La Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado (Cadigas) denunció que existe riesgo de desabastecimiento en el país ante el inminente quiebre de las empresas del sector. Desde el 2015 tuvieron que afrontar costos del 430%, mientras que sólo se habilitaron subas de precios para la venta de 150%.
Sin respuestas por parte de la Secretaría de Energía de la Nación, las empresas tuvieron que absorber 280% y hace “insostenible” la continuidad de la actividad. Así lo confirmó a El Litoral Ricardo Azar, el presidente de la Cámara de Operadores y Distribuidores de Gas Licuado (Codigas). “Hay un retraso en el reconocimiento de los márgenes de aumentos de operación que nos hizo perder toda la rentabilidad del negocio”, sostuvo el empresario.
“Los costos de operación están concentrados en un 60% en mano de obra, 15% en combustibles y 15% en neumáticos. No se puede disminuir ni reemplazar. Además, en los últimos meses se sumaron costos de bioseguridad como los hisopados y desinfección de los transportes”, precisó Azar.
Los pedidos al Gobierno nacional por la actualización de los precios comenzaron en febrero. Con el advenimiento de la pandemia los empresarios recibieron el pedido expreso de esperar a que pase la alarma del sector sanitario. El presidente de la Codigas sostuvo que: “Desde nuestra responsabilidad social empresaria nos comprometimos a sostener los precios, pero luego de seis meses se hace insostenible, no podemos operar y estamos al borde de la quiebra”.
Desde Cadigas alarman que “hay unas 180 empresas que se encuentran en estado terminal”, con lo cual alertan a la población sobre “el riesgo inminente de desabastecimiento de un insumo crítico para 10 millones de personas que viven en zonas vulnerables de todo el país”.
“Representamos a numerosas empresas de capitales nacionales que ya no tenemos resto para sobrevivir, con lo cual está en riesgo el abastecimiento del gas y el empleo de 3.000 trabajadores debido a la acumulación de deudas, que resultan imposibles de afrontar, sin que el Estado tome cartas en el asunto. La realidad es que por cada garrafa vendida perdemos un tercio de su valor, lo cual resulta absolutamente insostenible”, indicó Cadigas en el comunicado
“Es el Estado el que se debe ocupar de la asistencia social, no los privados. Desde el gobierno nos piden solidaridad, pero deberían disponer un aumento para los beneficiarios del Programa Hogar, que tiene el objetivo de que los sectores más vulnerables accedan al gas. Pero nosotros ya no podemos pagar los sueldos y perdimos toda capacidad de inversión”, alertó Azar.
“Les pedimos a las autoridades que por favor entiendan que la base de nuestros asociados está conformada por empresas de estructura familiar que diariamente realizan una actividad esencial, en plena emergencia sanitaria, entregando un producto crítico para millones de habitantes”, plantearon desde Cadigas.
(IRB)
