en nombre de sacrosantos objetivos macroeconómicos: el zócalo demográfico donde habita la ancianidad.

La historia se repite en este país de crisis constante. Como si fuera un remedo a la inversa del motor de movimiento perpetuo, aquella máquina de ciencia ficción que producía más energía de la que necesitaba para funcionar, la Argentina genera menos oportunidades de las que sus habitantes demandan para progresar porque no cambia el eje axiomático de sus programas económicos.

Sin importar la matriz ideológica de sus distintos gobiernos, el Estado nacional repite errores históricos que ya demostraron ser meros placebos para ganar tiempo en detrimento de aquellos que, por atravesar la etapa final de sus vidas, ya no lo tienen. Basta con recordar a la aguerrida Norma Plá, aquella estoica referente de los pasivos que murió devastada por el cáncer sin conseguir la jubilación mínima de 450 pesos que tanto reclamó al ministro menemista Domingo Cavallo.

El otrora superministro lloró ante un puñado de viejos desdentados después de admitir que él, para vivir, necesitaba como mínimo 10.000 pesos (o dólares) por mes, pero aun así se negó a revisar la ecuación jubilatoria hasta el final de su mandato. Tampoco protegió al sector en la segunda parte de su intervención como jefe del Palacio de Hacienda, en tiempos delarruistas, cuando redobló el escamoteo: en pleno desastre del 2001 y de consuno con la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, aplicó una reducción del 13 por ciento a los jubilados que ganaban más de 500 pesos mensuales, que eran casi todos. 

Después vino la transición del interinato duhaldista y la luz al final del túnel resplandeció en la primera administración kirchnerista, cuando Néstor aumentó las mínimas y recuperó los fondos previsionales de las Afjp. 

Pero fue una golondrina solitaria que no alcanzó para hacer el verano prometido. Los recursos de Anses se utilizaron para financiar programas como el Procrear y, en tiempos de recaudación récord con una balanza comercial superavitaria, nadie cuidó la gallina de los huevos de oro (que era la relación con el campo) ni se generaron fondos anticíclicos para cuando llegaran los tiempos de vacas flacas.

Y esos tiempos llegaron al final de la década pasada, cuando la soja perdió valor y el superávit primario del Estado quedó sujeto a compromisos con acreedores externos. Entonces, en la Casa Rosada no tuvieron mejor idea que volver a meterse con los perjudicados de siempre: el 14 de octubre del 2010 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetaba la ley del 82 por ciento móvil, un golpe letal para la expectativa de millones de jubilados.

En reemplazo de la norma desestimada, Cristina elucubró un nuevo índice de actualización que dejaba los aumentos muy por debajo de la inflación, al punto que los jubilados docentes obtuvieron aquel año un incremento del 0,98 por ciento contra una suba del costo de vida que en 2009 había registrado un 17 por ciento y en 2010 alcanzaría un 23 por ciento. La pérdida de poder adquisitivo fue atroz.

Los nuevos vientos de la pobreza cero y la lluvia de inversiones soplaron con el triunfo de Mauricio Macri. El empresario y expresidente de Boca Juniors las tenía todas consigo para golear en la cancha de la economía, donde se lo suponía un experto, pero los dólares comenzaron a fugarse sin control y una vez más la variable de ajuste fueron los jubilados, con una nueva fórmula trimestral que combinaba índice salarial e inflación.

El problema fue que el salario real cayó estrepitosamente como consecuencia de los galopantes índices inflacionarios y las pasividades comenzaron a desplomarse hacia los sótanos del sistema. En especial cuando, en marzo del 2018, la administración de Cambiemos aplicó un nuevo retoque a la ecuación: en vez de actualizar los haberes de acuerdo a la inflación vigente, lo hizo en función de la inflación de tres meses hacia atrás. Resultado, los jubilados comenzaron a recibir recomposiciones desactualizadas y cayeron todavía más.

Ahora el bueno de Alberto vuelve sobre los mismos pasos. Cambia una vez más el alambicado del cálculo jubilatorio al modelo 2008, cuando las subas se producían por una combinación de índices de salario y recaudación. La promesa es que el año próximo la Argentina crecerá y engordará sus arcas gracias a su performance tributaria, pero obviamente no hay garantías de que así sea. La remanida fórmula encuentra techo en los haberes activos, pero no tiene piso: si el Estado recauda poco, los jubilados recibirán menos.

La ortodoxia liberal del que se decía un gobierno “nac & pop” se parangona con “La invención de Morel”. Los jubilados equivalen al protagonista que sobrevivía comiendo raíces en charcas de lodo, hasta que un día asume el riesgo de abandonar su escondite con la esperanza de ser parte de un proyecto que promete una inmortalidad idílica. Los abuelos argentinos no pretendían tanto cuando votaron por la dupla FF; sólo esperaban salir del fango de un subsuelo salarial indecente que el Gobierno acaba de revalidar con el maquillaje de la justicia social, pero que ni siquiera perfora los 20.000 pesos en el peldaño más débil de la escala.

En plena pandemia, con ancianos expuestos más que nadie al peligro de una muerte acechante, el nuevo Morel que gobierna a los argentinos prosigue con su invento y castiga con la fusta del FMI al único sector que, por su longevidad, no puede reemplazar ingresos perdidos. 

El presidente Alberto Fernández avanza sin advertir el final pronosticado por Bioy Casares hace 80 años, en el instante culminante en que el fugitivo de su obra comprueba que Morel y su séquito en realidad son muecas de una plenitud perdida, reproducciones holográficas de un tiempo desintegrado como consecuencia de las fallas del artilugio, almacenados en una máquina de reproducir ilusiones vanas que jamás se cumplirán.