Elecciones limpias

Las tareas de fiscalización de un acto eleccionario han sido siempre necesarias, pero en las Paso del próximo domingo serán también imprescindibles.

Ejercer ese control es más que un deber cívico: es la garantía, el reaseguro más potente para que no se vulnere la voluntad popular mediante viejos y conocidos ardides a los que siguen apelando en nuestro país sectores tan inescrupulosos como delincuenciales.

En estos comicios ya es tarde para lamentarse por la no instrumentación de la boleta única de papel, que hubiera evitado esas prácticas nefastas. 

El grueso de la dirigencia política impidió el cambio de sistema, muy probablemente amparada en que la enorme multiplicidad de papeletas con listas sábana le sigue posibilitando obtener dineros del Estado, disimular candidatos impresentables y manipular el resultado de las elecciones en su favor mediante punteros que las hagan desaparecer de los locales de votación o que ejecuten el denominado voto cadena, entre otras prácticas igualmente deleznables.

Por eso es tan determinante que en esta oportunidad y en noviembre haya suficientes fiscales decididos a garantizar elecciones limpias. No será fácil la tarea, por cuanto son muchos más los locales que la Justicia habilitó como consecuencia de la pandemia de covid-19. Pero difícil, en este caso, no debe ser sinónimo de imposible.

Las agrupaciones políticas deberán redoblar sus esfuerzos a la hora de corroborar que todo se desarrolle dentro del marco legal. Por su extendida territorialidad, los grandes partidos tendrán menos inconvenientes para conseguir fiscales, no así los más chicos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, habrá 5632 centros de votación, con casi 37.000 mesas. Se estima que para cubrir toda esa geografía con semejante cantidad de unidades de votación, cada fuerza deberá reunir unos 40.000 fiscales generales y de mesa. Un desafío que no debe subvaluarse.

Organizaciones como la Red Ser Fiscal, entre otras, como muchos partidos políticos, han abierto convocatorias para que más y más ciudadanos asuman el próximo domingo el control de unos comicios que resultan muy especiales, con mucha gente aún indecisa de ir a votar, a pesar de la obligatoriedad del sufragio en nuestro país, o temerosa de las medidas de cuidado sanitario, pero fundamentalmente descreída, harta de promesas electorales incumplidas o de las afrentas acometidas desde el propio poder político contra los gobernados.

Desde estas columnas hemos criticado las Paso, pero mientras la ley no se modifique, hay que respetarla. Urge entonces convocar a votar, cumplir a rajatabla los protocolos para resguardar la salud de todos y fiscalizar de manera debida y reforzada con vistas a evitar que se produzcan irregularidades.

Votar es una obligación, pero también, un derecho inalienable. Hoy, como quizá nunca antes, se impone ejercerlo haciendo oír con fuerza nuestras voces para garantizar la democracia y fortalecer la república, a la que tanto daño se viene haciendo.

Como ya hemos dicho, de cara a los comicios necesitamos un número suficiente de argentinos que reconozcan el valor de las instituciones y del respeto por la ley como requisitos sine qua non para la sustentabilidad colectiva como nación. Esa cita tiene su primera fecha impostergable dentro de tres días. Dedicar unas horas a fiscalizar puede marcar una enorme diferencia cuando la república está en juego.