No fue ley

Por Leticia Oraisón de Turpín

Orientadora Familiar

leticiaoraison@hotmail.com 

El 8 de agosto se recordó el día que en el Congreso Nacional se rechazó el aborto (2018), como propuesta de ley inconstitucional que pretendían aprobar algunos partidarios de la muerte violenta, cruel y especialmente perversa, por atentar contra inocentes e indefensos seres humanos.  

Es increíble que contra toda moral, principios y legislaciones que defienden la vida, haya quienes puedan siquiera pensar en acabar, frustrar y eliminar las vidas de otros seres humanos, que por estar en estado incipiente no pueden reaccionar.  

Universalmente está reconocido el valor incuestionable de la vida humana, sin embargo, con dialéctica sofista, rebuscada y absurda, hay quienes cuestionan las gestaciones en marcha, alegando que hay derechos de unos por sobre los derechos inexistentes de otros, sosteniendo los de la madre sobre los del niño, con criterios absolutamente discriminatorios. 

Pero lo más trágico, disparatado, irracional y desatinado es que lo hacen en nombre y defensa de la discriminación que sostienen existen entre las personas. Construyen una calesita discursiva para dar vueltas una idea y sus consecuencias. 

Los argumentos a favor de estas prácticas no se sostienen ni con alfileres, pero obstinadamente insisten en sus objetivos, porque en realidad, quieren controlar el crecimiento poblacional, aunque sea, con métodos crueles, mortales y finalmente enajenantes para quienes caen víctimas de estos razonamientos retorcidos y luctuosos.  

Pero al margen de toda moral y convicción personal, hay legislaciones establecidas que no pueden modificarse ni siquiera con una ley. Y me estoy refiriendo a la propia Constitución Nacional y a los Convenios Internacionales reconocidos e incorporados con igual jerarquía, que refuerzan y corroboran lo estipulado en ella y que están por encima de toda pretendida ley modificatoria.  

Estamos hablando de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y de la Convención sobre los Derechos del Niño, todos explícitamente a favor y en defensa de la vida desde la concepción.  

Es inadmisible que aun habiéndose refrendado nuevamente (aunque innecesariamente) en el Congreso Nacional de la República, (8/8/2018) la vida como derecho inalienable del hombre, se esté aplicando un perverso y tendencioso “Protocolo Ministerial” en contra de lo establecido y respaldado por una legislación mayor, como es la Constitución Nacional.  

No hay ley, ni la hubo antes, que respalden las ordenanzas de ese “famoso protocolo” con directivas para las prácticas obligatorias de abortos en todos los hospitales y sanatorios del país y sin embargo, su aplicación es tan forzosa que acarrea penalidades severas para aquellos que no la reconocen. A título de ejemplo pongo el caso del Dr. Rodríguez Lastra que fue sentenciado en 2017 en Río Negro, por salvar la vida de la madre y el niño (corrigiendo una anterior práctica de aborto mal hecho). La sentencia especifica que se lo condena a prisión en suspenso y a una inhabilitación profesional por no realizar el aborto que correspondía.  

Acá lo terrible y desconcertante es que con esta imposición ilegal e inmoral se levantan con tres víctimas inocentes, el niño indefenso, la madre que terminará llorando arrepentida, más temprano que tarde, y el médico que es obligado a ejercer esta práctica inhumana contraria a su juramento profesional.  

Se transgrede la ley y se cercenan libertades individuales garantizadas por nuestra Carta Magna.  

Evidentemente estamos viviendo en el País del Revés y no hay a quién reclamarle los derechos más elementales para vivir en sociedad. La vida y la libertad sin respeto no valen ni significan nada cuando los gobernantes no quieren, o no saben, imponer las leyes realmente devenidas y consagradas por la Constitución Nacional.  

Dejando a salvo que Corrientes es provincia pro vida, en el resto del país la situación es distinta y aunque “no fue ley”, increíblemente, se aplica igual.