En agosto del año pasado, tal como informó El Litoral, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró su competencia para resolver un conflicto de poderes entre el Ejecutivo municipal y el Concejo. Es que el viceintendente y presidente del recinto planteó una presunta retención indebida de fondos por parte de la jefatura comunal durante el periodo 2018. Ayer, desde el organismo judicial informaron que desestimaron lo denunciado por el titular del Legislativo municipal.
Hace casi seis meses, el viceintendente José Altamirano había expresado a este diario que “en principio el reclamo era solo administrativo. Pero como después algunos concejales me denunciaron porque no actualizaba sus dietas, tuve que utilizar la misma vía para explicar cuál era el motivo. No es que no quería darles un aumento, simplemente el Ejecutivo estaba enviando menos recursos de lo que le correspondía al Concejo”. A lo que agregó que “ya la gestión anterior, que culminó su mandato en diciembre del 2017, le quedó a deber dinero al cuerpo deliberativo. Después, la nueva gestión que comenzó el 10 de diciembre de ese año tampoco mandó lo correspondiente a esas últimas semanas de ese mes. Recién en enero empezó a enviar los recursos”.
En aquella oportunidad, quien preside el recinto sostuvo que a lo planteado anteriormente también se sumó que presuntamente lo que mandaba el Ejecutivo no se ajustaba al 4% establecido por la legislación vigente. Y como prueba, la defensa del Legislativo señaló que “en el presupuesto municipal 2018 fue fijado que al Concejo le correspondía $1.966.619, pero en una rendición presentada por el Ejecutivo en mayo pasado consta que solo giró $1.455.855 a los ediles. Es decir que reconoció que le adeuda unos $385.819,28 al Concejo”.
Asimismo, acotó que “eso es sin tener en cuenta que el presupuesto del año pasado era de $55 millones, pero finalmente terminó siendo de unos $70 millones. Una cuestión no menor porque, en base a ese nuevo monto, el 4% representaría una cifra mayor”.
Dictamen
Es sobre el caso descripto que se expidió el STJ. Y según lo informado oficialmente, el dictamen fue unánime.
En tanto, precisaron que “el doctor Eduardo Panseri, votante en primer término, sostuvo que la cuestión radicaba en ‘establecer si lo presupuestado para el Concejo Deliberante fue o no transferido en su totalidad por el Ejecutivo’”. Tras lo cual añadieron que el citado magistrado “señaló que en el anexo I constaban los comprobantes de transferencias bancarias de la cuenta de la Municipalidad de San Roque a la cuenta del Concejo por la suma de $1.507.209,90, mientras que en el anexo II constaban los descuentos efectuados por la Provincia, en forma automática y sin discriminar entre el Ejecutivo y el Concejo, de los fondos provenientes de la coparticipación, en concepto de aportes y contribuciones destinados al IPS e Ioscor”.
Y luego de analizar las constancias presentadas, Panseri expresó que “la diferencia obedece al hecho de que lo ordenado en la ejecución presupuestaria 2018, que el viceintendente reconoce haber recibido, comprende las sumas transferidas en los meses de enero a diciembre de 2018. Mientras que la cifra señalada por el Intendente es la sumatoria de las transferencias efectivamente realizadas entre febrero de 2018 y enero de 2019”.
Asimismo, desde el STJ afirmaron que “considerando que el Ejecutivo debe depositar mensualmente del 1 al 10 de cada mes los fondos suficientes para solventar los gastos y dietas del mes anterior, conforme lo previsto en los artículos 189 y 219, inciso 33, de la Carta Orgánica, el cálculo es correcto”.
