Mientras un grupo de senadores opositores anticipó ayer su voto negativo a la propuesta de gravar las grandes fortunas, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner avanzó con el trámite previo a la discusión parlamentaria y requirió a la Corte Suprema de Justicia una declaración de certeza sobre la viabilidad del voto digital.
Senadores opositores aliados de Cambiemos rechazaron la creación de un impuesto extraordinario a las grandes fortunas del país, por considerar que los sectores de mayores riquezas "lejos de ser atacados tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones".
Los senadores Juan Carlos Romero (Salta), Clara Vega (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén) y Carlos Reutemann (Santa Fe) que conforman un interbloque aliado a Cambiemos en votaciones de determinadas propuestas pidieron un mayor funcionamiento del Congreso "para trabajar en todos los temas que preocupan a la sociedad y no sólo en iniciativas que acrecientan la grieta".
Los legisladores se refirieron así a la iniciativa que el oficialismo analiza presentar en el Congreso para gravar con un impuesto por única vez a las 14 mil fortunas de todo el país.
En medio de la emergencia mundial por la pandemia de covid-19, los legisladores evaluaron que los sectores de mayores riquezas de la Argentina, "lejos de ser atacados, tienen que estar fortalecidos para realizar inversiones y contribuir a poner al país de pie nuevamente, luego de una crisis que ya existía y se terminó de profundizar por esta emergencia global".
Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner, presentó ayer una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia para conocer la validez constitucional de organizar sesiones parlamentarias a través de medios electrónicos.
La presentación, anticipada por fuentes de la Cámara alta, fue formalizada por la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort.
La “certeza de constitucionalidad” serviría para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento social por el coronavirus.
El trámite busca conocer la validez de una sesión online en aquellas materias que no pueden ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Poder Ejecutivo, como cuestiones impositivas, penales o electorales.
Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula.
(JML)
